Una patrulla de la Policía Nacional pasa por uno de los parques más grandes de Valencia y Lorena López, una joven colombiana de 29 años, se queda paralizada y pierde por completo la concentración en la clase de boxeo. Recuerda a los agentes estadounidenses que la detuvieron durante un año y medio en el Centro de Detención Eloy de Arizona y a los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que la deportaron esposada de pies y manos a República Democrática del Congo (RDC) el 15 de abril de 2026. Cuando ve a los agentes, también se acuerda de los hombres armados con los que ella y otros 14 latinoamericanos se cruzaron en el hotel en el que permanecieron en Kinshasa durante dos meses. Enseguida cae en la cuenta de que, desde que en junio pudo salir de ese país africano, es libre y de que está a salvo en España.

Sabe que si la Policía le pide documentos, puede sacar su móvil y mostrar una foto de su carta blanca, el resguardo que acredita que solicitó protección internacional en julio. “Nuestro abogado nos ha explicado que están negando los asilos para los colombianos”, teme, “pero sabemos que hay un pequeño porcentaje al que se lo otorgan. Nos aferramos a esa esperanza”.

López ha aceptado hablar con este diario sobre la odisea que ha vivido como consecuencia de la política de expulsión de migrantes a terceros países de la Administración de Donald Trump, pero bajo la condición de que no se use su nombre real. “Imagina estar siempre escondiéndote de la Policía o de inmigración. Hay miedo de ser tratado como una mercancía: ‘agárralo y envíalo lejos”, asegura esta mujer víctima de violencia de género. En 2025, en Colombia, se registraron 118 feminicidios y más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres .

A su lado, Carlos Rodelo, otro colombiano deportado de EE UU a RDC, escucha y asiente. Él sí se presenta con su nombre y accede a que se le tomen fotografías porque busca pedir ayuda a España para que considere su solicitud de protección internacional. “Quiero aclarar que nosotros no estamos aquí por un capricho, es por nuestra seguridad. No podemos volver a Colombia”, cuenta este hombre, de 43 años, originario de Barranquilla y que fue víctima de extorsión y de amenazas de muerte. Las denuncias de extorsión en Colombia aumentaron un 144% en la última década hasta alcanzar los 13.417 casos en 2025.

El recorrido de Carlos Rodelo, deportado a República Democrática del Congo

Salió de Colombia en mayo de 2023. Tras vivir y trabajar en Estados

Unidos, pasó ocho meses detenido y fue deportado a República

Democrática del Congo. En junio de 2026 llegó a España

Jackson, Luisiana

Maryland

Agosto de 2025–

abril de 2026

2023–2025

Vive y trabaja en

este estado

Ocho meses detenido

3

4

2

Madrid

México

6

7

Junio de 2026

En Valencia recibe

apoyo para solicitar

protección

internacional

Qatar

Escala en

el viaje a

España

1

Barranquilla

Mayo de 2023

Senegal

Sale de Colombia

hacia México

Ghana

Vuelo de deportación

con escalas en

Senegal y Ghana

5

Kinshasa,

RDC

17 de abril–

8 de junio de 2026

Llega deportado.

Casi dos meses después,

sale hacia España

Recorrido esquemático. Las líneas no representan los trayectos exactos y algunas ubicaciones son aproximadas.

Fuente: Testimonio de Carlos Rodelo recogido por EL PAÍS.

Por WhatsApp, Daniela, de 31 años y nacida en Cúcuta, cuenta que ella huyó de Colombia tras ser acosada y amenazada por un comandante de la Policía. “Después de todo lo que me ha pasado, yo tengo fe de que todo va a mejorar y de que algún día pueda volver a ver a mi madre y a mis hijas”, cuenta por nota de voz desde otra ciudad en la Comunidad Valenciana. Pide la reserva de su apellido por cuestiones de seguridad.

Estos tres colombianos habían obtenido en EE UU la protección CAT (de la Convención de la ONU contra la Tortura). Esa protección no era un visado ni un asilo político: solo impedía que fueran expulsados a Colombia, pero no a un tercer país. Terminaron en RDC en contra de su voluntad y forman parte de las más de 25.000 personas que Washington ha deportado a terceros países entre el 20 de enero de 2025 y septiembre de 2026. Según datos de Human Rights First y Refugees International, dos ONG que monitorean estos traslados forzados, el Gobierno estadounidense ha firmado acuerdos con más de 35 países de África, Asia y América. Más de 300 detenidos han sido llevados a 14 países de África, entre los que se encuentran RDC, Esuatini, Liberia, República Centroafricana y Sudán del Sur.

Entre el grupo de 15 personas que aterrizaron el 17 de abril en Kinshasa ―tras hacer dos paradas en Senegal y Ghana― había ocho ciudadanos de Colombia. Tres de ellos, por sus propios medios, pudieron salir de RDC y entrar a España, donde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) les brinda apoyo jurídico en sus solicitudes de protección internacional.

