Más de 1.200 personas han regresado a Marruecos en solo dos días, entre el domingo y el lunes, tras el desalojo de la playa del Trampolín, donde vivían en tiendas improvisadas alrededor de 2.500 personas desde el inicio de la crisis humanitaria. Un aumento de los retornos a gran escala y a tiempo récord que rompe con la dinámica que se estaba viendo en la ciudad autónoma.

Hasta ahora, los regresos a Marruecos se producían a cuentagotas y de manera individual. El perfil de estos abandonos era un migrante que permanecía en la calle sin recursos básicos y decidía abandonar Ceuta con sus pocas pertenencias, saliendo por su propio pie hasta llegar a la puerta de control en la frontera de El Tarajal donde las autoridades marroquíes le registraban y aceptaban su entrada al país africano.

Ahora, la situación cambia, porque los regresos “voluntarios” se están produciendo de manera colectiva y es la Policía quien lleva en autobuses a los migrantes hasta la frontera. Según denuncian los colectivos Border Resistance y Cadre Cagoule algunos de estos retornos se estarían produciendo bajo engaños a las personas migrantes por parte de las autoridades y los intérpretes que les acompañan en el dispositivo policial. Las asociaciones han compartido el testimonio anónimo de un hombre que, según cuenta, fue expulsado de Ceuta tras asegurarle un intérprete que le enviarían a un campamento de acogida. “Estábamos durmiendo cuando a las 6 de la mañana nos despertó la Policía, el intérprete nos dijo que confiaremos en él, que no nos expulsarían, pero nos metieron en una autobús y nos llevaron a la aduana para llevarnos a Marruecos. Ese intérprete nos engañó”, denuncia en un audio difundido por el colectivo.

El testigo alega que durante el procedimiento no se les preguntó si deseaban regresar, ni se les consultó sobre su edad u otras circunstancias personales. Asimismo, afirma que los agentes les dieron un documento, pero no les explicaron de qué se trataba ni se les dio ningún tipo de información sobre su situación. “Nadie nos preguntó si éramos menores o si queríamos volver o quedarnos. Nos dieron un papel que venía firmado por ellos. Te lo dan ya firmado y te dicen solamente ’pon la huella”, apunta el joven.

Al llegar a la frontera, los militares marroquíes le registraron, comprobaron si tenían alguna “causa pendiente” en el país y procedieron al retorno de los migrantes. “En mi caso, como no tenía la tarjeta de identificación, estuve retenido desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente hasta que nos subieron a un autocar para cruzar el país”, cuenta.

Según su testimonio, las autoridades marroquíes le robaron su dinero y pertenencias para luego dejarles en la ciudad de Chichaoua, en el centro del país, y desde allí, tuvo que buscar la forma para llegar a su casa. En muchos de estos casos, según explica Border Resistance a Público, los migrantes acaban siendo trasladados a ciudades que pueden estar a cientos de kilómetros de sus casas. “Es una práctica que lleva haciendo durante años Marruecos, expulsa a los migrantes en ciudades del sur o centro del país o incluso en medio del desierto. Hay personas subsaharianas y marroquíes que han muerto deshidratadas tras ser abandonadas allí por las autoridades marroquíes”, apunta Chadi Boukhari, portavoz del colectivo.

La asociación Border Resistance señala que no todos los retornos desde Ceuta se llevan a cabo de la misma forma y no es predecible saber cómo actuarán las autoridades. En otros casos, según señala El País, la Policía da a elegir a los migrantes entre pasar al Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ser filiado y proceder con su trámite de expulsión o, por otro lado, emprender el “retorno voluntario” a Marruecos en ese mismo momento. Fundación Sur Acoge explica a este medio que muchos eligen la segunda opción porque las autoridades les convencen de que será muy difícil que logren conseguir el asilo debido a que la UE incorpora a Marruecos en la lista de países seguros. Además, temen recibir una orden de expulsión que impediría que puedan acceder a España durante varios años y prefieren regresar y poder intentar su entrada en otro momento.

“Nos preocupa que personas que pudiesen acogerse a asilo y que tuviesen motivos para solicitar protección internacional renuncien a ello por esta presión del Estado y de las Fuerzas de Seguridad”, apunta José Miguel Morales, director de Sur Acoge.

Por su parte el Ministerio de Interior dice a Público que después de que la Policía Nacional desalojase la playa del Trampolín, los agentes llevaron a los migrantes al CATE para iniciar el procedimiento de triaje y filiación, antes de su derivación a los recursos de acogida habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y, según explican, muchos migrantes optaron por el retorno voluntario antes de entrar en el centro. “La Policía Nacional ha procedido en todo momento con respeto absoluto al marco jurídico”, defienden.

Por el momento, los desalojos han propagado el miedo entre las personas migrantes que siguen en Ceuta, que están huyendo a los montes para escapar de una posible expulsión. De hecho, el Faro de Ceuta recoge que la sola presencia de los autobuses siembra el temor entre los migrantes, que confunden los de línea con los usados en los traslados por que se han empleado los mismos.

“Estos desalojos no pueden exponer a violencia, desamparo ni ignorar los derechos de estas personas. Las personas deben recibir información clara y comprensible, en un idioma que puedan entender, que explique por qué se produce el desalojo, a dónde serán trasladas, qué va a ocurrir después y cuáles son sus derechos”, apunta la asociación ceutí Elín.

Amnistía Internacional también denuncia la falta de transparencia por parte del Gobierno central sobre cómo se están produciendo estos retornos y desalojos y apunta que está investigando presuntas irregularidades en los procedimientos de devolución.

Además, los colectivos recuerdan que hay decenas de personas que llevan dos meses sin tener un techo donde dormir y una alimentación y sanidad adecuada. “Sigue estando pendiente saber qué pasará con las personas más vulnerables sobre todo con menores no acompañados y mujeres que deberían ser trasladados cuanto antes a Península”, demanda Morales.