Más de la mitad de las solicitudes presentadas en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en España corresponden a ciudadanos de Colombia, Marruecos y Venezuela. En conjunto, estas tres nacionalidades representan el 51% de los 1.174.978 expedientes registrados, según los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al Partido Popular.

Los ciudadanos colombianos lideran las peticiones, con el 25,9% del total, seguidos de los marroquíes, que representan el 13,3%, y los venezolanos, con el 11,8%. Por detrás se sitúan los nacionales de Perú, con un 8,8%, Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%), Argelia (3,4%), Senegal (2,9%), Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%).

Entre las cuestiones planteadas por los populares figura el número de solicitudes denegadas, así como la cantidad de órdenes de expulsión, devoluciones y procedimientos de retorno que han quedado suspendidos como consecuencia del proceso.

El principal partido de la oposición también solicita información sobre cuántas personas que habían pedido anteriormente asilo o protección internacional han recurrido a esta vía de regularización. Además, reclama conocer el volumen de solicitudes presentadas por extranjeros que se encuentran cumpliendo condena o privados de libertad en centros penitenciarios españoles.

Sin embargo, el Gobierno señala que, con fecha de 21 de septiembre, todavía no disponía de estos datos. El Ejecutivo justifica esta falta de información en que el periodo de tramitación de las solicitudes permaneció abierto hasta el pasado 30 de septiembre.

Otro de los asuntos sobre los que ha pedido explicaciones el PP es la posible detección de irregularidades en los expedientes presentados durante la regularización extraordinaria. En concreto, los populares quieren saber cuántas solicitudes contienen indicios de falsificación de documentos, acreditaciones fraudulentas de residencia o documentación conseguida mediante procedimientos irregulares.

En su respuesta, el Ejecutivo reconoce que el Ministerio del Interior desconoce el número de expedientes que podrían encontrarse en alguna de estas situaciones.

Según explica, el análisis y la gestión de las solicitudes corresponden a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y no directamente al departamento de Interior.

No obstante, el Gobierno precisa que existe un procedimiento de actuación cuando se detectan posibles falsedades documentales durante la revisión de los expedientes.

En esos casos, las irregularidades se comunican a las unidades especializadas de la Policía Nacional encargadas de investigar el fraude documental y las redes de inmigración irregular, integradas en la Unidad Central de Redes contra la Inmigración Irregular y Falsedades Documentales (UCRIF).