El avance de la extrema derecha ha dejado de ser una anomalía para convertirse en uno de los ejes de la política europea. En Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) fue segunda en las elecciones federales de 2025, con el 20,8% y 152 diputados. En septiembre de 2026 ganó las regionales en Sajonia – Anhalt, con el 43,8%, y en Mecklemburgo – Pomerania Occidental, con el 38,2%, aunque sin mayoría para gobernar. En Francia, Marine Le Pen encabeza las intenciones de voto para 2027; en España, Vox conserva 33 escaños y aparece reforzado en varios sondeos. Pero hablar de victorias inevitables sería confundir tendencia con destino. Gobierna en Italia con Giorgia Meloni, es decisiva en Hungría y tiene peso en otros países.

En el Parlamento Europeo surgido de 2024, Patriotas por Europa obtuvo 84 escaños, Conservadores y Reformistas 78 y Europa de las Naciones Soberanas 25. No forman un bloque homogéneo: divergen sobre Rusia, la OTAN, la economía y la integración europea. Sin embargo, desplazan la agenda hacia políticas más restrictivas en inmigración, soberanía nacional y freno a la transición ecológica. Ese es quizá su mayor éxito. Incluso fuera del Gobierno, la derecha radical condiciona el vocabulario de sus adversarios. La migración domina las campañas; el endurecimiento penal gana centralidad; las políticas climáticas se presentan como cargas; y la defensa de las minorías se reinterpreta como privilegio de élites urbanas. No necesita controlar todas las instituciones para transformar la conversación: le basta con obligar a los demás a debatir en el terreno que ella ha elegido.

Las razones del ascenso son múltiples. El coste de la vida sigue siendo la principal preocupación nacional y personal de los europeos, con el 36% y el 52%, respectivamente, según el Eurobarómetro. A ello se suman la vivienda inaccesible, los servicios públicos tensionados, la precariedad y el temor a la degradación social. Las crisis financiera, sanitaria, energética y geopolítica han transmitido la impresión de que el futuro será peor que el presente. La inmigración cumple una función central, aunque no actúa sola. Estudios comparativos muestran que las preocupaciones culturales predicen con fuerza el voto radical, mientras las inquietudes económicas amplían su coalición. El mecanismo consiste en conectar ambos planos: las dificultades de vivienda, la saturación de las escuelas o la inseguridad se atribuyen a unas fronteras supuestamente descontroladas y a unas élites que protegerían antes al recién llegado que al ciudadano. Esa explicación no resiste un análisis complejo, pero posee una enorme eficacia emocional. También pesa la pérdida de confianza.

Muchos electores utilizan estos partidos para castigar a gobiernos, medios e instituciones que perciben como distantes. El adversario deja de ser un competidor legítimo y pasa a ser un enemigo que traiciona a la nación. Alemania constituye el caso más inquietante por su historia y por su peso en la Unión Europea. AfD nació en 2013 como reacción euroescéptica a los rescates financieros. Después se radicalizó alrededor de la inmigración, la identidad y la denuncia del sistema. En las federales de febrero de 2025 duplicó prácticamente su resultado anterior y se convirtió en la segunda fuerza del Bundestag. El avance se alimenta de una economía que apenas creció un 0,2% en 2025 tras dos años de recesión. La industria intensiva en energía siguió debilitada y el empleo cayó interanualmente en el segundo trimestre de 2026. A la incertidumbre por el automóvil, los costes energéticos y la competencia china se añade la sensación de deterioro de infraestructuras y administración. La promesa alemana de estabilidad material ha perdido credibilidad cuando Berlín necesita financiar simultáneamente defensa, transición energética y protección social.

El mapa electoral revela además una fractura entre este y oeste. En los länders orientales persisten salarios inferiores, envejecimiento, pérdida de población y la memoria de decisiones tomadas desde centros lejanos. Más de tres décadas después de la reunificación, parte de la ciudadanía sigue sintiéndose tratada como alemana de segunda categoría. AfD convierte ese resentimiento territorial en identidad política: presenta al este como bastión frente a Berlín, Bruselas y las élites occidentales.

