«Ofrecemos una plataforma para resolver controversias civiles y comerciales en conformidad con los principios de la sharía, es decir, la ley islámica». Con estas palabras anuncia sus servicios a través de su página web la corte de arbitraje abierta hace siete meses en la ciudad de Padua, en el noreste de Italia, una zona con una fuerte presencia de inmigrantes de religión musulmana. Tanto la Justicia como el Ayuntamiento de esta localidad de 200.000 habitantes investigan el funcionamiento de este ‘tribunal’ que ofrece expertos en «la doctrina de la sharía» para garantizar procesos «culturalmente sensibles» y cuyas sentencias tienen supuestamente «los mismos efectos» que los de las autoridades judiciales italianas.

La existencia de esta institución, así como el riesgo de que se convierta en una suerte de ‘tribunal islámico’ paralelo a la magistratura italiana, ha sido denunciada por los partidos de derechas. Incluso la Unión de las Comunidades Islámicas de Italia, la principal agrupación de musulmanes del país, ha remarcado que «no pueden ser aceptadas» iniciativas de este tipo.

Fue Futuro Nacional (FN), el partido de extrema derecha fundado por el general retirado Roberto Vannacci, el primero que denunció la existencia de esta corte de arbitraje. «La sharía viene colocada como primera fuente de las decisiones y el derecho italiano como una vía residual», declaró Francesco Minutillo, miembro de esta formación, quien pidió a la Fiscalía que verificara el funcionamiento de este organismo. El viceprimer ministro Matteo Salvini, líder de la Liga, no tardó en sumarse al carro para reafirmar que en Italia «no pueden existir ‘tribunales islámicos’ ni leyes paralelas». Aseguró que había informado de la existencia de esta peculiar corte de arbitraje a los ministros del Interior y de Justicia e invitó finalmente a decir ‘no’ «al islam político» en Italia.

La Policía municipal de Padua ya ha hecho las primeras indagaciones y, por el momento, no parece posible que pueda clausurarse esta institución. «Se puede hipotetizar que estamos frente a una realidad que tiene una regularidad institucional», aseguró Diego Bonavina, concejal del Ayuntamiento de Padua encargado de la seguridad. Esa «regularidad institucional» es la que defiende el impulsor de la corte de arbitraje, el abogado Omar Vanin. «No es un tribunal ni ejercita una forma de ‘Justicia alternativa’. Desarrollamos una actividad de arbitraje, un instrumento muy difundido y previsto en el ordenamiento jurídico, cuyo fin es la resolución de las controversias en el ámbito comercial y patrimonial», se defendió en una nota.

Están por tanto excluidas las cuestiones ligadas al Derecho familiar, que quedan fuera del perímetro de actuación de las cortes de arbitraje, como marca la ley italiana. Los servicios ofrecidos van dirigidos a personas que «eligen seguir algunas principios del islam en materia comercial, como la prohibición de los intereses, la equidad en las transacciones y la búsqueda de una resolución de consenso en las controversias». El responsable de la corte de arbitraje de Padua remarcó además que el organismo actúa «siempre» en el pleno respeto de la legislación italiana.

Pese a la defensa que Vanin hizo del ente que dirige, llama la atención el ataque que ha recibido incluso por parte de la Unión de las Comunidades Islámicas de Italia. La asociación consideró que se trataba de un organismo «promovido por sujetos desconocidos» y que no cuentan con «ningún mandato» para ello. La Liga de Salvini, por su parte, ha exigido al Colegio de Abogados la expulsión de este abogado, que trabajó antes como profesor en la Universidad de Padua. E incluso la portavoz en la Cámara de los Diputados de la coalición izquierdista Avs, Luana Zanella, ha exigido mayores controles en la labor que desarrollan las cortes de arbitraje. «Hacen falta vínculos restrictivos en la resolución de conflictos, sobre todo respeto a las mujeres», comentó Zanella.

La página web de esta controvertida institución de Padua recuerda que existen desde hace años en Europa centros dedicados a la mediación y la resolución de conflictos dedicados en específico a las comunidades islámicas. Se trata del Islamic Sharia Council y del Islamic Council of Europe, ambos con sede en el Reino Unido.