El último barómetro del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), además de ofrecer una estimación de voto de cara a las elecciones autonómicas, posicionó a la inmigración como la principal preocupación de los murcianos con 16,3 puntos, por delante, incluso, de temas centrales como la vivienda (15,9). Una posición en el ranking seguramente condicionada por las continuas llegadas de taxi-pateras y cayucos al litoral regional que, desde el pasado verano, todavía no han cesado.

Estas irrupciones, según sostienen sindicatos como Jucil o la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) “desborda” y “agota” a los agentes destinados al Servicio Marítimo encargados de interceptar estas embarcaciones y rescatar a los inmigrantes que viajan en ellas.

La última de estas llegadas, según informó la Delegación del Gobierno, se produjo el pasado el pasado lunes, cuando las patrullas comisionadas al punto de desembarco de El Gorguel, Cartagena y Portmán y La Unión interceptaron dos embarcaciones con 43 y 44 personas, respectivamente. En total, 73 hombres, 2 mujeres y 12 menores fueron trasladados hasta Cartagena, atendidos por la Cruz Roja y entregados a la Policía Nacional para iniciar los “trámites de devolución”.

Pero esta no ha sido la única. Cuatro días antes las patrullas de El Algar y Cabo de Palos, comisionadas al punto de desembarco de Cala Reona, interceptaron otras dos embarcaciones con 38 y 45 personas a bordo y el 26 de septiembre, la Guardia Civil “interceptó, rescató y auxilió” a 52 inmigrantes irregulares que habían llegado en “condiciones precarias” a las costas de Águilas, Mazarrón y Cartagena en seis embarcaciones diferentes.

“Ficción institucional”
El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, anunció al comienzo de este curso político la incorporación de la patrullera ‘Río Ulla’ para reforzar los efectivos de la Guardia Civil y ha insistido en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuentan con los medios necesarios para hacer frente a estas llegadas que, en ocasiones, acaban en tragedia.

Un ejemplo de ello fue la embarcación rescatada el pasado 23 de septiembre, gracias al aviso de un crucero, con 16 personas a bordo, y donde se confirmó el fallecimiento de uno de los inmigrantes que iba en ella.

Sin embargo, los sindicatos policiales subrayan que esta versión de la Delegación no se corresponde con la realidad. Jucil, asociación de la Guardia Civil, denunció el pasado martes el “alarmante e incesante deterioro” que, desde su punto de vista, sufría la seguridad en la costa de Cartagena.

A través de un comunicado, explicó que sus inmediaciones se están convirtiendo en “la nueva costa andaluza” para las “organizaciones criminales dedicadas tanto al tráfico de droga como al de seres humanos, a través de taxi-pateras y embarcaciones clandestinas”.

Pero estas afirmaciones fueron más allá y el sindicato tachó de “ficción institucional” las declaraciones de Lucas. “Los compañeros en el terreno se sienten profundamente desbordados y abandonados. La realidad diaria es la de una costa convertida en un auténtico coladero donde los anunciados refuerzos no se notan en absoluto”, sostuvo la organización.

En esta línea, Jucil también criticó la gestión de la flota marítima al señalar que, en lugar de adquirir e invertir en nuevas embarcaciones y vehículos adaptados a la agresividad de las mafias, tanto el Ministerio del Interior como la Delegación se habían dedicado a “mover piezas del tablero de forma improvisada”.

En concreto, hacían mención al traslado de patrullas procedentes de otras provincias, como Cádiz o Barcelona, hecho que sucedió durante el verano, o la reparación “a toda prisa” de embarcaciones como la S-40, tras dejar a la Región con “la mitad de su flota averiada en pleno agosto”.

“Siempre son las mismas mafias”
Juan García, secretario provincial de Murcia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, explica, en una conversación con EL MUNDO, que la llegada de inmigrantes se ha duplicado respecto al año anterior y que para evitar esta línea de inmigración, “profesionalizada con mafias que poseen embarcaciones de gran potencia”, es necesario reforzar la plantilla y adquirir embarcaciones que tengan la velocidad y la seguridad adecuadas.

Además, sostiene que la única planeadora rápida disponible se encuentra “averiada”. “Ha superado su vida útil”, subraya al tiempo que asegura que la que se ha traído temporalmente como reemplazo no dispone de la misma velocidad que las utilizadas por el narcotráfico.

“Necesitamos que alcancen los 55 o 60 nudos para interceptarlas con seguridad. Las actuales apenas llegan a 50 y sólo en un descuido o en una acción coordinada entre el helicóptero y las lanchas se pueden interceptar. Sino es muy peligroso y muy difícil”, añade.

Dos pateras diarias
El sentimiento entre sus compañeros, señala García, es de “agotamiento”, pues estos desembarcos se están repitiendo a un ritmo de “dos pateras diarias” y en un intervalo de “uno o dos días”. “El trabajo de interceptar a los inmigrantes, agruparlos, trasladarlos y hacerles las revisiones pertinentes es agotador. Tampoco tenemos los vehículos de transporte adecuados para llevarlos hasta el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) de Cartagena”, agrega.

Además, el portavoz de la AUGC recalca la “frustración” de los agentes al ver que “siempre son las mismas mafias” y que no “pueden evitar que sigan traficando con personas”.

Por otra parte, explica que, en este último mes, se ha habido una mezcla entre taxi-pateras y cayucos, aunque continúan siendo las primeras las más predominantes. “En este tipo de embarcaciones suelen venir entre 50 o 60 inmigrantes, dependiendo del viaje; en las pateras normales de fibra suelen venir 15 o 20 personas porque no tienen mayor capacidad”, apunta.

En el terreno político, el pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó por unanimidad, el pasado 10 de septiembre, una moción presentada por Vox en la que se instaba al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno a dotar con más medios “humanos, marítimos y tecnológicos” a la Guardia Civil y a la Policía Nacional del municipio para poder responder ante esta situación.

Sin embargo, el Delegado del Gobierno no ha variado su discurso desde entonces y se ha limitado a destacar y alabar las operaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este ámbito.

Francisco Lucas también ha rechazado acudir a la petición de comparecencia que el Partido Popular logró aprobar en comisión parlamentaria de la Asamblea Regional con el fin de abordar este asunto, si bien, no tenía ninguna obligación de asistir.

“Comparecerá en mayo como presidente de la Región de Murcia. La Asamblea no tiene competencias para pedir cuentas al Gobierno de España”, sostienen desde el PSOE.