El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha entregado ya la documentación relativa a las llamadas telefónicas que hizo a Moncloa entre el 27 y el 30 de julio –antes, durante y después de la entrada masiva e irregular de inmigrantes a la ciudad autónoma–, en respuesta al requerimiento de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si la invasión supuso un «ataque» a la integridad de España.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a LA RAZÓN, que la relación de esas llamadas «están certificadas» ante notario desde el pasado viernes, lo que permite «dejar constancia» de la información presentada sobre esas comunicaciones telefónicas, pese a que, la certificación notarial, por sí sola, no acredita necesariamente el contenido de las conversaciones que mantuvo el jefe de gabinete de Vivas, Pablo García Pacios, con el Ejecutivo central.

La magistrada solicitó, tal y como adelantó este periódico, hace escasos días «a la mayor urgencia» al Gobierno ceutí que aportase al juzgado, en concreto, «la lista de llamadas realizadas» por Vivas «al presidente del Gobierno de España o a su jefe de gabinete» en esas fechas, a las que él mismo hizo referencia en su declaración como testigo el pasado miércoles.

El presidente ceutí explicó a Tardón –que instruye las pesquisas sobre la posible comisión, entre otros, de un delito contra la paz y la seguridad del Estado a raíz de una denuncia de Iustitia Europa– que intentó alertar a Sánchez sobre la invasión migratoria hasta en diez ocasiones, pero que no pudo hablar con él hasta el mismo 30, horas antes de que el jefe del Ejecutivo viajara a la ciudad autónoma. Sin embargo, desde las filas de Moncloa negaron esa versión al replicar con una relación de las llamadas a Presidencia del Gobierno en esas fechas.

Según explicó Vivas en su declaración, tras contactar en dos ocasiones con el entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, el 27 de julio «a primera hora» llamó al Palacio de la Moncloa para intentar hablar con Sánchez. Pero quien se puso al teléfono fue, sin embargo, su jefe de gabinete, Diego Rubio.

El presidente autonómico puso ya sobre la mesa las medidas que, según él, debían adoptarse ante la inusual entrada de inmigrantes ilegales en esos días previos a la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio: la declaración de emergencia nacional, la designación de un mando único y un refuerzo del despliegue policial. Sobre todo, porque él ya disponía de datos importantes: unos 1.500 inmigrantes habían entrado en Ceuta a nado desde el día 25 y el centro de menores estaba ya desbordado.

Tras reunirse con el delegado del Gobierno, por la tarde volvió a llamar a Moncloa, pero de nuevo se tuvo que contentar con hablar con el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Las llamadas a Presidencia del Gobierno se repitieron el 28 de julio, cuando le instaron a hablar con Pérez Triano, con quien se reunió otra vez. Ese mismo 28 contactó con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Y al día siguiente, según explicó en la Audiencia Nacional, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien le pidió la intervención del Ejército.

Ya el 30, llamó otra vez a Moncloa a las once de la mañana y habló con los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande – Marlaska. Pero no fue hasta la una cuando Sánchez se puso por fin en contacto con él. De hecho, Moncloa niega esta versión del Ejecutivo ceutí.