Las elecciones regionales de 2026 elevaron el desafío. En ambos casos, las demás fuerzas mantuvieron el cordón sanitario. Pero la barrera tiene un precio: obliga a coaliciones ideológicamente amplias y frágiles, lo que permite a AfD presentarse como la única oposición real. Francia presenta una trayectoria distinta. Marine Le Pen lleva años aplicando una estrategia de “desdiabolización”: suavizar la imagen del antiguo Frente Nacional y combinar el nacionalismo identitario con un proteccionismo social de fachada. El resultado fue visible en las legislativas de 2024. Su Agrupación Nacional consiguió el 33,1% en la primera vuelta y parecía encaminada hacia una mayoría. Las retiradas coordinadas de candidatos de izquierda y del macronismo activaron un frente republicano y frustraron ese desenlace, aunque RN quedó consolidada como gran fuerza parlamentaria. La elección presidencial de 2027 es ahora la gran prueba. Emmanuel Macron no puede optar a un tercer mandato y el centro no ha encontrado un heredero indiscutible. En septiembre de 2026, un sondeo sitúa a Le Pen entre el 33% y el 36% en primera vuelta. Su condena por malversación de fondos europeos, revisada en apelación, no la apartó de la carrera. Una victoria es plausible, pero no está consumada.

Hablar de perspectiva de victoria exige distinguir entre liderar la primera vuelta y conquistar el Elíseo. Le Pen ya llegó dos veces a segunda vuelta y perdió. Conserva un rechazo significativo y deberá responder por la viabilidad económica de su programa. En España, Vox ha recorrido un camino menos lineal. En 2026, varios sondeos vuelven a situarlo por encima de su resultado de 2023, aunque las estimaciones difieren: el CIS de septiembre le atribuía un 16,6%, mientras un promedio de encuestas lo aproximaba al 18,3%. No se trata todavía de una victoria electoral en sentido estricto. Su fuerza consiste sobre todo en arrastrar a la derecha convencional hacia posiciones más duras sobre inmigración, unidad territorial, feminismo y memoria histórica.

El caso vasco muestra, sin embargo, los límites estructurales de esa expansión. Mientras que en el resto de España Vox capitalizaba el desgaste del bipartidismo, en Euskadi ese espacio ya estaba ocupado por un sistema propio obtenido a duras penas mediante la recalcable lucha antifranquista de sus principales formaciones políticas. Hoy un serio PNV ejerce como indiscutible partido de la estabilidad y del orden, con plena legitimidad identitaria frente a una EH Bildu que rentabiliza el voto de protesta y de ruptura, a corto y medio plazo. Espontáneo reparto de roles de hecho, donde la centralidad del clivaje identitario prima sobre el ideológico, junto a una alta cohesión social y mediática, lo que reduce drásticamente el espacio para un nacionalismo españolista desestabilizador que personaliza Vox. No es una excepcionalidad ideológica singular, sino la fortaleza de un duopolio local que ha blindado electoralmente a la comunidad vasca de aventuras destructivas a medio y largo plazo (preventivo cordón sanitario que demostró su virtual eficacia ante el auge de Podemos en el Estado).

Alemania, Francia y España comparten un fenómeno, pero no un guion idéntico. AfD tiene implantación extraordinaria en el este y permanece aislada a escala federal; RN puede conquistar la presidencia incluso sin mayoría parlamentaria; Vox depende de la aritmética de bloques. Tampoco todos sus electorados son iguales. Reducirlos a una sola motivación impide comprender el fenómeno. La respuesta democrática no puede limitarse a la condena moral. Llamar racista a todo votante radical no recupera su confianza y puede reforzar su identidad antisistema. Pero normalizar propuestas discriminatorias deteriora los principios que se pretende defender. La alternativa pasa por combinar límites claros –igualdad ante la ley, independencia judicial, pluralismo– con políticas capaces de reducir la inseguridad material. Eso implica gobernar la inmigración con reglas comprensibles, fronteras eficaces, procedimientos de asilo rápidos e integración basada en derechos y deberes. Implica construir vivienda, proteger rentas y modernizar servicios. La extrema derecha prospera cuando se niegan problemas reales y sus soluciones fáciles quedan sin contestación.

El futuro europeo no está escrito. Dependerá de si los partidos democráticos entienden que el voto de protesta contiene demandas contradictorias pero reales, y de si responden sin adoptar la visión del mundo de sus adversarios. Le Pen, AfD y Vox avanzan porque prometen recuperar el control. La mejor respuesta no es negar esa aspiración, sino demostrar que la democracia puede ejercerse con eficacia, justicia y límites. Si fracasa, la extrema derecha no necesitará asaltar el sistema: le bastará con que los ciudadanos dejen de creer que el sistema trabaja para ellos. Europa ya no mira a la extrema derecha desde la barrera porque ya gobierna amplios territorios del continente sin necesidad de ganar. En Europa el odio en plena metamorfosis, ya avanza. Imparable.