El PSOE y el PP alcanzaron ayer un principio de acuerdo para impulsar la futura Ley de Dependencia, que previsiblemente será aprobada el próximo jueves por el pleno del Congreso, con amplio respaldo de la cámara. La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso aprobó el informe de la ponencia con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo PNV y CiU, que votaron en contra al entender que el proyecto de Ley vulnera competencias autonómicas en materia de servicios sociales.

El acuerdo entre los dos principales partidos fue posible después de que el PSOE aceptara transaccionar distintas enmiendas presentadas por el PP y que afectaban a cuestiones como el reconocimiento del derecho subjetivo y universal en el articulado de la norma y el compromiso de establecer una «atención preferente» a las personas afectadas por una dependencia severa.

Las enmiendas pactadas con el PP también amplían la atención a los menores de tres años, a los discapacitados psíquicos y establecen criterios a la financiación de las comunidades autónomas, en función del número de dependientes, la dispersión, la insularidad, la población rural o el número de inmigrantes retornados. Socialistas y populares, también pactaron enmiendas para mejorar la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales dirigidas y para reforzar la presencia de las comunidades autónomas en el futuro Consejo Territorial (entre ellas Ceuta y Melilla).