La crisis de Ceuta suma una tercera causa penal diferenciada. La plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad ha puesto en marcha una investigación sobre el supuesto reparto de artefactos y sustancias y varios episodios violentos registrados durante las semanas posteriores a la entrada masiva del 30 y 31 de julio. El nuevo procedimiento se añade a las dos investigaciones que mantiene abiertas María Tardón en la Audiencia Nacional: la macrocausa sobre el asalto a la frontera y otra derivada de la querella de Abogados Cristianos contra el entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Las nuevas diligencias, las DP 585/2026, están en manos de la magistrada María de la Luz Lozano Gago. La jueza admitió el pasado 24 de septiembre la querella presentada por HazteOír y ahora, en un auto fechado el 4 de octubre al que ha tenido acceso este periódico, ha decidido que la investigación empiece a avanzar sin necesidad de esperar a que aquella primera resolución sea firme.

La primera batería de pesquisas se dirige a recuperar los antecedentes policiales y, sobre todo, evitar que desaparezcan pruebas. La Jefatura Superior de Policía de Ceuta deberá entregar en diez días los atestados, actas, informes y análisis técnicos existentes sobre varios de los episodios incluidos en la querella.

La investigación judicial se divide ya en tres frentes: la macrocausa de Tardón, la querella contra Triano y la violencia posterior

Entre ellos figuran las supuestas adquisiciones masivas de aguafuerte, acetona y papel de aluminio en establecimientos de la ciudad desde el 20 de julio, la identificación de personas relacionadas con el reparto de artefactos capaces de liberar gases y los efectos, sustancias o residuos que hubieran sido intervenidos.

La causa también reclama las actuaciones policiales y judiciales relativas a la denominada emboscada de Benzú del 27 de agosto, la agresión de las Murallas Reales del 29, el lanzamiento de botellas con aguarrás contra los participantes en una concentración vecinal de Villajovita del día 28 y el lanzamiento de botellas con líquido corrosivo contra una patrulla militar en la zona de San Amaro el 30 de agosto.

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El juzgado quiere igualmente incorporar el atestado de las detenciones practicadas el 23 de agosto en la playa de Benítez, las grabaciones disponibles de aquellos hechos y la sentencia de conformidad dictada en juicio rápido contra una activista por resistencia y lesiones leves.

La medida más urgente afecta a las pruebas. Lozano ordena a la Policía Judicial que preserve los efectos, sustancias y residuos ya intervenidos y conserve las grabaciones originales y las fuentes digitales concretamente identificadas. En un plazo de 48 horas deberá comunicar qué medidas ha adoptado, qué material ha localizado, quiénes son sus titulares y si aprecia algún riesgo de pérdida.

La causa rastrea compras inusuales de acetona, aguafuerte y papel de aluminio en establecimientos de Ceuta desde el 20 de julio

El nuevo procedimiento añade otra pieza a un mapa judicial cada vez más complejo. La investigación principal sigue siendo las DP 64/2026 que dirige Tardón en la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Esa causa abarca la posible organización y dirección de la movilización desde Marruecos, las convocatorias en redes sociales, los fallecimientos, las alertas previas recibidas en España y las decisiones adoptadas antes, durante y después del colapso fronterizo.

Hubo además una primera investigación específica contra Pérez Triano en los propios juzgados de Ceuta. Las DP 473/2026 se incoaron tras una denuncia de Manos Limpias y en la que posteriormente se personó HazteOír. Pero esa causa dejó de seguir un camino autónomo cuando, el 14 de septiembre, Lozano acordó inhibirse a favor de Tardón al apreciar «conexión objetiva y subjetiva» entre ambos procedimientos, además de unidad de contexto, secuencia y prueba. La jueza ordenó remitir íntegramente las actuaciones a la Audiencia Nacional.

Paralelamente, la propia Tardón mantiene abiertas otras diligencias a raíz de la querella presentada directamente ante la Audiencia Nacional por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra Pérez Triano por presuntos delitos de desórdenes públicos y prevaricación por omisión. Esa organización pide esclarecer qué conocía el delegado de las advertencias previas, qué decisiones adoptó y hasta dónde llegó la información dentro del Gobierno. También solicitó que Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska declaren como testigos.