Lo único que Jeanne Robles sabía de los orígenes de su abuelo, José Robles, era lo que él le contaba cuando era pequeña. Una historia que, durante años, a ella le pareció casi rocambolesca. José, nacido en Málaga, había subido a un tren con apenas siete años que se dirigía a Valence, una ciudad del sureste de Francia, donde una familia francesa lo acogió y lo adoptó en el mismo andén. De niña, Jeanne no lograba entenderlo. “¿Por qué un niño tan pequeño se subiría a un tren para irse tan lejos de su familia?”, se preguntaba. Ya de adulta, decidió investigar. Durante años recorrió archivos en España y Francia hasta reconstruir la otra vida de su abuelo, la que había quedado atrás cuando tuvo que exiliarse en enero de 1937, apenas un mes antes de que las tropas franquistas tomaran Málaga.

Jeanne, de 28 años, se acogió a la Ley de Memoria Democrática —la llamada ley de nietos— y en 2025 obtuvo la nacionalidad española. Casi un año después, una decisión del Tribunal Supremo ha dejado suspendido cautelarmente su derecho a voto. Este lunes, al leer en la prensa española la convocatoria de elecciones anticipadas, sintió una mezcla de pena, confusión y rabia. Para ella, la paradoja resulta difícil de entender. Tiene la nacionalidad española y, al mismo tiempo, no puede ejercer uno de los derechos que lleva aparejados. “Me parece muy grave. No entiendo esta situación. ¿Cómo puede haber ciudadanos que no son ciudadanos? ¿Cómo pueden suponer que vamos a votar por un partido u otro cuando cada persona que ha adquirido la nacionalidad a través de la ley de nietos es totalmente distinta?”, cuenta Jeanne.

José Robles al llegar a Francia junto a su hermana, Elvira Robles, y su familia de acogida André Huillier y Antoinette Huillier. Foto cedida por la familia.
Ella pertenece al grupo de nacionalizados a través de la ley de nietos que pudo acreditar documentalmente el exilio de su abuelo. En su resolución, el Tribunal Supremo diferenció entre dos grupos de descendientes: quienes obtuvieron la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce este derecho a los hijos y nietos de españoles que perdieron la nacionalidad tras exiliarse “por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual”, y quienes lo hicieron al amparo de una instrucción del Ministerio de Justicia que presume la condición de exiliados de los españoles que se vieron obligados a abandonar el país durante las primeras décadas del franquismo.

La paralización afecta directamente a este segundo grupo. Pero, de momento, el voto está suspendido para ambos mientras los consulados revisan uno a uno los expedientes y determinan a qué grupo pertenece cada nacionalizado. El adelanto electoral ha añadido presión a un proceso ya complejo y a los afectados les preocupa que los consulados no tengan tiempo suficiente para revisar todos los casos antes de la cita con las urnas. Jeanne no sabe todavía si podrá votar. Ha escrito varias veces a los consulados de España en Bruselas, donde vive, y de Lyon, en Francia, su país natal. No ha recibido, sin embargo, una respuesta que aclare cuál es su situación.

Documentos recabados por Jeanne Robles relacionados con el exilio de su abuelo José a Francia.
Laia Ros
Para la joven, obtener la nacionalidad española no ha supuesto un cambio práctico. Como francesa, ya es ciudadana de la Unión Europea. Pero sí ha tenido un significado profundo en su proceso de identidad. La historia de su abuelo siempre estuvo presente en su familia, aunque durante años apenas conocieron los detalles. “Era como un trauma familiar. Lo que pasó cambió la historia de mi familia. Mi abuelo nunca volvió a ver a su padre porque murió antes de que pudiese ir a España”, cuenta. Jeanne ha sido la única de su familia que ha solicitado la nacionalidad española. Lo hizo, dice, “por la memoria de su abuelo”.

Y fue precisamente esa memoria la que la llevó a recorrer archivos en España y Francia para reconstruir su historia. Entre documentos y expedientes fue encontrando las piezas de una vida que durante años solo había conocido a retazos. José llegó a Francia junto a sus dos hermanos. El resto de la familia tuvo que quedarse en Málaga. De aquella despedida, su abuelo conservó siempre una imagen, la de su madre pidiéndole que no soltara nunca la mano de su hermana Elvira, dos años mayor que él, con quien subió a aquel tren. Al llegar a Francia, José permaneció junto a Elvira. Su otro hermano, en cambio, fue enviado a la región de París.

José Robles, con siete años, en primera fila de una manifestación junto a la familia francesa que lo acogió tras su llegada a Francia. Foto cedida por la familia.
En su búsqueda, Jeanne descubrió que no fue la única familia de aquel barrio que envió a sus hijos a Francia. Varios niños partieron en aquel mismo tren, en una evacuación organizada en plena guerra. Entre los documentos del Ministerio de Defensa encontró también el resumen de penas de su bisabuelo, el padre de José. Allí figuraba una condena de 12 años de prisión por haber enviado a sus hijos a Francia, en lo que el régimen franquista describía como “expediciones” organizadas por partidos políticos para “fomentar el descrédito y el menosprecio del glorioso movimiento”, presentando a los menores como presuntas víctimas. La condena, finalmente, quedó reducida a cuatro años de prisión.

Jeanne Robles, una de las afectados por la suspensión del derecho al voto, en su casa en Bruselas, Bélgica.
Laia Ros
Años después, José pudo reencontrarse con su madre. Tras la guerra, ella vendió su alianza de matrimonio para poder pagar el viaje a Francia y volver a ver a sus hijos. Jeanne reconstruyó aquella historia y reunió los documentos que había encontrado en un libro digital que preparó para su abuelo. En la última página escribió una dedicatoria: “A mi querido abuelo, que vivió una vida extraordinaria y a quien no debemos olvidar”. Para entonces, el Alzheimer había comenzado a borrar incluso los pocos recuerdos que José conservaba de su exilio. Jeanne se había encargado de rescatarlos antes de que desaparecieran. Ahora, su última batalla es otra, quiere saber si podrá votar en las próximas elecciones. No tanto por el hecho de depositar una papeleta, dice, sino por lo que ese derecho significa para ella, sentirse también heredera de la nacionalidad de su abuelo.