El venezolano herido por un agente de inmigración en un operativo en Austin el 20 de septiembre fue acusado este martes por el Gobierno federal de agresión, resistencia a la autoridad y por interferir e impedir el trabajo de los funcionarios federales, se lee en una acusación presentada ante la Corte del Distrito Oeste de Texas, y donde compareció. Sus abogados no estaban al tanto de esta acusación criminal.

Wilber Rafael Garcés Pérez fue herido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un operativo que inició luego de que él recogiera un pedido de comida que iba a repartir porque trabajaba con la aplicación DoorDash. Poco después de recibir el disparo, fue trasladado al Centro Médico Dell Seton, donde médicos le hicieron exámenes para llevarlo a una cirugía. Pero fue dado de alta casi cuatro horas después y trasladado a un centro de detención a más de dos horas de distancia de Austin. Aún tiene la bala en su espalda.

El equipo legal de Garcés respondió a EL PAÍS que se enteraron de que el venezolano había comparecido ante la corte este martes porque no asistió esta mañana a una cita que tenían programada.

Cuando finalmente pudieron reunirse, “él sufría un dolor considerable y mareos, y necesitaba analgésicos que no se le habían suministrado”, se lee en el correo enviado por la oficina de la abogada Kate Lincoln Goldfinch. “En lugar de brindarle la atención médica vital que requiere, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) y el gobierno están jugando con su vida”.

En la agenda de la Corte del Distrito Oeste de Texas está fijada para este miércoles la audiencia preliminar de detención de Garcés. En ella se definirá si el migrante permanece detenido o es liberado bajo una orden de supervisión a la espera de un posible juicio. Originalmente, para este miércoles estaba fijada la audiencia para revisar una petición de habeas corpus, pero fue suspendida.

Los agentes versus Wilber Garcés
En el documento de nueve páginas que fue sellado y en una nota de prensa de la corte se explica que los dos funcionarios del ICE que participaron en el operativo —identificados con las siglas LG y DF— iban en dos camionetas SUV sin insignias de la agencia y que solo uno de ellos tenía cámara corporal.

Narran que ese día vieron el vehículo de Garcés, el Toyota sedán azul, estacionado frente a un restaurante y que cuando DF revisó las bases de datos, lo relacionó con el venezolano y notó que tenía orden final de deportación. Cuando Garcés, de 28 años, salió del restaurante, el agente confirmó que era la persona que aparecía en la foto de los documentos migratorios. El venezolano subió a su auto y fue seguido por los dos agentes.

Aseguran que poco después encendieron las luces policiales. DF dijo que LG bloqueó el auto con su camioneta y fue entonces cuando el venezolano se detuvo. Hasta ahora, según la versión de los agentes detallada en el documento, no habían chocado el carro de Garcés.

Al bajarse de las camionetas DF activó su cámara corporal. El video, narra la declaración, muestra a LG uniformado e identificándose como agente del ICE. Ambos funcionarios se acercaron al vehículo de Garcés. Uno de ellos, LG, se paró frente a la puerta del migrante, cerca del espejo retrovisor, y el otro al costado.

“Garcés bajó ligeramente la ventana y habló con LG en inglés. LG solicitó la licencia de conducir de Garcés, quien se la entregó. DF tomó la licencia y confirmó que Garcés era la persona que buscaban”, se lee. Los agentes le pidieron apagar el auto y salir de él: “Garcés hizo caso omiso de la petición de salir del vehículo y entabló una conversación en español con LG sobre mover el automóvil y estacionarlo. El tono de la conversación fue cordial y no agresivo”. Dicen que poco después cerró la ventana y huyó.

LG intentó evitar el contacto con el vehículo, cuentan, pero el espejo retrovisor lateral del lado del conductor le golpeó en el torso. Luego, se muestra una seguidilla de tres fotos del agente justo parado frente al espejo retrovisor. Dicen que los agentes volvieron a sus camionetas, encendieron las luces de emergencia, la sirena y comenzó una persecución “a alta velocidad” en una zona residencial y de comercios.

Hasta este momento hay registro de la cámara corporal del agente migratorio, que decidió apagarla cuando perdió de vista a su compañero y a Garcés en la persecución, y pidió ayuda para frenar al migrante.

En una rueda de prensa un día después del operativo, Garcés llamó a su esposa y contó su versión de los hechos. El venezolano dijo que él no pensaba huir, que sabía que iba a ser detenido. El oficial le ordenó bajar del vehículo y él solo le pidió que le dejara estacionar su auto en algún parqueadero en lugar de dejarlo atravesado en la avenida. “Él me dice: ‘No’. Le dije: ‘No lo voy a dejar aquí”, contó. Cuando el venezolano dio una vuelta en U para estacionarlo, comenzó la persecución. Los agentes chocaron auto con auto y después vino el disparo.

Igual que ha pasado en otros operativos en los que agentes han disparado contra migrantes y ciudadanos estadounidenses, en este caso, el agente alegó que, una vez que logró alcanzar a Garcés, este presuntamente intentó atropellarlo, “lo que generó que él disparara su arma”, se lee en la nota de prensa de la corte de Texas.

Con la bala en la espalda
Han pasado nueve días del operativo en el que Garcés fue herido. Aunque ha visitado tres veces a médicos, incluido un especialista en San Antonio, tiene todavía la bala en su espalda. En su última visita, le alertaron de la urgencia de la operación para evitar daños permanentes.

Su abogada de inmigración, Kate Lincoln Goldfinch, manifestó el lunes preocupación por la posibilidad de que Garcés pueda sufrir una infección generalizada por el tiempo en que ha pasado sin que pueda ser llevado a una cirugía para extraerle el proyectil.

Congresistas de Texas, como Joaquín Castro y Greg Casar, han exigido que el migrante sea liberado para que reciba la atención médica que necesita. Casar, que lo visitó la semana pasada en el centro del ICE en Pearsall, donde está detenido, pidió al Gobierno tomar con “extrema seriedad” la condición médica de Garcés. Describió que la herida de bala aún supuraba sangre, que continuaba con dolor y que se veían grandes moretones en su pecho.

Según la oficina del fiscal de la Corte de Distrito Oeste de Texas, de ser condenado, aseguran, Garcés enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel.

El DHS ha insistido en que Garcés sea deportado en cumplimiento de su orden de expulsión. Por ahora, un juez frenó temporalmente a la agencia de concretar el procedimiento, al menos hasta este miércoles, y más de 100 congresistas enviaron hace una semana una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, insistiendo en que el ICE desista de sus esfuerzos para expulsarlo de Estados Unidos.

La misma petición fue hecha en otra misiva enviada por la Oficina del Fiscal del Distrito del condado Travis, en Austin, donde ocurrió el operativo. El argumento central es que Garcés es “testigo material en una investigación criminal” sobre el operativo en el que recibió el disparo.