Las imágenes de la crisis de Ceuta, sacudieron los cimientos de la política migratoria europea, que desde hace varios años ha optado por reforzar sus fronteras y hacer cada vez más difícil la llegada a su territorio de personas de forma irregular. El Pacto de Migración y Asilo en marcha desde julio y la directiva de retornos, son «una buena base», ha defendido el comisario de Migración, Magnus Brunner, en el Consejo de Interior de Luxemburgo. Pero, ha reconocido, que crisis como la vivida en la ciudad autónoma, dejan en evidencia que el bloque necesita un mecanismo de emergencia para actuar ante llegadas masivas. Varios países y el Partido Popular Europeo defienden que se suspenda el derecho de asilo y los procedimientos individuales en este tipo de circunstancias. España está en contra de esta medida y busca un aval europeo a su procedimiento de rechazo en frontera.

En su discurso ante el Parlamento Europeo, en septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió la puerta a crear un mecanismo que permitiría una flexibilidad temporal y limitada de los procedimientos de la UE. En la práctica se trataría de agilizar los estándares de expulsión y repatriación de las personas que no tengan derecho a permanecer en Europa. El Partido Popular Europeo ha recogido el guante de la política alemana que pertenece a este grupo político y presiona para que se adopten medidas excepcionales para efectuar devoluciones sin procedimientos de asilo individuales ante situaciones de «ataques híbridos».
En esa misma línea se han pronunciado varios de los ministros de Interior de la UE. El titular griego de Migración y Asilo, Athanasios Plevris, ha defendido crear «reglas especiales» ante «llegadas masivas como la de Ceuta». Entre esas medidas se encontraría la suspensión del derecho de asilo, algo en lo que ha coincidido el ministro austríaco, Gerhard Karner, quien afirma que «en situaciones excepcionales» no se debe analizar «caso por caso», sino establecer una «declaración general», ante un movimiento masivo que «no tiene nada que ver con el asilo.

España no ve con buenos ojos esta propuesta y pide una propuesta de Bruselas que tenga más que ver con la gestión fronteriza que con los procedimientos de asilo. El Gobierno español defiende que se preserve el derecho a asilo y busca un aval europeo al proceso de devoluciones español, que solo se aplica en las fronteras de Ceuta y Melilla y que permite las ‘devoluciones en caliente’.

Este jueves los Veinsitiete también han dado luz verde definitiva a la directiva de retornos, que acelera las deportaciones y abre la puerta a construir centros de detención de migrante en países fuera de la UE. La normativa ha salido adelante con un único voto en contra, el de España. El Gobierno ha señalado que los centros de detención plantean «serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas» y que «los recientes acontecimientos de Ceuta ponen de manifiesto que la normativa europea carece de instrumentos que permitan el retorno eficaz en situaciones excepcionales que se apartan de lo ordinario».