El Tribunal Supremo de EEUU ha acordado revisar una política de la Administración de Trump que niega las audiencias de fianza a los inmigrantes, mientras el Gobierno lleva a cabo una amplia ofensiva migratoria. Los jueces evaluarán si los inmigrantes que han estado viviendo en EEUU tienen derecho a una audiencia para determinar si deben permanecer detenidos mientras apelan su posible deportación.

La mayoría de los tribunales de apelación que han examinado la cuestión han dictaminado que viola la ley federal detener a inmigrantes, incluidos aquellos que viven de forma irregular en EEUU, sin una audiencia de fianza. Dichas decisiones entran en conflicto con los fallos de los circuitos 5.º y 8.º, los cuales sostuvieron que los inmigrantes acusados de entrar y permanecer ilegalmente en EE UU deben permanecer detenidos mientras se resuelven sus casos de deportación.

Los abogados del Gobierno argumentan que la división entre los circuitos está “perturbando la Administración ordenada de la ley de inmigración”. Afirman que los tribunales del país se han visto inundados de miles de peticiones presentadas por inmigrantes que impugnan la interpretación legal del Gobierno.

“El resultado es un mosaico inviable de aplicación incoherente de las leyes de inmigración, en el que los extranjeros presentes sin admisión están sujetos a detención obligatoria en algunos circuitos, pero tienen derecho a audiencias de fianza y a menudo son puestos en libertad en otros”, escribieron los abogados del Gobierno republicano.

Los demandantes son inmigrantes representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la cual afirma que cientos de jueces de tribunales de distrito se han sumado a la mayoría de los circuitos para rechazar la nueva interpretación de los estatutos por parte del Gobierno de Trump. Sostienen que la Administración intenta denegar las audiencias de fianza a los inmigrantes detenidos en cualquier lugar de EEUU sin importar cuánto tiempo lleven viviendo en el país, en lugar de limitar la restricción a los no ciudadanos interceptados en la frontera. “Millones de no ciudadanos podrían verse afectados por la nueva interpretación del Gobierno”, escribieron los abogados de la ACLU.

El Gobierno de Trump sostiene que su nueva política de detención obligatoria es legal en virtud de una ley de inmigración de 1996. Este cambio de política se aparta de las prácticas de administraciones anteriores, las cuales por lo general permitían que la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales solicitaran una audiencia de fianza si eran arrestados lejos de la frontera.

La familia de Renee Good demanda al Gobierno de Trump
La familia de Renee Good ha demandado al Gobierno de EEUU y a varios funcionarios de inmigración, alegando homicidio culposo, conspiración y otras violaciones a raíz de la muerte de la mujer de 37 años a manos de un agente de inmigración durante una ofensiva federal en Mineápolis. Las dos demandas fueron presentadas por la mujer de Good, Becca Good, y por el hermano de Renee, Brent Ganger.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Renee Good recibió un disparo mortal el 7 de enero, en un momento en que se intensificaban las protestas contra las redadas migratorias en toda la ciudad. Según Becca Good, su pareja detuvo el vehículo en una calle para apoyar a los vecinos durante un operativo de inmigración. El vídeo de un testigo muestra a Renee Good en el asiento del conductor de un todoterreno rojo que bloqueaba parte de la vía y tocaba repetidamente la bocina.

Dos agentes de inmigración bajan de una camioneta con los rostros cubiertos, y uno de ellos le ordena a Good que salga del auto. Ella da marcha atrás brevemente y luego gira el volante mientras el agente repite: “Sal del auto”. Uno de los agentes saca su arma y dispara. Da un traspié mientras el coche gira alejándose de él. El agente, que ahora se encuentra muy cerca de la ventanilla, dispara dos veces más e hiere mortalmente a Renee Good, según un análisis de los videos realizado por AP y otros medios.

Las autoridades federales afirmaron en su momento que el agente actuó en defensa propia y que Good había incurrido en “un acto de terrorismo doméstico”.

La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios por el homicidio culposo de Good y “el inmenso sufrimiento que Renee soportó en los últimos momentos de su vida, así como por las pérdidas profundas y permanentes que su muerte ha causado a su familia”, según un comunicado de prensa de los abogados de Ganger y Good. La demanda, que solicita un juicio sin jurado (ante un juez), también alega la “inflicción intencional de angustia emocional e inflicción negligente de angustia emocional” contra Becca Good.