El Consejo de Europa ha situado la lucha contra los discursos de odio, la discriminación y la violencia hacia las personas LGTBI en el centro de sus prioridades comunitarias. Coincidiendo con la publicación de un informe monográfico centrado en combatir el hostigamiento dirigido a este colectivo, el Comité de Ministros ha aprobado la primera estrategia de la organización para la igualdad de derechos LGTBI, con un horizonte temporal que abarca de 2027 a 2032.

El organismo internacional ha dado la voz de alarma ante el incremento sostenido de narrativas polarizadoras y campañas coordinadas de desinformación que atacan a la comunidad LGTBI en los estados miembros. Según advierte el propio marco institucional, estos riesgos se ven seriamente agravados por el uso sin control de tecnologías digitales y herramientas de inteligencia artificial. Estos sistemas, de acuerdo con los expertos, no solo reproducen sesgos estructurales, sino que facilitan la vigilancia intrusiva, acentúan la violencia facilitada por la tecnología y aceleran la propagación masiva de contenidos nocivos en la red.

El Secretario General del Consejo de Europa, Alain Berset, ha enfatizado que la adopción de este marco representa un paso decisivo para garantizar las libertades fundamentales, recordando de manera tajante que «no puede haber excepciones a la inclusión». El plan de acción sistematiza el acervo jurídico acumulado tras décadas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la supervisión activa de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), articulándose en cuatro objetivos estratégicos fundamentales:

Fomento de la inclusión, visibilidad y despatologización: para erradicar los estigmas y prejuicios sociales impulsando el conocimiento sobre las realidades del colectivo LGTBI. El plan exige reforzar la independencia, capacidad operativa y dotación presupuestaria de los organismos de igualdad y las instituciones nacionales de derechos humanos. Asimismo, insta a los Estados a instaurar un entorno seguro e inclusivo en el ámbito educativo y laboral, y pide formar a periodistas y responsables de comunicación pública para abordar las informaciones desde el rigor y la ética periodística. En el ámbito jurídico y asistencial, el plan urge a los gobiernos a garantizar el reconocimiento legal de todas las familias LGTBI y a implementar procedimientos de reconocimiento de la identidad de género basados en la autodeterminación, ágiles y libres de requisitos abusivos.

Combate contra la desinformación y las narrativas polarizadoras: ante el aumento de contenidos manipulados y discursos «anti – derechos» impulsados por grupos extremistas y sesgos algorítmicos en redes sociales, la estrategia fija un plan de contingencia para preservar la calidad del debate público y la integridad democrática. El Consejo de Europa promoverá plataformas multiactor compuestas por autoridades públicas, la sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado para monitorear y neutralizar bulos que instrumentalizan los derechos LGTBI y campañas de injerencia y manipulación de información extranjera (FIMI).

Prevención y persecución de los delitos de odio y la violencia digital: obligación legal de los Estados miembros de investigar, procesar y sancionar de manera efectiva todo acto de violencia, acoso o incitación al odio motivated por la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales (SOGIESC). Para contrarrestar el infradiagnóstico de agresiones debido a la desconfianza institucional, la estrategia aboga por instruir específicamente a las fuerzas de seguridad, la fiscalía y los órganos judiciales en la identificación de la motivación de odio y la recolección de datos desglosados. Asimismo, se contempla garantizar la seguridad en actos públicos como las marchas del Orgullo, aplicar la normativa europea sobre violencia facilitada por la tecnología y requerir a las empresas la creación de mecanismos confidenciales de denuncia frente al acoso laboral

Blindaje de marcos legales y participación activa de la sociedad civil: busca prevenir retrocesos legislativos y corregir las deficiencias en la aplicación de las directrices comunitarias. El Consejo de Europa ofrecerá asistencia técnica y jurídica a los países que requieran actualizar su legislación antidiscriminación, laboral o de protección social, asegurando que el despliegue de sistemas de inteligencia artificial cumpla con las recomendaciones de no discriminación y no perpetúe desigualdades.

Paralelamente, la estrategia exige a los Estados garantizar un espacio civil abierto donde las ONGs y los defensores de derechos humanos puedan constituirse y operar legalmente sin trabas administrativas ni persecución, asegurando mecanismos de financiación a largo plazo y la participación activa de estos colectivos en los procesos de elaboración de políticas públicas y seguimiento normativo. Del mismo modo, demanda la plena despatologización de las identidades en la atención sanitaria, la prohibición estricta de las llamadas «terapias de conversión», la anulación de las intervenciones médicas no urgentes e inconsentidas en personas intersexuales (especialmente menores) y la condena, indulto o cancelación explícita de las condenas históricas impuestas bajo leyes que criminalizaban las relaciones del mismo sexo.