El Gobierno de Pedro Sánchez afronta la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre con una de las principales consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta todavía sin resolver.

El decreto ley anunciado para agilizar las devoluciones de los inmigrantes que entraron irregularmente en territorio español durante el verano continúa pendiente de aprobación

, pese a que el Ejecutivo defendió inicialmente la necesidad de una

respuesta urgente. La iniciativa ha quedado atrapada entre los reparos jurídicos y las diferencias internas de la coalición, mientras Moncloa ya ha demostrado que la disolución de las Cortes no constituye un impedimento para impulsar otras medidas legislativas extraordinarias.

La comparación con los decretos de vivienda es inevitable. Después de que el Congreso rechazara dos iniciativas del Gobierno, el Consejo de Ministros volvió a aprobarlas el pasado 6 de octubre para someterlas a la Diputación Permanente, una posibilidad constitucional que también tiene a su alcance para abordar la situación de Ceuta. La Diputación Permanente puede convalidar decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros durante la disolución parlamentaria, pero no sustituir al Ejecutivo en la elaboración de esas normas. En el caso de Ceuta,

el problema se encuentra en una fase anterior:

Interior no ha conseguido culminar una propuesta que pueda recibir el respaldo necesario dentro del propio Gobierno.

Una iniciativa que quedó fuera del Consejo de Ministros

El decreto sobre Ceuta debía haber llegado al Consejo de Ministros del 29 de septiembre. Sin embargo, terminó aplazándose ante las dudas “sobre su encaje legal”. La reforma pretendía acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo y facilitar los procedimientos de retorno de quienes no reunieran los requisitos para permanecer en España. Como principal obstáculo jurídico alegan que “la legislación española y europea exige examinar las circunstancias individuales de los afectados, especialmente cuando pueden existir solicitudes de protección internacional”. Pero la reforma ha abierto, además, un frente dentro del Ejecutivo porque Sumar ya expresó su rechazo a cualquier modificación que reduzca las garantías de las personas migrantes.

La apelación a las dificultades jurídicas no explica en ningún caso por sí sola el bloqueo del decreto.

Interior ha defendido que la legislación permite actuar con mayor rapidez en situaciones excepcionales y que la sentencia del Tribunal Supremo no ha prohibido las devoluciones en caliente,

sino delimitado los supuestos en los que pueden aplicarse. El propio Gobierno reconoció la excepcionalidad de la crisis de Ceuta cuando aprobó las ayudas extraordinarias y habilitó recursos para acelerar la tramitación de los expedientes de asilo. Por eso, la discusión se centra en hasta dónde puede llegar esa agilización sin vulnerar las garantías individuales y en qué fórmula está dispuesto a defender el Ejecutivo.