Quiero aclarar que nosotros no estamos aquí por un capricho, es por nuestra seguridad. No podemos volver a Colombia
Carlos Rodelo, deportado a Colombia
El proceso no será sencillo, reconoce Jaume Durà, responsable del equipo jurídico de CEAR en Valencia. De las 40.512 solicitudes de colombianos resueltas en España en 2025, solo el 3% obtuvieron algún tipo de protección, según datos de esta organización. Hace un año, la Unión Europea incluyó a Colombia en la lista de países considerados “seguros” pese a que algunas zonas del país aún viven amenazadas por actores armados, por el narcotráfico o por grupos delincuenciales y pese a que es el país donde más matan a defensores del medio ambiente.

“La violencia en Colombia continúa siendo muy alta, con una falta de protección por parte del Estado [a víctimas de distintos delitos]. España concede una tasa de reconocimiento muy baja a las solicitudes de protección de las personas que huyen del país. No debería ser así, hay que ver caso por caso”, afirma, en una entrevista por teléfono.

Conseguir salir de RDC
EE UU y RDC firmaron en diciembre un acuerdo bilateral para que el país africano recibiera deportados. El pacto, que se hizo público en abril, establecía que las personas serían admitidas con un permiso de corta duración. El primer y único grupo que fue llevado a RDC hasta la fecha fue alojado en el hotel Venus Village, a unos 30 minutos del aeropuerto de Kinshasa. Allí, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por solicitud del Gobierno de RDC, brindaba asistencia.

“Aunque era un hotel, parecía una prisión, porque no podíamos salir”, asegura Rodelo. Si necesitaban ir a comprar alimentos o a un locutorio para recibir el dinero que sus familias les habían enviado, según su testimonio, debían pedir acompañamiento. También sufrían cortes de luz diarios y frecuentemente se quedaban sin agua. “La comida era desagradable y todo estaba lleno de mosquitos. Uno me picó y tuve malaria”, agrega.

Cuando había internet, Rodelo buscaba información sobre el país en el que estaba. “Jamás en la vida había escuchado sobre ese lugar”, afirma. Navegando en Google, entendió que al este de RDC, desde principios de 2025, había recrudecido la guerra que libra el Estado contra el grupo rebelde Movimiento 23 de marzo (M23) y que ha dejado miles de muertos y 6,10 millones de desplazados. “También aprendí que hay minería ilegal, mafias y pobreza. Imagina, fue ir de Guatemala a Guatepeor: correr peligro en Colombia, en EE UU y ahora también en el Congo”, recuerda. Con su móvil también consiguió traducir lo que le decían los empleados del hotel, que hablaban en lingala y francés.

López, por su parte, se conectaba para hablar con su abogada y para buscar por internet qué alternativas tenía para salir de allí. “Ella me explicó que estaba en mi derecho de irme a otro país y que buscara alguna alternativa cercana”, recuerda. Eligieron España y renunciaron al retorno voluntario asistido a su país de origen que les ofreció la OIM. Luego, contactaron con el Consulado de Colombia en Kenia para que les ayudara a expedir pasaportes nuevos. A ella, como confirma su abogada, se los había confiscado el ICE.

Entonces, empezó una carrera contra el tiempo porque a mediados de mayo la OMS declaró una “emergencia de salud pública de importancia internacional” por un brote de ébola en el este de RDC. Temían encontrarse con restricciones aéreas o migratorias. Cuando consiguieron los pasaportes, se las arreglaron para reunir el dinero para comprar billetes a Madrid a través de colectas por internet o el apoyo de familiares.

Daniela pudo salir de RDC el 1 de junio rumbo a Francia. López y Rodelo volaron a España el 8 de junio. “No siento rabia contra el Congo. Solo no siento que pueda brindarme la seguridad que busco”, dice López, y agrega: “Más rabia le tengo a EE UU”.

Lorena* tuvo la oportunidad de conseguir un pasaporte, el dinero para viajar y entrar sin visado a un gran número de países. La mayoría de personas se ven obligadas a elegir entre volver a su país, donde pueden sufrir violencia, o encontrar la forma de quedarse en un lugar que no es seguro y donde el Gobierno no les ofrece un estatus permanente
Alma David, abogada de Lorena López*
No es sencillo que las personas deportadas por la Administración Trump consigan salir de los terceros países. Según el monitoreo de Human Rights First y Refugees International, además del grupo de RDC, algunos de los deportados a Uganda también han conseguido marcharse. Alma David, abogada de López y que lleva otros casos similares, asegura que lo que ocurrió con su clienta es “excepcional”. “Tuvo la oportunidad de conseguir un pasaporte, el dinero para viajar y entrar sin visado a un gran número de países. La mayoría de personas se ven obligadas a elegir entre volver a su país, donde pueden sufrir violencia, o encontrar la forma de quedarse en un lugar que no es seguro y donde el Gobierno no les ofrece un estatus permanente”, explica a este diario por mensajes de WhatsApp.

La OIM, en un comunicado de prensa, explica que desde 2025 han atendido y asesorado a 800 personas en esta situación. “Unas 300 de ellas optaron posteriormente por el retorno voluntario. La diferencia entre esa cifra y las decenas de miles de personas trasladadas no es un indicador del esfuerzo de la OIM, sino que refleja el escaso número de gobiernos que nos han invitado a intervenir o que han cumplido las condiciones que exigimos. La mayoría de las personas trasladadas no han recibido ningún tipo de apoyo”. Si una persona decide marcharse por su cuenta, la OIM les apoya mientras están en el país, pero no reciben los beneficios del programa de retorno voluntario asistido.

