Los países de la Unión Europea ya tienen una base legal para levantar centros de deportación de solicitantes de asilo en terceros países. El Consejo de la UE ha dado este jueves el paso definitivo al aprobar el reglamento de retornos con la abstención de Bélgica y el único voto en contra de España, que considera que la norma aprobada “no permite garantizar el respeto de los derechos y obligaciones” de quienes sean llevados a ese tercer país. Esta sanción definitiva era el paso que estaban esperando un grupo de cinco países (Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos) que llevan tiempo trabajando en llegar a acuerdos con países de fuera de la Unión que acepten en su suelo este tipo de centros de deportación.

El reglamento aprobado este jueves exige a los países que quieran crear un campo de este estilo —similar al que tiene Italia en Albania— llegar a un acuerdo con un tercer Estado. Y eso es lo que está tratando de hacer ese quinteto de capitales, que se han reunido varias veces en septiembre para coordinar sus conversaciones con los países candidatos: uno de los que suena con más fuerza es Ruanda. Ni siquiera el fracaso del Reino Unido en un intento similar hace ya cuatro años ni el carísimo intento italiano por llevar adelante su centro en Albania desanima a estos países.

“Los acuerdos o convenios solo podrán celebrarse con un país no perteneciente a la UE que respete las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución. Los menores no acompañados están excluidos de estos acuerdos”, destaca el Consejo de la UE, consciente de los ataques que recibe esta iniciativa de sus detractores. La luz verde de este jueves se suma a la que ya dio el Parlamento y ya solo falta el trámite de que el reglamento se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Entre los detractores de este tipo de políticas está España. El Gobierno ha justificado su posición negativa afirmando que esta iniciativa “provoca inseguridad jurídica y ofrece garantías limitadas”. “España considera que estos convenios no permiten garantizar el respeto de los derechos y obligaciones de las personas que serán llevadas a un tercer país”, señala Madrid. “Se amplía el período de privación de libertad [en estos centros] hasta 24 meses, con prórrogas potencialmente indefinidas. Se prevé la posibilidad de detenciones en cadena en diferentes Estados miembros sin ningún límite temporal”.

También rechazan este endurecimiento de la política migratoria de la UE las ONG como Picum, una plataforma europea dedicada a los derechos de los migrantes, que señala que “la respuesta de Europa se centra, una vez más, en la detención y la deportación”. “El reglamento de retorno intensifica la detención de inmigrantes y las deportaciones, fomenta una caza de brujas contra las personas indocumentadas y da carta blanca a los Estados miembros para enviar a las personas a lugares que ni siquiera conocen”, ataca.

Esta ofensiva no ha desanimado a sus defensores, que han aprovechado la cita de este jueves para hablar, de nuevo, de “soluciones innovadores” —eufemismo con el que hablan de este tipo de centros en terceros países— y de que con este reglamento “se va a afianzar jurídicamente” esta iniciativa. “A continuación iniciaremos nuevas consultas con el grupo de cinco países para hacer posibles precisamente esos centros de retorno fuera de la UE”, ha anunciado el ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt.

“Da una base jurídica sólida a los centros de retorno”, ha incidido el ministro austriaco, Gerhard Karner. “Se trata de una decisión de enorme importancia, porque desbarata los argumentos de los traficantes de personas”.

Este paso avanza en la línea de endurecimiento de la política migratoria de la UE, en la que las posiciones de la ultraderecha avanzan con el apoyo cada vez menos esporádico del PP europeo. Y este reglamento, muy probablemente, no será el último, a pesar de que el comisario de Interior, Magnus Brunner, ha recordado en la rueda posterior a la reunión que en los últimos dos años las llegadas de personas que han cruzado las fronteras exteriores irregularmente han bajado un 55%. Precisamente este jueves Grecia ha llevado al Consejo su propuesta de suspender el derecho de asilo en situaciones de crisis, una idea lanzada por su primer ministro, Kyriákos Mitsotákis.

La iniciativa no ha recibido un respaldo explícito de países como Alemania, pero es evidente que les suena bien. De hecho, Dobrindt ha señalado que “hay que hacer una distinción” entre quienes llegan ante una “crisis humanitaria” y quienes lo hacen por “una situación creada por bandas delictivas, por contrabandistas y por la desinformación como base; entonces simplemente tiene que estar preparado para utilizar un procedimiento acelerado al margen de las normas de asilo”.

Estas palabras suenan mucho a las que pronunció la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la UE hace un par de semanas en Estrasburgo. Entonces ella habló de un “nuevo marco europeo de respuesta ante emergencias” con el que, ante situaciones parecidas a las vividas en Ceuta este verano, permitan “de forma temporal” dar “flexibilidad en los procedimientos estándar”. Ese planteamiento ha estado presente este jueves entre los ministros de Interior, pero Brunner no ha desvelado nada más, señalando que sus líneas rojas están en “los derechos humanos y el derecho internacional”.