Los Veintisiete cumplieron ayer el último trámite para adoptar formalmente el acuerdo que endurece la política de devoluciones de la Unión Europea, agiliza las deportaciones y consolida la externalización de los centros de depor- tación en terceros países, a donde trasladar a los migrantes sin derecho a asilo mientras se completa su expulsión de territorio comunitario. El Estado español es el único miembro del bloque que votó en contra de la norma, mientras que Bélgica se abstuvo.

El llamado Reglamento de Retorno recibió el aval definitivo en un Consejo de ministros europeos de Interior. El titular de Irlanda, Jim O’Callaghan, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre, dijo que esta directiva, que acelerará los procedimientos de retorno de los que no tienen derecho a quedarse en territorio comunitario, complementa el pacto migratorio y de asilo, «contribuirá a la implementación efectiva, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales».

Uno de los principales elementos de esa nueva legislación es la creación de centros para migrantes en terceros países, a los que los Estados miembros podrán enviar a las personas que no tengan derecho a permanecer en la UE y que hayan recibido una decisión de retorno.

Así, el bloque respalda modelos similares al que el Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconoce que tales acuerdos o convenios pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.

El Consejo precisó que esos acuerdos «solo» se realizarán con países que respeten la legislación internacional y de los derechos humanos.

COOPERACIÓN O DETENCIÓN
El texto endurece las condiciones para los migrantes y obliga a los demandantes de asilo a cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión en caso de que se les deniegue este derecho. Prevé, además, plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses (con una prórroga de seis meses más) si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga.

Además, Grecia instó a la UE a desarrollar un mecanismo de emergencia para suspender temporalmente las solicitudes de asilo en caso de crisis migratorias graves como la de Ceuta, algo que ya planteó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión Europea, cuando habló de «flexibilizar temporalmente» los procedimientos en circunstancias de emergencia.