El Gabinete Rabanera se ha quedado más solo en su empeño por abrir en Castillo – Sopeña, cerca de Pobes, el centro de menores de inmigrantes. Al rechazo del Ayuntamiento de Ribera Alta, las juntas administrativas y los vecinos, se suma ahora el posicionamiento de las Juntas Generales a favor de ubicar el complejo en Vitoria.

Los principales partidos de la oposición, el PNV y el PSE, hicieron ayer valer su mayoría en la Cámara para dar luz verde con el apoyo de EA a una moción en la que califican a la capital alavesa como «el lugar idóneo» para albergar a los menores que ahora conviven en la sede de la Cruz Roja, junto al Prado. Creen que en la ciudad se les puede «ofrecer la mejor formación y asistencia integral que requieren». La Diputación, con competencia para decidir dónde instala el recurso, rehusó pronunciarse sobre el acuerdo.

Durante la discusión sobre el futuro de este centro, impulsada por EB, los partidos hicieron varias reflexiones. Por un lado, fueron unánimes en la defensa de la obligación de las instituciones de proteger a menores como éstos en situación de desamparo y en sus críticas a «falta de solidaridad» hacia este colectivo de algunos sectores de la sociedad alavesa.

La oposición criticó además la manera en que el Departamento de Asuntos Sociales que dirige Ainhoa Domaica ha gestionado una crisis que surgió hace ya más de un año, cuando el Consistorio y los vecinos de Iruña de Oca rechazaron ubicar en Nanclares este centro. La Diputación desistió al final de su plan. Hace meses comenzó a negociar con el alcalde de Ribera Alta el traslado del hogar a Castillo – Sopeña. Entendía que un entorno rural, sin las interferencias de la ciudad, «podía agilizar su proceso de formación», recordó la juntera popular Ana Garrido. Otra vez el rechazo vecinal es frontal.

Un diagnóstico

Para la procuradora del PNV María Jesús Aguirre, Asuntos Sociales «ha dado una respuesta restrictiva e inadecuada a estos jóvenes». La juntera calificó de «nefasta» su gestión y recordó que el proyecto diseñado para estos chicos habla de la necesidad de que tengan a su alcance centros de salud, psicólogos, escuelas de formación, centros cívicos, EPA… «¿Dónde está esto en Ribera Alta?», se preguntó.

El socialista Txarli Prieto culpó al PP de «hacer de la inmigración confrontación y no política de Estado» y de ayudar a «crear focos de intolerancia hacia las necesidades de los países más pobres». Prieto fue crítico con el intento de llevar el hogar fuera de la ciudad y también con la actitud de Iruña de Oca y Ribera Alta. «Se ha instalado la cultura de alejar el problema», dijo.

Mikel Mintegui, de EA, consideró «muy grave» que por culpa de las controversias los menores extranjeros «estén estigmatizados» y recordó que el resto de hogares de niños tutelados se ubica en Vitoria. Arantza Basagoiti, de EB, acusó al PP de carecer de «proyecto» para estos jóvenes, y el Grupo Mixto tildó de «repelente» la actitud de los vecinos contrarios al recurso.

PNV, PSE y EA acordaron solicitar al Gobierno Zapatero que traslade a Vitoria a doce de los menores que han llegado a Canarias. Los partidos apoyaron por unanimidad que la Diputación presente un diagnóstico sobre los niños tutelados, así como instar a otras instituciones a cofinanciar el programa de acogida a los menores de Canarias.