“Si denunciar en un contexto de violencia machista es una mierda para todas, con las mujeres negras es aún más complicado”. Lo dice al otro lado de la pantalla Iliassou Olalla Benjumea, una de las fundadoras de la asociación Biznegra y coordinadora del estudio que esa organización ha realizado este año sobre mysogynoir ―un concepto acuñado en 2010 por Moya Bailey, académica, escritora, activista feminista afroamericana y profesora asociada en la Universidad Northwestern, que define la forma concreta de opresión que sufren las mujeres negras y afrodescendientes―, los estereotipos y los prejuicios que pesan sobre ellas, y cómo eso determina el tratamiento y la atención a las que son víctimas de violencia de género en España.

El estudio, que acabó llamándose Voces, Cuerpos y Fronteras: Misogynoir como factor determinante de la violencia machista a mujeres negras en España, no iba a tener ese título. Iba a llamarse Aguanta. “Porque existe todavía esa idea extendida de que las negras pueden con todo, es como si se pensara ‘si has podido con toda la historia de tu raza, con esto también”, dice ella, que este año cumple 30. “Estamos animalizadas, no sufrimos dolor, en los ojos de otras personas estamos hechas de una carne y de un cuero que es más resistente que el de otras personas”, son las comillas de una de las participantes en el estudio.

Olalla cuenta que esto se repitió en toda la investigación, en las entrevistas y relatos que recogieron de 182 mujeres negras, africanas y afrodescendientes en diversos territorios españoles, además de a líderes comunitarios y también a hombres: “Siempre hay alguien que te dice ‘aguanta’, y esa imagen de resiliencia es muy peligrosa porque aumenta mucho el silencio, y por lo tanto el riesgo”.

El miedo a denunciar, a no ser creídas por las instituciones, la trivialización de lo que cuentan, las condiciones económicas precarias ―cuando existen― para salir de la casa donde se está produciendo la violencia u otras cuestiones como el acoso callejero o la violencia obstétrica son patrones habituales en las víctimas que se agudizan en el caso de las mujeres negras. Las que han participado en el informe han narrado de distintas formas cómo en su caso la violencia machista y el racismo estructural no podían separarse, que la violencia que sufren tenía que ver con el género, con la raza, con la clase y con la migración.

Es lo que se llama interseccionalidad. Algo que Olalla, trabajadora social, explica que ni institucional, ni legislativa ni socialmente se entiende aún del todo: “No es un sumatorio de cosas, es una combinación. Cuando se habla de todas las mujeres, de que todas las vidas importan, sí, evidentemente, pero si tú no reconoces que existen violencias específicas contra mujeres específicas, lo que haces es aumentar las desigualdades. Porque no vas a contemplarlo a la hora de decidir tus políticas públicas”.

Iliassou Olalla, en Madrid.
Santi Burgos
Fetichización o condescendencia
En la investigación hay ejemplos que lo reflejan desde la calle hasta las instituciones. En Canarias, uno de los lugares donde se hicieron entrevistas para el estudio, “las participantes describen un racismo cotidiano muy marcado en la vida diaria: microagresiones constantes en guaguas (autobuses), centros de salud, comercios, espacios públicos, así como chistes y comentarios racistas y sexistas que normalizan la falta de respeto”, se lee en la investigación.

La hipersexualización y la fetichización de la raza son dos de las cuestiones más extendidas: muchas de las entrevistadas contaron cómo los hombres “asumen que estarán siempre disponibles sexualmente o que practican ciertos comportamientos debido a su origen”. Esto, expone la investigación, no solo las hace más vulnerables a agresiones (abusos, acoso, trata sexual), sino grereeeque además contamina la respuesta institucional”. También en las islas, “por ejemplo, las perciben bajo el prejuicio de la prostitución. Muchas sienten que automáticamente se cuestiona su presencia en ciertos lugares, insinuando que están allí para trabajar sexualmente”.

Incluye también el trato en diversos servicios especializados: “En los servicios sociales, algunas mujeres narran episodios de condescendencia o trato deshumanizado. Otras hablan de desinformación. En general, se percibe una falta de formación intercultural en el personal de primera línea, lo que redunda en malentendidos, prejuicios o directamente maltrato”.

“El miedo a acudir a la policía es generalizado”
Y sobre qué ocurre con las fuerzas y cuerpos de seguridad habla Olalla: “El miedo a acudir al primer eslabón, que suele ser la policía, es generalizado entre las mujeres negras. Esta institución tiene un historial grande de violencia en nuestras comunidades, por lo que la relación suele ser hostil y hay de base una desconfianza. No solo porque no las crean o minimicen su situación, en el caso de mujeres en situación administrativa irregular, también por el miedo a enfrentar procesos de deportación, aunque la ley marque que no se puede. Y es un fenómeno específico que a mí la policía no me crea si yo denuncio violencia machista porque mi pareja es blanca”.

