Pedro Sánchez ha pulsado el botón electoral antes de que la legislatura llegara a su final natural. El presidente del Gobierno ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre y ha disuelto las Cortes, en una decisión que tiene en la vivienda su detonante más inmediato, pero que responde a un escenario político mucho más amplio. El bloqueo parlamentario, la ruptura de la mayoría de investidura, la imposibilidad de aprobar los Presupuestos y el desgaste acumulado por otros frentes, desde la corrupción hasta la crisis migratoria de Ceuta, han terminado por convencer al jefe del Ejecutivo de que prolongar la legislatura podía ser más costoso que acudir ahora a las urnas, y que aprovechar otros asuntos de calado social como la sanidad, la educación o las pensiones al calor de la movilización por la vivienda puede devolverle esperanzas.

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El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba 70 años pagando el alquiler de su vivienda, cambió el eje del debate político. La imagen de la anciana abandonando su casa en camilla provocó una fuerte reacción social y dio al Gobierno un asunto capaz de movilizar a su electorado. Días después, el Congreso tumbó los dos decretos ley sobre vivienda que el Ejecutivo había intentado sacar adelante con el apoyo de sus socios. El rechazo de Junts fue el punto de inflexión.

Pero la caída de los decretos no fue únicamente una derrota legislativa. Para Sánchez supuso la constatación de que la actual mayoría parlamentaria ya no permite garantizar la gobernabilidad. El presidente llegó a la conclusión de que, si ni siquiera era posible aprobar unas medidas de emergencia en materia de vivienda, resultaba todavía más complicado plantearse una negociación seria para sacar adelante unos nuevos Presupuestos. La confianza con Junts quedó definitivamente dañada y la continuidad de la legislatura empezó a perder sentido para Moncloa.

Una legislatura atrapada por la aritmética

La fragilidad parlamentaria no es nueva. Desde el comienzo del mandato, Sánchez ha tenido que gobernar con una mayoría extraordinariamente fragmentada y dependiente de acuerdos con fuerzas que mantienen intereses y estrategias diferentes. La ruptura progresiva del bloque de investidura, especialmente tras el distanciamiento de Junts y Podemos, ha dejado al Ejecutivo con una capacidad legislativa cada vez más limitada.

La legislatura llega así al adelanto electoral sin haber conseguido aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, una carencia que se suma a las dificultades para sacar adelante otras reformas. El propio Sánchez reconoció en su discurso de convocatoria que se habían cometido errores y admitió que el Gobierno no había podido cumplir todo lo que se había propuesto. Su argumento fue que necesitaba una mayoría progresista más amplia para poder continuar con su programa y “seguir transformando” España.

En su comparecencia, sin embargo, el presidente situó buena parte de la responsabilidad en la oposición. Criticó un Congreso que calificó de “muy bronco” y acusó al PP de haber convertido el bloqueo en una estrategia política. Sánchez presentó las elecciones como la oportunidad de obtener una mayoría suficiente para dejar atrás una legislatura marcada por la dificultad permanente para alcanzar acuerdos.

La vivienda, un relato electoral más amplio

La vivienda ocupa un lugar privilegiado en la estrategia socialista porque permite conectar con un malestar social creciente y, al mismo tiempo, desplazar otros debates que han condicionado la legislatura. El problema es real: los precios de compra y alquiler han aumentado, falta vivienda asequible y el acceso a un hogar se ha convertido en una de las principales preocupaciones para buena parte de la ciudadanía.

Pero el Gobierno no pretende limitar la campaña a los alquileres. El discurso de Sánchez ya dibuja una agenda social mucho más amplia, basada en vivienda, pensiones, sanidad y educación, tres ámbitos con los que pretende confrontar el modelo de la derecha. El presidente utilizó precisamente la vivienda de Madrid y la gestión sanitaria de las comunidades gobernadas por el PP para acusar a sus adversarios de disponer de más recursos y destinarlos a políticas diferentes de las defendidas por el Ejecutivo central.

La estrategia consiste, por tanto, en convertir el adelanto en una especie de plebiscito sobre dos modelos de país: de un lado, el proyecto progresista que Sánchez reivindica como garante de derechos y políticas sociales; de otro, una derecha que el PSOE presenta cada vez más vinculada a Vox y a una “ola ultraderechista” que, según el presidente, supondría una involución en derechos.

El desgaste que queda fuera del relato de la vivienda

El adelanto llega, además, después de una legislatura marcada por otros conflictos que han erosionado al Gobierno. La corrupción y las causas judiciales que han afectado al entorno socialista han alimentado durante meses la presión sobre Sánchez y su partido. El Ejecutivo también ha tenido que afrontar la crisis migratoria de Ceuta, uno de los asuntos que llegó a ocupar el centro de la política nacional antes de que la vivienda desplazara el foco.

Precisamente uno de los cálculos del presidente consiste ahora en cambiar el terreno de juego electoral. Una campaña centrada en vivienda, sanidad, educación y políticas sociales permite al PSOE intentar que las urnas no se conviertan exclusivamente en un juicio sobre la gestión de estos años ni sobre los casos judiciales que han golpeado a los socialistas.

