El choque entre Vox y el PP de Isabel Díaz Ayuso por los vetos a la oposición y la utilización de los migrantes como eje de la batalla electoral ha llegado al Constitucional. El Alto Tribunal ha admitido a trámite hasta 16 recursos de amparo del partido ultra contra la negativa de la Mesa de la Asamblea de Madrid (donde el PP tiene mayoría) a tramitar iniciativas que permiten a la extrema derecha distinguirse del partido de Isabel Díaz Ayuso ante los electores. Las preguntas y comparecencias rechazadas se centraban, según una fuente parlamentaria, en los planes del Ejecutivo autonómico para los menores migrantes no acompañados; el supuesto impacto de la inmigración ilegal en la cobertura sanitaria; el número de viviendas de protección oficial asignado a extranjeros; o la valoración de la subida de los precios de las casas. El Constitucional solo se pronunciará sobre la forma, es decir, sobre si las preguntas eran técnicamente correctas y deberían haber pasado el filtro de la Mesa. Nada dirá, en principio, sobre el fondo, que mayoritariamente desliza un señalamiento de los inmigrantes. La situación, en todo caso, servirá para avivar un choque político alrededor de la migración que ya estalló el jueves pasado en la Asamblea.

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“Si tenemos tan claro que lo que ocurre con la vivienda en España es un problema generalizado, es ruin y populista utilizar a los inmigrantes”, le espeta Díaz Ayuso a Isabel Pérez Moñino, la portavoz de Vox. Que el tema molesta profundamente a la presidenta, y que tiene una alta carga política, queda demostrado inmediatamente a través de la dureza de su respuesta. “Siempre miente en este pleno”, acusa a la líder autonómica del partido que más puede erosionar su base electoral. “Nosotros no hablamos de que todos los acentos caben en Madrid, con esa voz que usted utiliza”, la afea. “Es todos los acentos del español los que caben en Madrid”, recalca. “(…) No es culpa de los inmigrantes que no haya ni ley ni orden, que no se construya la vivienda suficiente, ni que los impuestos se coman a los impuestos en este país”.

Esto había dicho antes Pérez Moñino: “Su modelo de Madrid donde caben todos los acentos que se cuelan por Barajas tiene consecuencias directas en los precios de Idealista (…)”.

Ese enfrentamiento parlamentario sirve de resumen sobre el núcleo de la campaña madrileña de Vox para las generales y las autonómicas: intentar contraponer el Madrid de los espectáculos que atribuyen a Ayuso (con la F-1, la NFL, Shakira…) con el Madrid de los barrios que dicen defender los ultras.

Solo hay que repasar algunas de las iniciativas de Vox que no han pasado el filtro de la Mesa en el Parlamento autonómico, provocando 20 recursos (se han admitido 16 y hay cuatro pendientes) sobre los que ahora se pronunciará el Constitucional.

¿Qué valoración hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre los últimos casos conocidos de agresiones sexuales que han trascendido en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados de la región?
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para controlar la llegada de menores inmigrantes no acompañados a la región?
¿Qué planes tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados de la región?
¿Qué impacto está produciendo la cobertura sanitaria total a la inmigración ilegal en la cobertura de la cartera de servicios de atención primaria en la Comunidad de Madrid?
¿Cómo valora la subida de precios para el acceso a la vivienda en nuestra Región?
¿Cómo valora el funcionamiento de Radio Televisión Madrid?
¿De qué modo fomenta la Comunidad de Madrid la transparencia y la participación?
¿Qué valoración hace sobre las tasas de residuos que se está imponiendo en los municipios de la Comunidad de Madrid?
Número de viviendas de protección oficial que han sido adjudicadas a personas extranjeras en la Comunidad de Madrid.
Solicitud de comparecencia de D. Ignacio Ayres Janeiro, Director General de Servicios Sociales e Integración de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, para hablar sobre la gestión de acogida de menores extranjeros no acompañados en los centros de acogida de menores inmigrantes de la Comunidad de Madrid.
Solicitud de comparecencia de D. Luis Escobar Álvaro, médico de urgencias en medicina de familia, para hablar de los retos de los servicios sanitarios madrileños ante el incremento de la presión asistencial.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España).
Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
“Tenemos la intención de mostrar que hay una estrategia por parte de la Mesa de inadmitir todo lo políticamente inconveniente”, sostiene una fuente que conoce la estrategia del partido de Santiago Abascal en Madrid, puesta ya en marcha antes de que el presidente Pedro Sánchez decidiera el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre.

Las providencias consecuentes, en algún caso firmadas por Cándido Conde-Pumpido, el presidente del Constitucional, explicitan que “el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”. De esta manera, el Alto Tribunal sigue el camino que ya abrió con recursos previos de Vox, como el que protestaba porque se le hubiera denegado la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas, el socialista Joaquín Leguina. Como resultado, se han admitido 16 de los 20 recursos presentados sobre iniciativas inadmitidas a Vox (el tribunal aún no se ha pronunciado sobre los otros cuatro).

Ya avisó la diputada Ana Cuartero en el debate sobre el polémico ático adquirido por el Gobierno regional y puesto a la venta tras revelar EL PAÍS la operación: “Yo creo que esta Mesa va a batir el récord bastante dudoso de ser la que más recursos admitidos a trámite tiene por cercenar los derechos de los diputados. Hemos presentado 20: se han admitido 11 a trámite y estamos a la espera de los 9. Y, si tenemos que presentar 100…”

En lo que va de 2026, el tribunal de garantías ha reprochado a la Asamblea la tramitación en lectura única de las leyes que le permitieron asentar su control sobre Telemadrid en 2021 y 2022. También ha tumbado el veto a que se preguntara por el poderoso jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, o por los negocios del empresario Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal.

Es la última constatación de que el Constitucional se ha convertido en un terreno de batalla más de la política madrileña, pues en él se entrecruzan los recursos del Estado contra leyes de la Comunidad de Madrid, los de la Comunidad de Madrid contra decisiones del Estado, y los de la oposición al completo contra las decisiones de la mayoría del PP en la Asamblea de Madrid.