El Ministerio de Defensa enviará a la Fiscalía y al juzgado de guardia de Ceuta el informe de Amnistía Internacional que denuncia presuntas torturas, palizas, humillaciones y otros malos tratos cometidos por militares españoles contra inmigrantes tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. El departamento que dirige Margarita Robles ha ordenado además al Mando de Operaciones que abra su propia investigación para tratar de identificar posibles responsabilidades individuales, según han informado fuentes de las Fuerzas Armadas a este periódico.

La decisión de Defensa coloca por primera vez estas acusaciones directamente en manos del Ministerio Fiscal y de un órgano judicial y abre, de forma paralela, una investigación dentro de la propia estructura militar. El objetivo expresado por el departamento es «investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales» y, al mismo tiempo, «preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas».
El informe de Amnistía Internacional se apoya en entrevistas realizadas a más de 65 migrantes y solicitantes de asilo. De ellas, la organización ha seleccionado 22 testimonios de personas que aseguran haber sufrido agresiones directas de militares. Según la entidad, algunos relatos cuentan con partes médicos, fotografías, vídeos o declaraciones de testigos que permitirían contrastar las lesiones denunciadas.

La organización documenta 22 testimonios de palizas, humillaciones, amenazas y vejaciones sexuales atribuidas a miembros del Ejército

Las acusaciones describen golpes con defensas rígidas, inmovilizaciones mediante bridas, amenazas, confiscaciones de teléfonos y agresiones ocurridas principalmente de noche, cuando los migrantes se encontraban solos en lugares apartados. Amnistía sostiene que pudo comprobar lesiones en la cabeza y recoge el caso de una persona que, según su testimonio, permaneció 25 días sin poder caminar después de haber sido empujada por un militar desde una zona elevada.

La organización relata además un episodio presenciado directamente por miembros de su equipo. Varios militares habrían obligado a levantarse de un banco público a personas «racializadas» después de preguntarles si «eran de aquí». Cuando los observadores preguntaron por qué debían marcharse, uno de los soldados habría contestado: «Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos».
Otros testimonios describen supuestas prácticas de humillación. Algunos jóvenes aseguraron haber sido obligados a raparse el pelo y otros afirmaron que tuvieron que arrodillarse para besar una cruz cristiana. Amnistía recoge también denuncias de mujeres marroquíes que hablan de insultos y vejaciones de carácter sexual. Entre ellas figura el testimonio de una embarazada que asegura que un militar se mofó de ella con comentarios sobre «cómo había podido abrir las piernas».

La organización atribuye de forma particular algunas de estas actuaciones a integrantes de unidades de Regulares y de La Legión. Ambas formaban parte del despliegue militar activado en Ceuta durante la crisis. Las acusaciones, en cualquier caso, tendrán ahora que ser contrastadas tanto por la investigación ordenada por Defensa como por la Fiscalía y el juzgado al que será remitido el documento.

Más de 3.000 soldados
El Ejército fue desplegado el 30 de julio para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad después de que la Delegación del Gobierno reclamara su colaboración ante el desbordamiento de la frontera. La ministra de Defensa explicó posteriormente en el Congreso que el jefe del Estado Mayor de la Defensa dictó entonces las directrices de apoyo y encargó la conducción operacional al Mando de Operaciones. El 25 de agosto, Robles cifró en 3.060 los militares que habían sido desplegados en Ceuta, 2.042 de ellos pertenecientes al Ejército de Tierra.

La propia ministra había subrayado entonces que las Fuerzas Armadas actuaban en apoyo de Policía y Guardia Civil y que no les correspondía el control de entrada y salida de personas ni la aplicación de la normativa de extranjería. Robles defendió ante el Congreso la actuación de los militares desplegados y aseguró que habían trabajado «con prudencia, con profesionalidad y con plena disposición al servicio de España y de los ciudadanos de Ceuta».