El próximos lunes, a las 8.00 horas, una familia de seis personas, dos de ellas menores, y en situación de vulnerabilidad tendrán que abandonar el piso en el que llevan viviendo de alquiler siete años en el barrio donostiarra de Egia. Así lo ha denunciado este martes el Sindicato de Vivienda Saretxe, que ha pedido al alcalde, Jon Insausti, que “ponga todos los recursos en marcha” para evitar el desahucio y se otorgue a a la familia el certificado de vulnerabilidad correspondiente.

“Pedimos una acción real, ya que nadie puede quedarse en la calle”, han asegurado Noa Goikoetxea y Maider Fernández, portavoces de la plataforma, en la rueda de prensa que han ofrecido en el mismo barrio y que ha contado con la presencia de dos de las personas que van a ser desahuciadas. Se trata de una familia de origen emigrante formada por dos adultos, dos menores y dos personas mayores. El padre de familia, además, se encuentra en rehabilitación tras sufrir un accidente laboral y ser intervenido quirúrgicamente.

Según han explicado desde Saretxe, esta familia lleva siete años viviendo de alquiler en el barrio, pero, “por desavenencias con la propietaria”, en 2024 no realizaron el pago de dos meses del alquiler. Hoy en día, la deuda ya ha sido saldada y la renta completa está al día. No obstante, la propietaria denunció el impago que se habría concretado en el aviso de desahucio para el próximo lunes.

Dada su situación, y al tener dos menores a su cargo, la familia estaría en situación de vulnerabilidad, pero este informe no ha sido entregado, por lo que se encontrarían fuera de la protección contra el desalojo. Además, la familia habría intentado encontrar un piso alternativo, pero no han podido encontrar nada.

“Exigimos tres peticiones: primero, que se realice y entregue el informe de vulnerabilidad ya; segundo, que el Ayuntamiento ofrezca una alternativa habitacional; y tercero, que entre todos se pelee en contra de los desahucios”, han indicado desde la plataforma, que habría tratado de negociar con la propietaria sin éxito y que está en contacto con el Ayuntamiento para pedir “una exigencia real”. Llamamiento a la ciudadanía

En caso de que en esta semana el desahucio no se paralice, los miembros de Saretxe acudirán el lunes al domicilio para tratar de pararlo. Sobre esta cuestión, han hecho también un llamamiento al vecindario y al resto de ciudadanos a participar en la huelga convocada para el próximo 11 de noviembre.

“El decreto Maricarmen ha puesto sobre la mesa el problema de la vivienda y de los fondos buitre. Nadie debería estar en una situación tan cruda y denunciable porque la vivienda ha dejado de ser un derecho para ser una mercancía”, han señalado, afirmando que las familias migrantes son todavía más perjudicadas por los problemas que tienen para acceder a una vivienda.

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El acalde de Donostia, Jon Insausti, ha asegurado que el Ayuntamiento, “en este caso como en otros”, responderá activando los recursos de los que dispone para que “nadie se quede en la calle”.

“Donostia es una ciudad solidaria, y ante situaciones como ésta se ofrecen alternativas”, ha abundado Insausti que ha declarado que si es posible responder de este modo a situaciones de emergencia es porque se ha trabajado en apuntalar “un sistema firme” basado en la solidaridad. “Aquí no se va a vivir lo que en otras ciudades”, ha añadido el primer edil donostiarra .