La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso, en la que tienen mayoría el PSOE y Sumar, ha aceptado tramitar este miércoles la ‘enmienda pirata’ del grupo plurinacional que busca blindar el derecho a voto de los nacionalizados por la conocida como ley de nietos y que había sido cuestionada por los letrados de la Cámara Baja por haber sido presentada a un texto legislativo sobre educación, ajena, por tanto, al contenido de la propia enmienda.

Tal y como había advertido, el PP ha confirmado que recurrirá la decisión de los partidos en el Gobierno de “despreciar” el criterio de los servicios jurídicos parlamentarios. “Esta chapuza legislativa es la aceptación tácita de que la instrucción de Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, estaba al margen de la ley”, subrayan fuentes de Génova.

La calificación de la enmienda ha sido avalada por PSOE y Sumar y ha contado con el rechazo de la formación de Alberto Núñez Feijóo, que también está representando en la Mesa de la Comisión de Educación.

El objetivo de esta propuesta de modificación impulsada por Enrique Santiago, diputado del socio minoritario de la coalición, es asegurar el derecho a voto de los nacionalizados por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. La presentó después de que el Tribunal Supremosuspendiera cautelarmente el derecho de sufragio a los beneficiarios de la norma salvo para los que puedan acreditar que efectivamente son descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura.

Acto seguido, Vox registró un escrito pidiendo que la enmienda de Sumar no se admitiera a trámite por considerarla lo que en el argot parlamentario se conoce como intrusa. Esta tesis que fue avalada por los servicios jurídicos de la Cámara Baja en un informe que, al no ser vinculante, dejaba la decisión sobre la aceptación o no de su tramitación en manos de la Mesa de la Comisión.

Finalmente, se someterá a votación mediante su inclusión en el proyecto de ley por el que se modifican la Ley de Educación de 2006 y la Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia.

En su informe, los letrados constataban que el tenor literal de la enmienda que se presentó sin adjuntar justificación alguna “resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar”. “No existe en este sentido el mínimo punto de conexión material que permita plantear alguna duda sobre la falta de homogeneidad entre el objeto del proyecto de ley y la literalidad y finalidad de la enmienda”, recalcaban, según informa Europa Press.

Si bien reseñaban que el Reglamento del Congreso “no contiene reglas que limiten el contenido de las enmiendas”, recordaban que sí lo hace la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que “las enmiendas al articulado deben ser congruentes con el mismo y por tanto con el objeto y finalidad de la iniciativa legislativa correspondiente”.

Vulneración de un derecho constitucional
“En el caso de no respetar esta necesidad de congruencia podríamos estar ante una situación de vulneración del derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución, el relativo a la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo”, rezaba el informe.

Según exponían los letrados, esta es la circunstancia que debía ser “ponderada y valorada” por la Mesa de la Comisión de Educación que, finalmente ha admitido a trámite la enmienda.

El siguiente paso será debatirla en ponencia, como el resto de las enmiendas registradas a esta ley. Si logra apoyo suficiente en este primer trámite, será incorporada al informe que se elevará a la Comisión de Educación y, si no es así, Sumar puede seguir defendiéndola para que sea aprobar en comisión o en el Pleno.

Críticas en la bancada ‘popular’
Según el PP, la aprobación de la enmienda es la demostración de que tenían razón al denunciar que la instrucción del Ministerio de Justicia para la aplicación de la eey de nietos iba más allá de lo previsto en la propia disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, pues “abría un nuevo supuesto” para conceder la nacionalidad a descendientes de españoles que no se hubieran exiliados por los motivos sociales y políticos que prevé la norma.

Por este motivo, añaden, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática se recibieron “muchísimas más peticiones” de nacionalidad que las presentadas tras la Ley de Memoria Histórica de 2007, por la que también se abrió la puerta a nacionalizaciones. En este contexto, han incidido en afear al PSOE y Sumar que hayan “decidido hoy despreciar el criterio de los letrados” e “imponer su mayoría” en la Mesa de la Comisión de Educación.