En un momento en el que algunos demonizan la inmigración, España da un ejemplo moral y ético, aplaudido incluso por la Iglesia católica: el Gobierno aprobó un decreto ley para normalizar la situación de migrantes que estén viviendo en nuestro país en una situación irregular.

¿Qué es un decreto ley?
Es una norma que tiene rango de ley, pero que no ha pasado antes por el Congreso de los Diputados y el Senado. En nuestro país, la Constitución (que es nuestra norma suprema) permite que el Gobierno apruebe un decreto ley cuando existe una situación «extraordinaria y urgente» que necesita una respuesta rápida, sin esperar al largo proceso de aprobación de leyes.

Entonces, ¿cómo lo aprobó?

Fue aprobado en un Consejo de Ministros, que es la reunión que el presidente mantiene con sus ministros, y donde deciden, como Gobierno, asuntos importantes del país. Durante ese consejo, el Ejecutivo (también se le llama así al Consejo de Ministros porque se encarga de ejecutar las decisiones gubernamentales) autorizó la tramitación de este decreto, que a su vez, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que es el medio en el que se publican las leyes, disposiciones del Gobierno y acuerdos obligatorios. En este caso, la publicación del decreto en el BOE hizo que empezara a funcionar la normativa (a veces tardan días).

¿Y qué significa que alguien esté en situación irregular?

Que no tiene permiso legal para vivir o trabajar en España, entonces, lo hace en la clandestinidad. Esto impide, por ejemplo, que tenga un contrato de trabajo, una prestación social (como una ayuda o una beca) o que, incluso, pueda alquilar una casa. La regularización supone tener derechos y estabilidad, algo que muchas organizaciones defensoras de los migrantes describen como una forma de vivir con dignidad y seguridad.

¿Qué significa la «regularización»?

La regularización significa que las personas podrán vivir legalmente en España con todo lo que eso implica. La autorización de residencia tiene una vigencia inicial de un año (cinco si las personas tienen hijos menores).

¿Hay algo que no puedan hacer?

Sí. No podrán, por ejemplo, votar en las elecciones generales o autonómicas, ya que esto solo se puede hacer con la nacionalidad española, y con la regularización no la tienen.

¿Quién puede solicitar la regularización?

Para solicitarla, hay que cumplir una serie de requisitos. La medida está pensada para dos grupos: personas que pidieron asilo antes del 31 de diciembre del 2025 y migrantes que ya llevaban al menos cinco meses viviendo en España sin papeles antes de esa fecha. Para regularizarse, no pueden tener antecedentes penales ni suponer un riesgo para la seguridad. Para demostrar que han vivido en España, pueden servir muchos tipos de documentos, como citas médicas, informes de servicios sociales, un contrato de alquiler, billetes de transporte, recibos de luz o justificantes de envíos de dinero.

¿A cuántas personas afecta?

Se calcula que a unas 800.000. En Galicia serán entre 6.000 y 8.000 personas.

Contexto: los motivos laborales por los que precisamos inmigración
Los inmigrantes forman parte de nuestra sociedad y aportan mucho a la economía española. En la actualidad, representan una parte importante de los trabajadores en sectores clave como la hostelería, la construcción, la agricultura o el comercio, trabajos que muchas veces los españoles rechazan por diferentes circunstancias —horarios muy exigentes, bajos salarios o puestos de escasa cualificación—. En cualquier caso, gracias a ellos se han creado muchos empleos y se mantiene el funcionamiento de servicios esenciales.

Como trabajadores contribuyen al crecimiento de la riqueza (se mide en el producto interior bruto, el PIB) y a la Seguridad Social (prestaciones sociales). Como es lógico, deben pagar impuestos y cotizaciones, fortaleciendo el sistema público y ayudando a las pensiones, a la sanidad o a la educación. De hecho, su aportación a la Seguridad Social es mucho mayor que el gasto que generan como ciudadanos y consumidores de estos servicios.

En cambio, cuando los inmigrantes están en situación irregular, muchos trabajan en el mercado informal, sin contrato ni derechos. Esto limita su contribución económica y los hace más vulnerables a salarios bajos o condiciones de explotación. Por eso, regularizarlos significa el acceso al trabajo legal y a la protección, lo que beneficia tanto a ellos como al conjunto de la economía.

Además, España enfrenta un problema de envejecimiento: hay menos jóvenes trabajando y más personas mayores. La inmigración regular ayuda a mantener la población activa y a sostener el crecimiento económico a largo plazo.

Regularizaciones anteriores

Por todos estos motivos, esta regularización no es la primera vez que ocurre. En España ya hubo seis regularizaciones extraordinarias antes de la que conocimos la semana pasada. Desde 1986, distintos gobiernos —tanto del PSOE como del PP— aprobaron medidas similares, que permitieron regularizar a cientos de miles de personas migrantes.