El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a señalarse a si mismo en al reunión de ministros europeos del Interior, al ser el único que se ha negado a aprobar el nuevo reglamento de expulsiones que prevé la construcción de centros de deportación en … países terceros. Por razones que no son fáciles de entender el ejecutivo socialista ha querido que se vuelva a ver que está completamente aislado ante una corriente general que atraviesa todo el espectro político europeo y que intenta aportar un poco de control en el fenómeno de la inmigración. Y eso a pesar de que la posición disidente del ministro Fernando Grande-Marlaska no tiene ninguna influencia, porque la propuesta ha sido aprobada por el resto.
A pesar de la avalancha sufrida por la ciudad de Ceuta, en la reunión de ministros del Interior en Luxemburgo, Marlaska ha votado no al nuevo reglamento para acelerar las expulsiones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular, que como gran novedad da cobertura legal a los centros de deportación en países extracomunitarios, en caso de que algún país decida crearlos.

El ministro también ha sido de los pocos que no han querido hablar ante los periodistas a su llegada al edificio del Consejo en Luxemburgo, pero sus servicios han difundido una nota con algunos extractos de su intervención en la reunión en la que se habría quejado de la falta de apoyo por parte de otros países europeos. Marlaska ha reclamado «solidaridad operativa, financiera y política» para hacer frente a las crisis migratorias porque «la falta de solidaridad debilita y fragmenta a la UE». El ministro también ha asegurado a sus colegas que ninguno de los que han llegado de forma ilegal a Ceuta ha cruzado hasta la península por lo que a su juicio «el impacto sobre Schengen ha sido cero».
Algunos de los gobiernos pensaban que Pedro Sánchez habría cambiado de posición respecto a la política migratoria y entre ellos no se ha disimulado su estupor ante una postura política que le condena a una posición muy incómoda en la UE. Solo Bélgica se ha abstenido porque Dinamarca e Irlanda tienen condiciones especiales en esta materia por distintas razones. El resto de los gobiernos sin excepción han votado a favor de reforzar las herramientas legales para devolver a sus países cuanto antes a las personas que se encuentran ilegalmente en Europa y a las que se les ha denegado la protección internacional.
En el consejo de ministros, se ha hablado de Ceuta cuya situación se ha convertido en el mayor acicate para que los munistros mostrasen «mucho interés en el mecanismo de respuesta de emergencia» que prometió la presidenta de la Comisión, Ursula von der leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión. El ministro irlandés, que ejercía la presidencia, ha considerado también que sería necesario «mejorar la cooperación con países terceros para facilitar la readmisión de sus ciudadanos» y en este sentido ha dicho que «la UE debe usar más las herramientas de las que dispone para influir en los países que no cooperan lo suficiente a la hora de readmitir a sus nacionales».
El comisario de Interior, Magnus Brunner, ha considerado que lo sucedido en Ceuta fue «una especie de test de estrés» de la capacidad de reacción ante una avalancha tan grande y que «creo que lo hemos pasado» pero también consideró que se necesita «un marco de respuesta europeo anticrisis que permita a los países miembros reaccionar cuando haya movimientos en masa que se utilizan como agresión» puesto que «una parte importante de nuestros esfuerzos tiene que ver con la protección de nuestras fronteras exteriores».