La normalidad parece haberse convertido en un recuerdo lejano en Ceuta. La sensación de inseguridad se ha instalado en sus calles, donde la presencia de policías de paisano se mezcla con la de miles de inmigrantes que todavía deambulan por la ciudad autónoma. Los vecinos han cambiado sus rutinas, los campamentos continúan ocupando distintos puntos del territorio ceutí y la incertidumbre se prolonga sin que se vislumbre una solución definitiva.

Han pasado ya dos meses desde la entrada masiva e irregular de inmigrantes y, mientras la ciudad autónoma trata de recuperar el pulso de su vida cotidiana, hay un dato que evidencia la dimensión del problema: aún no se ha producido ninguna «devolución» por el procedimiento ordinario que impone la Ley de Extranjería. Así lo sostiene un alto cargo del Ejecutivo ceutí en conversación con LA RAZÓN, en la que también ha denunciado la incapacidad de los mecanismos administrativos actuales para dar respuesta a una crisis migratoria de estas dimensiones y en la que ha cuestionado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha explicado esta misma fuente, las únicas «expulsiones» de inmigrantes en situación irregular de las que tiene constancia se habrían producido por la vía judicial y que estarían vinculadas a la comisión de delitos. El resto, asegura, se marcha por voluntad propia o permanece en una ciudad que todavía no sabe cuándo podrá recuperar la normalidad.

«La Ley de Extranjería no está pensada para esto, pero es el cauce oficial que ha elegido el Gobierno. En los dos meses que los inmigrantes en situación irregular llevan aquí no se ha producido ni una sola expulsión. Muchos de ellos, cuando son identificados, ‘huyen’ de los campamentos para evitar salir de España», asegura, al tiempo que advierte de las dificultades para conocer cuántos inmigrantes permanecen todavía en la ciudad.

En este sentido, reprocha al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no haya preparado mecanismos jurídicos y administrativos específicos pese a los antecedentes registrados en la ciudad autónoma y en su «hermana» Melilla. «Si esto ya ocurrió en 2021, ¿me estás diciendo que entre 2021 y 2026 no había nadie que pensara que esto podía volver a pasar?», se pregunta.

Así, sostiene que el Gobierno central debería haber previsto la posibilidad de una nueva entrada masiva –más aún tras los sucesivos avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los días previos– y haber articulado con antelación los instrumentos necesarios para responder a ella, especialmente en lo relativo a la identificación de los inmigrantes y la ejecución de las devoluciones legalmente procedentes.

Por otro lado, otras fuentes del Ejecutivo ceutí también cuestionan la falta de información sobre el número real de inmigrantes que permanecen todavía en la ciudad y el control efectivo de los dispositivos de acogida. Según explica, aunque muchos de los migrantes han sido desalojados de la playa del Trampolín, «el problema no se ha solucionado, sino que se ha cambiado de ubicación». Esto, explica, provoca que muchos de ellos «deambulen por las montañas» y sea difícil conocer su paradero.

Además, señalan que las autoridades autonómicas reciben información sobre los menores que son puestos a su disposición, pero no disponen del mismo conocimiento sobre los inmigrantes adultos, cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado.

En este sentido, consideran que Ceuta dispone de un margen de actuación «muy limitado» para afrontar las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes y reclama una mayor implicación del Ejecutivo central porque, a su juicio, la respuesta no puede limitarse a habilitar nuevas parcelas y campamentos para alojar a los recién llegados.

La preocupación se extiende también al futuro de la ciudad. Otras fuentes consultadas advierten de que la prolongación de la crisis migratoria puede comprometer la convivencia, dificultar la llegada de inversiones y agravar los problemas para atraer y retener talento a Ceuta.