El Gobierno dejó de publicar

datos oficiales

el

2 de julio. Desde esa fecha no se sabe con certeza cuántas personas han obtenido sus papeles definitivos y cuántas siguen esperando.

Para entender el volumen del atasco, hay que mirar las tres

cifras que dio el Ejecutivo

:

1.174.978 solicitudes presentadas: Más de 1,1 millones de personas pidieron la regularización

609.737 admisiones a trámite: A poco más de la mitad se le aceptó el expediente para empezar a revisarlo, lo que les daba un permiso provisional para trabajar mientras se resuelve su caso

Unas 11.000 resoluciones definitivas: Solo a unas

11.000 personas

se les aprobó el expediente de forma final

De más de un millón de personas que pidieron los papeles, en julio solo un grupo pequeñísimo (aproximadamente el 1 %) tenía el permiso definitivo en la mano. Desde entonces, la administración no ha actualizado el recuento oficial.

El “termómetro” de los abogados

Ante el silencio oficial, nueve despachos de abogados especializados en extranjería unieron sus estadísticas para medir la realidad. Entre ellos está el despacho

Legalteam

, que gestiona más de 5.000 expedientes por sí solo, constata que e

l 65,5 % de admisiones a trámite

, es decir, casi dos de cada tres clientes han conseguido que la Administración empiece a procesar su solicitud. Sin embargo, solo el

27,94

tienen ya resoluciones definitivas, por lo tanto, solo algo más de uno de cada cuatro solicitantes ha obtenido la aprobación final.

Aunque el Gobierno planeaba haber terminado todo el proceso en septiembre, la realidad en la calle es que

más del 70 % de los expedientes siguen pendientes de una respuesta definitiva.

Las previsiones iniciales del Gobierno español

estimaban la recepción de 750.000 solicitudes

(y cifraban en torno a 500.000 los potenciales beneficiarios o aprobaciones), de manera que el número de peticiones recibidas superó con creces las previsiones del Gobierno, lo que desbordó la capacidad de la administración por falta de personal y recursos.

Por ello, los abogados especialistas exigen desde hace meses un “plan de choque”, es decir, una contratación urgente de personal de refuerzo para tramitar las solicitudes y evitar que los expedientes queden paralizados durante meses.

Impacto 29N

Este retraso ha ha generado inquietud y malestar entre los solicitantes, sentimientos que se ven intensificados por la cercanía de la cita con las urnas. Juristas especializados dudan seriamente de que la Administración logre resolver el conjunto de las solicitudes antes del 29 de noviembre e incluso antes de que finalice el año.

Plataformas como

Regularización Ya

expresan una gran preocupación por que el proceso quede incompleto antes de las elecciones. Argumentan que obtener los papeles definitivos antes de las votaciones blindaría los derechos de las personas migrantes ante una eventual “embestida” de la extrema derecha si esta llegara a formar parte del nuevo Ejecutivo. Además, advierten de que, si los expedientes no se resuelven a tiempo, los solicitantes corren el riesgo de caer de nuevo en la irregularidad tras un año sin haber podido trabajar formalmente.

Abogados de extranjería señalan que, aunque se produzca un cambio en el Gobierno, el proceso de regularización debería continuar de forma válida por haberse tramitado conforme a la normativa y gozar de seguridad jurídica. Para algunos afectados, la cita electoral resulta secundaria respecto a sus necesidades cotidianas inmediatas, ya que su urgencia principal es contar con la documentación final para ser contratados y poder cubrir sus gastos básicos

Rechazo de las empresas

Muchas empresas se niegan a contratar a personas con permisos provisionales sin disponer de la

Tarjeta de Identidad de Extranjero

(TIE o “el plástico”).Los empleadores temen que la resolución final del Gobierno acabe siendo denegada. Piensan que, si eso ocurre, la Inspección de Trabajo podría multar a la empresa por tener contratada a una persona sin papeles definitivos, por lo que prefieren no correr riesgos.

Para conseguir la tarjeta física (la TIE), el solicitante necesita pedir una cita e ir a una comisaría de policía a poner sus huellas dactilares.Conseguir esa cita de forma legal y gratuita en la página web oficial se ha vuelto una misión prácticamente imposible por el colapso del sistema.

Ante la desesperación de la gente por conseguir la tarjeta para poder trabajar, han surgido

mafias

e intermediarios que acaparan las citas de la web y las revenden en el mercado negro por importes que van desde los

100

hasta los

350 euros.