Los ministros de Interior de la Unión Europea dieron este jueves el visto bueno definitivo al llamado ‘Reglamento de Retornos’, consolidando

uno de los giros más drásticos en la política migratoria del bloque. Esta nueva legislación, aprobada con el único voto en contra de España, abre por primera vez el marco legal para trasladar a migrantes irregulares a centros de deportación situados en terceros países fuera del territorio comunitario cuando no puedan ser repatriados a sus países de origen.

El pacto definitivo llega tras un verano marcado por la crisis migratoria en Ceuta, que no solo desencadenó fuertes tensiones diplomáticas entre socios europeos, sino que aceleró la exigencia de mano dura por parte de varias capitales. En el debate, celebrado en Luxemburgo, el titular de Interior alemán, Alexander Dobrindt, defendió prescindir de los pasos administrativos habituales de protección internacional ante emergencias migratorias, recalcando que "podría haber situaciones en las que no sea necesario

aplicar los procedimientos de asilo habituales".

El texto aprobado obliga a los solicitantes cuya petición sea denegada y por tanto no tengan derecho a permanecer en la UE a salir del país correspondiente y a colaborar con las autoridades. Asimismo,

sancionará a aquellos que rechacen cooperar mediante medidas como la reducción de ayudas

, la pérdida de incentivos al retorno voluntario, multas o, cuando lo permita la legislación nacional, sanciones penales.

El nuevo reglamento permite adoptar medidas excepcionales para quienes sean considerados una amenaza para la seguridad nacional, incluida la prohibición de entrada sin límite temporal o una detención prolongada.

Además, se pone en marcha la Orden Europea de Retorno, un formulario común que permitirá a los Estados miembros

compartir información sobre sus propias decisiones de retorno

y facilitar su reconocimiento entre países. Por ahora, este reconocimiento será voluntario y se revisará tres años después de la entrada en vigor del reglamento.

Sin embargo, los puntos más polémicos giran en torno a la privación de libertad y la externalización de las fronteras. El internamiento de migrantes deja de verse como un último recurso, y se permitirá encadenar detenciones entre distintos Estados miembros extendiendo los periodos de reclusión hasta los 24 meses de forma prorrogable.

Ante esta postura,

España se quedó sola en su rechazo siendo el único Estado miembro opuesto al texto

, aunque Bélgica se abstuvo. En la declaración oficial incorporada al acta del Consejo, la delegación española justificó su rechazo alertando del riesgo de vulnerar el principio de no devolución recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El documento español califica los centros en terceros países de motivo de “enorme preocupación”, señalando que se basarán en convenios no vinculantes que generan “inseguridad jurídica y limitadas garantías”, permitiendo incluso trasladar a familias con niños a países desconocidos con los que no tienen relación.

Pese a las objeciones sobre su encaje legal y su efectividad, el bloque comunitario da luz verde a un modelo que lleva meses gestándose. El reglamento se publicará próximamente en el Diario Oficial de la UE y comenzará a aplicarse al día siguiente. Algunas medidas, como las relativas a los centros de retorno, tendrán efecto inmediato, mientras que aquellas que requieran trabajos previos entrarán en vigor un año después.