El Senado aprueba las 'devoluciones en caliente' para inmigrantes que crucen a nado a Ceuta y Melilla
Los populares tratan así de contrarrestar la sentencia del Supremo que se oponía a rechazarlos y que provocó, en parte, la invasión en la ciudad autónoma
ABC, , 30-09-2026El Senado ha dado luz verde este miércoles a la toma en consideración del proyecto de ley para aceptar las ‘devoluciones en caliente’ a inmigrantes que traten de cruzar a nado las fronteras españolas de Ceuta y Melilla. Los populares, gozando de su mayoría absoluta, tratan de blindar las fronteras de las ciudades autónomas españolas sin importar la forma de entrada de los inmigrantes.
La entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes en Ceuta se dio, según Alicia García, portavoz popular del PP, por la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía el rechazo en limite territorial a inmigrantes interceptados en el mar o que trataban de acceder a nado a los territorios españoles en el norte de África. El Alto Tribunal afirmó que quien lograba cruzar una línea fronteriza natural a nado no estaba superando un elemento material de contención fronterizo como vallas terrestres, por lo que no se cumple el supuesto que permite el rechazo inmediato. El Gobierno, tras la crisis migratoria, añadió boyas en el Espigón del Tarajal para incluir la barrera física y poder así devolver a los inmigrantes que tratasen de cruzar hacia España a nado.
El Grupo Parlamentario Popular presentó su proyecto de ley días después de la sentencia del Supremo, aunque no ha sido debatido hasta este miércoles. García, encargada de defender la propuesta, ha recordado a los socialistas que su partido alertó del vacío legal que se sufría en estos territorios: «No quisieron escucharnos», ha lamentado. «Sabemos que si esta reforma hubiera estado aprobada no garantiza que no hubiese habido invasión, pero el pretexto estaba ahí. Nuestra reforma es precisa y garantista», ha estimado la portavoz.
Desde el PSOE, encabezados por los parlamentarios Inmaculada Sánchez Roca y Alfonso Gil Invernón, han considerado que el actual marco normativo resulta «suficiente y eficaz» ya que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional y respaldado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «¿Qué están buscando ustedes esta mañana? Qué problema concreto viene a resolver esta medida», se ha preguntado Sánchez Roca, rechazando el plan de los populares y afirmando que las ‘devoluciones en caliente’ no son inmediatas y que existen procedimientos que hay que cumplir.
Falta de respuestas
Al igual que en el Congreso de los Diputados, los socialistas han tratado de trasladar el foco hacia temas distintos a la crisis ceutí: han preguntado al PP si apoyarán los decretos de vivienda este viernes y han afeado a Feijóo si iba a controlar el «absentismo» de sus senadores en las comisiones de la Cámara. «Están abonados al conflicto», ha acusado Sánchez Roca, valorando que a los populares «no les importa Ceuta» y que solo tratan de sacar rédito del «dolor» y «drama» de la inmigración. Gil Invernón ha aprovechado su intervención para tratar el rechazo del Senado al tratado de amistad con Francia y ha culpado al PP de ser «la nueva extrema derecha». La solución para la crisis ceutí, según el senador socialista, se resuelve con «grandes dosis de respeto y humanidad».
«¿Qué están buscando ustedes esta mañana? Qué problema concreto viene a resolver esta medida» Inmaculada Sánchez Roca Senadora del PSOE
Los socios habituales del Gobierno han criticado también la propuesta de los de García. Nerea Ahedo, senadora del PNV, ha afirmado que su formación no determina lo sucedido en Ceuta como una «invasión» porque la «inmensa mayoría entró a pie». Ha defendido, además, que la sentencia del Supremo que rechazaba las expulsiones inmediatas y que fue utilizada en grupos de inmigrantes para promocionar la entrada a España «no tiene una relación causa-efecto directa» con lo sucedido a finales de julio en la ciudad autónoma. Desde Junts, representados por Joan Bagué, han comentado que tienen «tradición humanista», que no «compartirán posiciones extremistas» y, por ello, rechazarían la propuesta. Igualmente, han exigido al Gobierno que las competencias en inmigración en Cataluña recaigan en la Generalitat.
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