Una de las mujeres a las que entrevistaron contó que ella llegó a hacer siete denuncias cuando se separó: “Pero ninguna valió de nada. La policía no hizo nada, porque los WhatsApp estaban en portugués y no querían traducirlo”. Algo tan “básico” como eso, dice Olalla, malagueña nacida en Conakri, la capital de Guinea, que llegó a España con cuatro años, cuando fue adoptada. Sabe lo que son los prejuicios, “se lleve en España dos días o 20 años”. Y también sabe lo “complicado” que es hablar en este contexto.

Mientras hacían las entrevistas para la investigación, uno de los mayores obstáculos fue precisamente que las mujeres quisieran hablar. “Cuando íbamos a preguntarles, decían: ‘Ay, pero si yo no sé nada’. Recuerdo a una que estaba erre que erre con que no sabía nada. Duró 45 minutos la grabación. ¿Por qué? Porque no se ven reflejadas ni interpeladas en las campañas, eso cuando les llegan. Es como si este tema y el propio sistema no fuera con ellas. Además, ¿cómo van a hablar de algo de lo que se les ha dicho que no hay que hablar? Nunca tienen la oportunidad de hacerlo".

Ella cree que tiene que ver con el escaso foco que se pone institucionalmente en estas víctimas concretas, de las que ni siquiera existe una cifra porque España, aunque sí tiene en sus estadísticas un desglose por países, no lo tiene por raza.

El documento da el único dato que puede conocerse para contextualizar la situación, que de los 1.031 feminicidios cometidos en España entre 2003 y 2021, el 31,3% fueron perpetrados contra mujeres migrantes –sin que se especifique la raza–: “Una desproporción alarmante: mientras que la tasa de feminicidios de mujeres españolas se situó entre 1,7 y 2 por cada millón de mujeres, esta cifra asciende a entre 10 y 11 feminicidios por cada millón de mujeres migrantes residentes”, que representan el 9,18% de la población total.

Olalla cree que no hay soluciones inmediatas porque el sistema, la legislación y toda la estructura necesita una reforma “cuando no rehacerlas de cero”, pero sí hay algo que piensa que ayudaría a aliviar algunos de los ”muchísimos” obstáculos: “Se puede empezar por hacer las cosas que se tienen que hacer porque la ley dice que hay que hacerlas. Si la ley dice que tiene que haber traductoras, tienes que tener traductoras. ¿Mediadoras? Pues mediadoras. Tan fácil como cumplir la ley”.

¿Qué dice la legislación en España?
La investigadora liassou Olalla Benjumea explica que el análisis que han hecho para el estudio de las distintas leyes, tanto nacionales como autonómicas, concluye algo claro: que aunque ha habido una evolución desde la Ley Integral contra la Violencia de Género, de 2004, –“que apenas incorporaba menciones dispersas a inmigrantes y minorías” y “no tenía marco antirracista”, según el estudio– hasta la ley de Libertad Sexual, de 2022, –“que introduce explícitamente interseccionalidad y discriminación múltiple”–, sigue habiendo una víctima tipo –“blanca, nacional y heterosexual”–, y que la normativa autonómica es muy dispar. Hay regiones con normativa sobre interseccionalidad que alude a ella pero que tiene un desarrollo limitado. Son por ejemplo Cantabria, Navarra, Baleares, Castilla-La Mancha y Asturias.

Hay otras que el estudio denomina como “rezagadas”, –entre otras, Canarias, Galicia, Aragón, Madrid, Murcia y, en gran medida, Castilla-La Mancha en su ley de violencia–, “donde la diversidad étnico-racial y la situación migratoria prácticamente no aparecen en la normativa específica sobre violencia de género. Las leyes suelen hablar de ‘mujeres en situación de especial vulnerabilidad’ sin desagregar a qué colectivos se refieren, o directamente omiten cualquier alusión a raza, etnia o migración”, se lee en el informe.

Y por último hay legislaciones más avanzadas, por ejemplo Extremadura, La Rioja, País Vasco, Andalucía, Castilla y León y Cataluña. “Pero sobre el texto”, dice Olalla refiriéndose a la legislación catalana, entre otras. "Habla de raza, de inclusión, pero de repente entrevistas a las mujeres y no saben dónde están los recursos. Hay información, pero no hay canales adecuados para hacérsela llegar”, afirma. Esto, dice, deriva “de un problema de base para analizar cuál es la coyuntura y la dimensión real de la problemática de la violencia machista en mujeres negras. Y hay una negativa del Estado a hablarlo, porque como España no es un país racista, no hace falta recoger datos. Se convierte en la pescadilla que se muerde la cola”. Al revisar la literatura científica “no hay apenas estudios en este campo”. Y “son necesarios y urgentes, porque solo si se conoce un problema se puede empezar a trabajar sobre él, y no se está haciendo”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.