El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitirá que la Administración de Donald Trump continúe deportando a migrantes a terceros países distintos a los suyos sin ofrecerles la oportunidad de exponer los perjuicios que podrían enfrentar. Así se ha pronunciado el Alto Tribunal, después de que el Gobierno le pidiera por la vía de urgencia que anulara una orden judicial anterior que bloqueó las expulsiones rápidas y sin el debido proceso.

La decisión es temporal, porque el Supremo anunció que tramitaría el caso con celeridad y escucharía los argumentos orales en diciembre, preparando así el terreno para un fallo definitivo el próximo año. La resolución de emergencia de una sola página no estaba firmada ni indicaba el recuento de votos, como es habitual en estos casos. Las tres juezas progresistas, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, disintieron.

Los magistrados accedieron a la solicitud del Departamento de Justicia de suspender el fallo del juez federal Brian Murphy —con sede en Boston—, quien había frenado la política del Departamento de Seguridad Nacional de trasladar a migrantes a los llamados terceros países, mientras la Administración apelaba la decisión ante el Supremo. El juez Murphy había declarado ilegal el procedimiento actual, debido a que no se brinda a las personas afectadas una oportunidad adecuada para exponer sus inquietudes sobre riesgos de seguridad, lo cual infringe la legislación federal de inmigración.

Más de 25.000 migrantes han sido deportados a 29 países, en África y América Latina mayormente, bajo la política implementada el año pasado. Muchos de ellos han acabado en destinos con los que no tienen ningún vínculo y en los que no se respetan los derechos humanos, como Esuatini, Uganda o Liberia.

Los abogados federales afirmaron que la decisión del tribunal inferior obligó a cancelar un vuelo de deportación que transportaba a unas 70 personas. El Gobierno ha declarado que envía a terceros países a personas con órdenes definitivas de deportación cuando no pueden ser devueltas a sus países de origen o cuando estos no las aceptan. Los abogados federales sostienen que los Gobiernos con los que ha hecho acuerdos ofrecen garantías de que las personas no serán objeto de persecución ni tortura.

Sin embargo, algunos migrantes han terminado encarcelados en países de los que nunca habían oído hablar antes de llegar a ellos. Algunos enfrentan graves riesgos para su seguridad y se ven prácticamente obligados a regresar a los países de los que huyeron cuando ingresaron en Estados Unidos. Los abogados y familiares de muchos de ellos han denunciado que, aunque carecen de antecedentes penales, les han enviado a países donde se enfrentan a torturas y persecución, al igual que lo harían en sus países de origen.

Los detenidos han denunciado que, al aterrizar en sus destinos, son encerrados en lugares que no rinden las condiciones mínimas de habitabilidad y donde la comida y la higiene son deficientes. Además, han relatado haber sufrido malos tratos por las policías locales.

Algunos expertos en inmigración y derechos humanos opinan que las deportaciones a terceros países podrían formar parte de una estrategia de la Administración Trump para incentivar a los inmigrantes indocumentados a marcharse por su propia voluntad.

Respaldo por segunda vez
El Tribunal Supremo, en el que seis de los nueve jueces son conservadores, ya había respaldado con anterioridad la política de la Administración republicana de enviar a inmigrantes a terceros países.

En mayo de 2025, el Gobierno de Trump solicitó a los magistrados que intervinieran y allanaran el camino para las deportaciones a terceros países, después de que un juez federal de Massachusetts bloqueara temporalmente el traslado de personas a países distintos de los suyos —en ese caso, Sudán del Sur— sin darles la oportunidad de presentar objeciones.

El recurso de enviar a personas a lugares que les son desconocidos forma parte de la campaña de la Administración para lograr la mayor deportación de la historia. En muchos de los casos, los migrantes han denunciado que ni siquiera cuando están en el avión saben cuál será su destino. Los deportados permanecen sin poder contactar con sus familias durante días y el acceso a los abogados está muy restringido.

El Gobierno ha añadido más trabas al eliminar a quienes tienen orden definitiva de deportación de los localizadores que proveía en su página web y donde los familiares podían averiguar el paradero de los detenidos.