Las obras del nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en El Hierro, son la parte más visible de la adaptación de las infraestructuras con las que el Estado atiende las llegadas de migrantes en Canarias. Un plan previsto antes de la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), pero que también se adecua a su implementación. El CATE de El Hierro, que era móvil, se muda a una nueva instalación destinada a los servicios de identificación y asistencia. Interior dispone actualmente de cinco CATE en las islas, con capacidad conjunta para 2.583 personas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.

Son 776 plazas en Barranco Seco, en Gran Canaria; 350 en Fuerteventura; 325 en Lanzarote; 800 en San Andrés, El Hierro; y otras 332 en Tenerife Sur. Pero esas plazas no forman parte de la red de acogida en la que posteriormente pueden alojarse las personas migrantes. Los CATE corresponden a la primera fase de atención policial tras una llegada y es precisamente ahí donde el PEMA, que comenzó a aplicarse el pasado 12 de junio, introduce algunos de sus cambios.
España ha optado por aprovechar las instalaciones existentes para realizar el denominado triaje, el procedimiento inicial que permite identificar a las personas llegadas de forma irregular, registrar sus datos y detectar posibles situaciones de vulnerabilidad. El Plan Nacional de Implementación establece que se realizará en los mismos lugares donde ya se llevaba a cabo la primera identificación y dentro del límite de 72 horas de la detención policial. El procedimiento incorpora una evaluación más exhaustiva de la vulnerabilidad y nuevos requerimientos de información y registro.

Así, no hay centros creados exclusivamente para aplicar el PEMA. El plan determina que comisarías, CATE, centros de internamiento de extranjeros (CIE) y, especialmente, centros de acogida participarán en las distintas fases para alcanzar las 3.301 plazas de capacidad en el territorio nacional, no solo en las islas asignadas a España para los procedimientos fronterizos. Los centros de acogida serán los destinados a aquellas personas sometidas al procedimiento fronterizo de asilo que no se encuentren detenidas o internadas.

El Ministerio del Interior declaró de emergencia los trabajos para transformar en modulares los CATE móviles de Arrecife, en Lanzarote, y El Hierro mucho antes de que entrara en vigor el PEMA. De hecho, la transformación se tramitó en marzo de este año, tres meses antes. El objeto de las obras es «mejorar» los servicios de «identificación y asistencia a inmigrantes en las costas de Canarias».

El PEMA sí modifica, desde junio, lo que ocurre después de esa primera identificación. Introduce un procedimiento fronterizo común para determinadas solicitudes de protección internacional. Cuando se aplica, la resolución y su eventual revisión judicial tienen un plazo máximo de doce semanas y durante ese tiempo el solicitante no recibe autorización de entrada y debe permanecer a disposición de las autoridades en las instalaciones designadas. Entre los supuestos previstos figuran solicitudes formuladas por personas desembarcadas tras operaciones de salvamento o interceptadas durante una entrada irregular.

El nuevo sistema ha obligado también a reforzar otros medios materiales y humanos.

54.000 plazas de acogida
También hay cambios en la acogida. Cuando España elaboró a finales de 2024 el plan de implementación del PEMA, la red estatal disponía de 54.000 plazas. El documento contemplaba además la creación de 6.750 nuevas plazas gestionadas directamente por el Estado, con la previsión de que estuvieran disponibles durante el segundo trimestre de 2026.

A finales de 2025 se contabilizaban algo más de 56.000 plazas, de las que unas 34.000 correspondían al Sistema de Acogida de Protección Internacional y 22.000 al Programa de Atención Humanitaria. Ese mismo año el Estado trasladó desde Canarias a la península a 20.489 personas.

Lo que no permiten determinar por ahora los datos públicos son nuevas plazas en las islas. Fuentes de entidades que trabajan directamente en la acogida en Canarias aseguran que no se está produciendo una ampliación de plazas en el archipiélago vinculada a la entrada en aplicación del PEMA.

Sí existe, no obstante, un proyecto estatal de ampliación de plazas de acogida en Tenerife. En concreto el Fondo de Asilo, Migración e Integración recoge una actuación en Las Raíces para crear 3.000 nuevas así como reformar otras 1.500 ya existentes. El proyecto, iniciado en 2024, tiene el objetivo declarado de incrementar la capacidad española y aliviar la presión sobre las fronteras marítimas exteriores de Canarias.