Otros han tenido menos suerte. Algunos de los expulsados a Esuatini hace más de un año siguen recluidos en una prisión de máxima seguridad.

Volver a empezar en España
López, Rodelo y Daniela se reencontraron en España. Entraron por Madrid como turistas, porque temían solicitar protección internacional en el puesto fronterizo y ser expulsados o detenidos, como ya les había sucedido en EE UU. “Pasamos Migración y fue tanta la emoción que sentimos que se nos quedó una maleta en el aeropuerto”, ríe López. Pocos días después se fueron a Valencia. Pero nadie les alquilaba una habitación ni encontraban plazas en los albergues humanitarios. “Dormíamos en los parques. Pero incluso así éramos felices y libres. Nuestra vida dependía de nosotros mismos, no de otras personas”, recuerda.

Un día llegaron a las oficinas de CEAR y allí consiguieron apoyo psicológico y jurídico para empezar su solicitud de protección internacional. Una vez iniciado el trámite, obtuvieron un Número de Identidad de Extranjero (NIE) que les permitió encontrar un alquiler, empadronarse y acceder a la sanidad pública. Sin embargo, no les da permiso laboral. Rodelo, por ejemplo, tira de los pocos ahorros que le quedan de EE UU para evitar pedir ayuda a su familia en Colombia. Hace más de un año que no puede enviar remesas.

Lorena López (de espaldas) y Carlos Rodelo en un parque en Valencia el 26 de septiembre de 2026.
KIKE TABERNER
Mientras se resuelve su expediente, los tres colombianos viven con una mezcla de paz y temor. Han visto en las noticias que en España entró en vigor el nuevo pacto europeo sobre migración y asilo que hace más ágiles, aunque también más estrictos, los procesos de resolución de protección internacional. También, abre la puerta a la creación de centros de deportación en terceros países para expulsar a inmigrantes en situación irregular. El Gobierno de España, no obstante, ha rechazado esta última medida. Por eso, a pesar de todo, en España, sostienen, tienen depositadas sus esperanzas de retomar la normalidad que perdieron en los últimos años.

López no llegó a establecer una vida en EE UU. La primera vez que intentó entrar y solicitar asilo en enero de 2024, fue deportada. Tras ser amenazada nuevamente por su expareja en Colombia volvió a intentarlo: solicitó una cita a través de CBP One, una aplicación móvil del Gobierno estadounidense que permitía a los migrantes solicitar ingreso legal o asilo. Sin embargo, el día que la citaron en el puesto de control en la frontera con México, en septiembre de 2024, la detuvieron durante año y medio. Aunque fue liberada en febrero de este año, el ICE la detuvo nuevamente en marzo y la deportó a RDC.

Rodelo, por su parte, había llegado a EE UU en mayo de 2023 y había obtenido la protección CAT en febrero de 2025. Con ese documento, obtuvo un permiso de trabajo y se ganó la vida como transportista y mensajero hasta que en agosto de 2025 fue detenido por el ICE en sus oficinas, durante una cita rutinaria de migración. Pasó ocho meses en una correccional de Luisiana hasta que, a mediados de abril, los agentes tocaron a su celda. Lo llevaron al aeropuerto y solo allí supo que iba rumbo al continente africano.

Daniela entró por la frontera con México en diciembre de 2024 y se entregó a las autoridades migratorias. Estuvo detenida hasta febrero de 2026 y tras salir, con un CAT y un permiso de trabajo, pidió una autorización para establecerse en Dallas. “Allí llegó el ICE el 2 de abril. Tocaron la puerta de casa para verificar mi orden de supervisión. Me dijeron que debía acompañarlos. Acepté, me sacaron esposada y una vez estuve en sus oficinas, me dijeron que me enviarían a un tercer país”, relata.

EE UU ha defendido su política de deportación pese a las críticas de organizaciones internacionales y ONG defensoras de derechos humanos. Un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece que, antes del traslado, el Gobierno comprueba si el país receptor garantiza que la persona no será enviada a otro destino donde pueda sufrir tortura. Si el Departamento de Estado considera creíbles esas garantías, la deportación puede llevarse a cabo sin trámites adicionales y sin preguntar a la persona si teme por su seguridad en ese país.

No obstante, la medida ha sido llevada a varios tribunales en EE UU y ahora está en disputa. El 18 de septiembre un tribunal federal de apelación dictaminó que las expulsiones eran ilegales y que violaban el debido proceso al no notificar a las personas con suficiente tiempo la decisión de trasladarlos a un tercer país. Unos días después, la Administración Trump, en un recurso de urgencia, pidió al Tribunal Supremo de EE UU suspender esta decisión y permitirle continuar con los procedimientos. El Tribunal, en una resolución de emergencia, ha dado luz verde a Trump de forma temporal, mientras prepara un fallo definitivo para el próximo año.