En una declaración institucional, el Ayuntamiento de Hondarribia señaló que «debemos reflexionar, como sociedad y como institución, sobre si hemos proporcionado a esa persona la ayuda y la atención que necesitaba, y sobre si los recursos, mecanismos de coordinación y sistemas de atención de los que disponemos para hacer frente a situaciones complejas han sido suficientes».

Además, reclamó como «imprescindible que los hechos sean esclarecidos con rigor, transparencia y con todas las garantías». Por ello, solicitó que el Consistorio «sea también parte activa de la investigación estableciendo los medios adecuados para evitar que se repitan».

SOS Racismo exigió que esta muerte «no puede quedar impune» y se cuestionó la intervención policial. «¿La ciudadanía está segura con policías que son capaces de semejante actuación? ¿Seguiremos asistiendo a unas instituciones que cierran filas ante cualquier actuación policial, sean cuales sean las consecuencias?», interpeló.

Tildó de «fracaso» la actuación de los servicios de atención a problemas de salud mental, «repe- tidamente puesto de manifiesto por las entidades que trabajan en esa área», demandando «planes públicos, inmediatos y concretos que permitan vislumbrar cambios de calado para toda la sociedad». Exigió, además, que la respuesta judicial a esta muerte «no quede opacada por el hecho de que su autoría provenga de un policía, ni por las características de la persona fallecida».

«VIOLENCIA POLICIAL»
En similares términos, LAB denunció que el suceso es «una muestra más del modelo de seguridad que alimenta la violencia policial, un terrible episodio extremo que se podía haber evitado». «No hay ninguna razón que justifique esta violencia desproporcionada de los agentes; ni las detenciones o investigaciones previas practicadas, ni el hecho de portar un arma blanca lo justifican», añadió.

Por todo ello, exigió el esclarecimiento de los hechos y que se depuren las responsabilidades de los agentes intervinientes, así como de sus responsables directos y políticos, a fin de evitar que este tipo de hechos se repitan.

El PNV de Hondarribia, por su parte, pidió «serenidad y responsabilidad» ante la «gravedad» de lo ocurrido y aseguró que «algo ha fallado en la cadena de protección y atención, desde los recursos sociales e institu- cionales hasta el ámbito judicial».