En Bruselas hay cada vez más “inquietud” y “preocupación” por la falta de medidas del Gobierno para atajar la crisis de Ceuta y acelerar la devolución de inmigrantes. Diferentes fuentes de la Comisión consultadas por EL MUNDO confirman esta situación, utilizando distintos sustantivos y trasladando un mayor o menor grado de nerviosismo pero coincidiendo todas ellas en que en las plantas nobles del edificio Berlaymont no gusta cómo está abordando la situación el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Porque aunque se han tomado medidas como el desalojo de la playa del Trampolín o el Guano y han aumentado de manera significativa los retornos, el Gobierno todavía no ha aprobado ninguna actuación legislativa para acelerar las devoluciones ni evitar que se vuelva a producir una nueva invasión. El Ejecutivo tenía previsto aprobar un decreto sobre esta cuestión durante el mismo Consejo de Ministros en el que sacó adelante los decretos sobre vivienda que, tras no ser apoyados por el Congreso, acabaron provocando el adelanto electoral que decretó el presidente Sánchez.

El borrador de texto que algunos medios adelantaron planteaba, efectivamente, actuaciones para acelerar las devoluciones que incluían la limitación de las garantías de asilo. El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, le trasladó a España que contarían con su pleno apoyo. “Apoyamos todo lo que haga el Gobierno para devolver a quien permanezca de forma ilegal en Ceuta”, declaró en varias ocasiones, y lo que la Comisión esperaba era exactamente eso: que el Ejecutivo actuase.

Pero lo que ocurrió en ese último Consejo de Ministros del mes de septiembre es que no hubo ni rastro del decreto relativo a la inmigración. Desde la parte socialista del Gobierno aseguraron que, en realidad, no se había llegado a plantear ningún tipo de borrador y que un texto para acelerar las devoluciones era muy complejo y se requería más tiempo. Querían tener un documento sólido y coordinar de manera correcta a los ministerios afectados. Pero desde Sumar se trasladó una versión totalmente diferente.

“Nosotros, el grupo parlamentario de Sumar y los ministros de Sumar, hemos sido quienes hemos frenado que el real decreto”, apuntó la eurodiputada Estrella Galán un día después de ese Consejo de Ministros. “Por supuesto, vamos a ser muy críticos. Estamos analizando la propuesta y, sin lugar a dudas, votaremos en contra de cualquier cosa que suponga un retroceso de derechos”, incidió desde Bruselas tras la visita que llevó a cabo a Ceuta. Esto es, que según este grupo sí existió un borrador o documento previo, y en ningún momento nadie desde la parte socialista del Gobierno rectificó públicamente estas palabras.

La consecuencia, en cualquiera de los casos, es que no se aprobó el texto y ya no se va a tramitar ninguna norma en plena precampaña. Y menos uno que contenga medidas para acelerar las devoluciones y que pueda ser muy polémico para la izquierda. Tendrá que ser el próximo Gobierno el que aborde la cuestión, lo que retrasará cualquier posible actuación legislativa varios meses. Probablemente, hasta bien entrado el próximo año. Un retraso que no gusta nada en Bruselas.

Y desde el Partido Popular añaden una cuestión más que habría molestado en Bruselas: el poco interés del Gobierno por permitir que el propio Brunner o incluso la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, viajasen a Ceuta para mostrar su apoyo a España. Diferentes miembros del PP lo apuntaron de manera más o menos contundente el mes pasado.

“No quiere que algún comisario o que la presidenta Ursula von der Leyen vayan a Ceuta a conocer in situ”, llegó a afirmar el vicesecretario de Hacienda, Infraestructura y Vivienda popular, Juan Bravo. El PSOE rechazó totalmente esta posibilidad, diciendo que era “una teoría de la conspiración”. Y desde la Comisión, por supuesto, nunca se ha dicho de manera oficial que se haya vetado el viaje de algún representante del Ejecutivo comunitario. Pero Brunner, una vez más, sí trasladó ya en agosto que estaba dispuesto a ir a la ciudad autónoma si el Gobierno lo estimaba oportuno. Esta posibilidad no generó demasiado entusiasmo en el Ejecutivo español, resumen en Bruselas, porque hubiese supuesto elevar la crisis a un nivel todavía más alto.