El propio proceso de decisión revela ese cálculo. Sánchez, “muy enfadado”, empezó a valorar seriamente el adelanto la noche del jueves en que Junts confirmó su rechazo a los decretos. Durante el viernes y el fin de semana consultó a su núcleo más próximo, a ministros y a dirigentes territoriales. También analizó encuestas y siguió la evolución de las movilizaciones en la calle. La conclusión terminó de cerrarse el sábado por la noche y el domingo quedó preparado el dispositivo para anunciar la convocatoria.

Sánchez asume el riesgo y busca repetir la movilización de 2023

La decisión implica un riesgo evidente. Las encuestas manejadas hasta ahora sitúan al PP y Vox con posibilidades de sumar una mayoría, mientras la izquierda llega a la cita electoral con dificultades para articular un espacio común. El propio entorno de Sánchez reconoce que el escenario demoscópico no es favorable.

El presidente confía, sin embargo, en que la movilización social pueda modificar esas previsiones. En 2023, el PSOE consiguió resistir después de que Sánchez convocara elecciones anticipadas tras la derrota socialista en las municipales y autonómicas. Ahora pretende repetir aquella estrategia: acudir a las urnas antes de que el desgaste de la legislatura sea mayor y tratar de convertir la campaña en una batalla entre dos bloques.

La vivienda puede ser el elemento capaz de activar esa movilización. Las protestas tras el desahucio de Maricarmen y el apoyo social a las medidas de los decretos han ofrecido al Gobierno un punto de partida. Pero Moncloa quiere añadir otros ingredientes: la defensa de la sanidad pública, la educación, las políticas de igualdad, la lucha contra la desigualdad y un discurso contra las élites económicas y los fondos de inversión.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, criticó ayer mismo al PP y Vox por centrar sus propuestas en “recortar derechos” de la ciudadanía y ha planteado la campaña electoral como una disputa “entre derechos o derechas”.

A su llegada a la reunión de la Ejecutiva socialista, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Mínguez ha alertado de las “primeras reacciones” de la derecha y la ultraderecha al anuncio de adelanto electoral al 29 de noviembre.

Mínguez consideró que los españoles han conocido este lunes el “verdadero programa electoral” de PP y Vox y lo que “espera a los españoles si ganan” los comicios.

Se refirió a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionando el voto por correo, las del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y las del diputado de Vox José María Figaredo sobre el “quiebre”, a su juicio, del sistema de pensiones. Subrayó que el viernes el PP y Vox votaron contra el derecho a la vivienda (tumbando los decretos en el Congreso), hoy se han manifestado contra el derecho al voto y también lo han hecho en contra de los derechos laborales.

“Si el día menos uno de campaña ya estamos con cuatro derechos recortados, no me quiero imaginar como vamos a llegar al día de reflexión, igual nos quitan el derecho a respirar”, ironizaba.

Por su lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cargaba contra Vox por las declaraciones de Figaredo, que calificó de “zombi” el sistema público de pensiones, unas afirmaciones “indignantes” para la socialista.

Economía, derechos y política internacional

Sánchez también afronta la campaña reivindicando el balance de sus años de Gobierno. En su discurso destacó el crecimiento económico y del empleo, el aumento del poder adquisitivo, la reducción de la pobreza y la desigualdad, las becas, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad y las políticas de dependencia y sanidad.

En política exterior, el presidente reivindicó el apoyo a Ucrania, la Unión Europea y Naciones Unidas, además de la cooperación internacional y la posición española frente a los conflictos internacionales. Su objetivo es presentar al PSOE como un partido que combina crecimiento económico y políticas sociales con una determinada posición internacional.

A ello se suma otro eje que previsiblemente tendrá peso en la campaña: el enfrentamiento entre “élites” e interés general. Sánchez pretende colocar en ese mismo espacio a los grandes fondos, los especuladores y los llamados tecno – oligarcas, un discurso que conecta con el debate sobre vivienda y que su equipo considera útil para combatir el avance de la extrema derecha.

La verdadera razón del adelanto

La fotografía final es, por tanto, bastante más compleja que la de una convocatoria provocada exclusivamente por la vivienda. La vivienda encendió la mecha, pero el combustible llevaba tiempo acumulándose.

El desahucio de Maricarmen proporcionó al Gobierno un poderoso símbolo; el fracaso de los decretos evidenció el bloqueo parlamentario; el rechazo de Junts confirmó la ruptura de la confianza; la ausencia de Presupuestos mostró los límites de la legislatura; y el desgaste acumulado por otros conflictos ofreció a Sánchez un incentivo adicional para intentar cambiar cuanto antes el escenario político para impulsarse en los derechos sociales.

El presidente ha optado así por no esperar a 2027, consciente de que prolongar una legislatura sin una mayoría estable podía agravar sus problemas. La apuesta es arriesgada: cambiar el terreno de juego, colocar la agenda social en el centro y buscar una movilización de la izquierda que le permita desafiar unas encuestas que, de momento, no le son favorables.

El 29 de noviembre no se votará únicamente sobre la vivienda. Sánchez quiere que las elecciones sean también un juicio sobre dos modelos políticos, sobre el futuro de los servicios públicos, sobre el papel de la derecha y Vox y sobre la capacidad del PSOE para continuar gobernando. La vivienda ha abierto la puerta de las urnas; el bloqueo de la legislatura y el cálculo sobre el futuro político de Sánchez son los otros grandes motivos que la han terminado de empujar.