Tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronunció un discurso donde cuestionaba el censo electoral mezclando las dudas sobre el voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ con la regularización de migrantes. Preguntada por la inclusión en el censo de los descendientes de los exiliados por el franquismo, respondió que “cuantas más regularizaciones hay, más censo hay a repartir”.

Aunque la pregunta era sobre la presencia en el censo electoral de los beneficiarios de la ‘ley de nietos’, el uso de la palabra “regularización” puede llevar a pensar que la regularización extraordinaria de migrantes de este 2026 hará crecer la bolsa de electores para el 29 – N, una premisa falsa compartida también por Santiago Abascal cuando se anunció la medida. En realidad, el permiso de residencia y de trabajo, al que ahora habrán accedido, no da derecho a voto: para votar en las elecciones generales hay que tener la nacionalidad española

La inclusión o exclusión del censo de españoles residentes ausentes (CERA) de las personas nacionalizadas por la ‘ley de nietos’, que da DNI español a los descendientes de las personas que se exiliaron durante la guerra civil y el franquismo, no está tan clara. Por un lado, porque una instrucción del Ministerio de Justicia rebajó los requisitos para acogerse a ella; por otro, porque hace tan solo un mes el Tribunal Supremo hizo anular las inscripciones en el censo de todas estas personas, pero el censo que se utilizará el 29N será el que había previo a esta supresión. Ahora, el TS ha dado a la Moncloa (que pide que puedan votar) y a Vox (que se opone) 48 horas para presentar alegaciones, antes de tomar una decisión definitiva. Te explicamos todo lo que sabemos sobre el censo electoral y si los nuevos nacionalizados figurarán en el censo CER

Verificat ha escrito a la oficina de prensa de la presidencia madrileña para entender a qué se refirió exactamente Ayuso con aquellas palabras, pronunciadas durante un coloquio en Nueva Economía Fórum, pero en el momento de publicar esta verificación no ha obtenido respuesta. En aquella misma intervención también insinuó un pucherazo en el voto por correo, alimentando así una sospecha de fraude electoral sin fundamentos.

La llamada ‘ley de nietos’ no es una ley, sino una parte de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Concretamente, la disposición adicional octava, que otorga la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”.

Una instrucción del Ministerio de Justicia publicada poco después de la ley la amplió y, en la práctica, relajó los requisitos para acogerse a ella: ahora ya no hará falta demostrar un exilio político, sino que será suficiente con que el ascendiente fuera español y hubiera dejado España entre el golpe de Estado franquista de 1936 y 1955. Esta distinción es importante para entender la polémica actual sobre su derecho a votar, ya que la decisión provisional del Tribunal Supremo distingue entre quienes han podido demostrar la persecución política y quienes no.

Hasta octubre de 2025, cuando cerró el plazo para pedir la nacionalidad, el Gobierno español recibió más de 1 millón de solicitudes y, a fecha de este junio, ha aprobado más de 490.000.

El foco de la polémica está en si todas estas personas podrán votar en las elecciones, especialmente con el adelanto de los próximos comicios estatales para este 29 de noviembre. En un primer momento, la respuesta era que sí: la nacionalidad da derecho al sufragio y permite inscribirse en el censo electoral.

Pero el Tribunal Supremo lo detuvo. El 8 de septiembre, hace menos de un mes, dictó medidas cautelares contra la inscripción en el censo de una parte de los nacionalizados, tras un recurso del partido Iustitia Europa. Lo hizo alegando que la gran ampliación del censo “podría afectar a la transparencia del proceso electoral”, como explica Newtral, miembro como Verificat de las redes internacionales de verificadores.

Concretamente, el TS decidió suspender el derecho al sufragio de las personas nacionalizadas inscritas en el censo de españoles residentes ausentes, más conocido como voto CERA, con una excepción: sí que podrán votar las personas que puedan acreditar ser descendientes de exiliados políticos, religiosos o de orientación sexual aunque se encuentren fuera del territorio español. Al menos, dice el auto, hasta que haya una sentencia. La controversia no afecta a las personas nacionalizadas que viven en España, que podrán votar de forma regular, ya que no se tienen que inscribir en el censo de ausentes.

Pero aún hay un último giro: el censo que podrá votar en las elecciones es el que existía el 1 de agosto. La ley electoral dice que se debe tomar el censo vigente el día uno de dos meses antes de la convocatoria.

Algunos portales y cuentas de redes han alertado de que, como el 1 de agosto el Supremo aún no había decidido excluirlos del censo, los nacionalizados del CERA sí podrán votar desde fuera de España, ya que la decisión judicial no se puede aplicar de manera retroactiva.

Pero el texto exacto del auto dice que, para aquellos que ya se hayan inscrito en el censo, “se suspenderán los efectos electorales de la inscripción en el censo electoral para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse” hasta que se dicte sentencia. El profesor en Historia del Derecho de la UPF Alfons Aragoneses, experto en procesos electorales, ha aclarado a Verificat que la decisión del Supremo de septiembre implica que todas estas personas que viven fuera y que se nacionalizaron sin demostrar una situación de exilio no podrán votar.

El Poder Judicial es consciente de la urgencia de resolver el asunto. Este martes, horas después de la publicación electoral en el BOE, la sala de lo contencioso – administrativo del TS ha dado 48 horas a la Abogacía del Estado y a Vox e Iustitia Europa para presentar alegaciones antes de decidir sobre quién queda dentro y fuera del censo, según ha explicado la oficina de prensa del tribunal a Verificat. El plazo para las partes acaba este jueves a las 15 horas.

Concretamente, tendrá que decidir sobre los recursos de Vox e Iustitia Europa contra las inscripciones al voto CERA de los nacionalizados, tanto las que ya se han hecho como las que están en proceso, y también sobre el recurso de la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar de hace un mes. Todo ello, “teniendo en cuenta la circunstancia sobrevenida de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre”, lee el correo. Tras recibir las alegaciones, el Alto Tribunal lo resolverá todo conjuntamente.

Verificación elaborada por Ona Sindreu Cladera, Ariadna Mañé, Alba Tobella y Laura Cercós Tuset.