La investigación judicial sobre la cadena de omisiones y descoordinación que precedió a la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio vivió este jueves otra jornada decisiva en la Audiencia Nacional. Gonzalo Sanz, quien fuera hasta el pasado 11 de septiembre jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ratificó ante la jueza María Tardón la versión que precipitó su salida del cargo: alertó personalmente a su entonces superior directo sobre los mensajes que un oficial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le estaba remitiendo a través de WhatsApp en las fechas previas a los hechos.

Según confirmaron fuentes jurídicas, el exjefe de gabinete explicó que dichas comunicaciones advertían expresamente sobre una intensa movilización en redes sociales, donde diversos foros que sumaban más de 180.000 seguidores coordinaban un llamamiento masivo para asaltar la frontera por la valla y el mar el 30 de julio. Sanz no se limitó a sostener su relato de palabra. En sede judicial, presentó la prueba documental que sustenta sus afirmaciones, al entregar un volcado detallado con capturas de pantalla, registros de llamadas e historiales de conversación que prueban la fluidez del contacto que mantuvo con el agente de Inteligencia entre el 27 y el 29 de julio.

Cuestionado por la jueza Tardón sobre la abierta contradicción entre su testimonio y la postura pública mantenida por Pérez Triano – quien negó haber recibido una alerta formal e inminente – , Sanz mantuvo un tono comedido, deslizando ante la magistrada que la posición del exdelegado del Gobierno podría responder a que, simplemente, no recordara la conversación formal en la que le dio traslado de las advertencias del CNI. Asimismo, aclaró que su dimisión inmediata se produjo precisamente al constatar que su superior le desmentía públicamente, comprometiendo su profesionalidad.

Apenas tres días antes de este interrogatorio, el propio Pérez Triano presentó su dimisión como delegado, dejó también la dirección del PSOE ceutí y aseguró – en un giro total de discurso – que sí habían advertido desde antes de la «grave crisis migratoria», reclamado «medidas y refuerzos» y remitido informes y comunicaciones a Madrid. Su situación judicial está ahora en manos de Tardón.

En esta misma jornada compareció también ante la magistrada el jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega. Su testimonio aportó el contrapunto operativo a las filtraciones de Inteligencia, asegurando tajantemente ante la magistrada que la Jefatura de la Policía Local no tuvo «información previa» ni recibió notificación o alerta alguna por parte de la Delegación del Gobierno o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el riesgo inminente de un asalto fronterizo.

En su intervención, el mando de la policía municipal quiso acotar de manera estricta el ámbito de competencias de su cuerpo. Vega recordó a la jueza que la Policía Local carece de atribuciones en materia de extranjería, control de fronteras o análisis de seguridad nacional, ámbitos que corresponden en exclusiva a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno. No obstante, enfatizó que, de haber dispuesto de un simple aviso preventivo por parte de las autoridades competentes, la Policía Local habría podido reorganizar sus efectivos urbanos y prestar apoyo en los accesos perimetrales y en el control del tráfico previo al colapso del Tarajal. Con su declaración, el jefe policial traslada de lleno la responsabilidad de la falta de previsión a los órganos receptores de los informes confidenciales.

Estas dos comparecencias completan el marco de una instrucción que se aceleró esta misma semana tras la declaración del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El líder ceutí, cuya Administración está personada en la causa en calidad de perjudicada, sostuvo ante la jueza que intentó ponerse en contacto telefónico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta en diez ocasiones sin éxito entre los días 27 y 29 de julio, logrando únicamente hablar en tres oportunidades con el jefe de gabinete del líder del PSOE. Este extremo ha provocado la réplica por parte del Ejecutivo, que ha hecho público un desglose de los registros telefónicos oficiales asegurando que las nueve llamadas entrantes procedentes de la Presidencia ceutí fueron atendidas de manera diligente y en cuestión de minutos.

Con las pruebas documentales aportadas por Sanz, la instrucción entra ahora en una fase determinante. Tardón analizará en los próximos días los volcados telefónicos entregados por el exjefe de gabinete para reconstruir la cadena de custodia de las alertas del CNI y determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas en la omisión de los protocolos de seguridad.