Tras varios aplazamientos, el último motivado por la crisis migratoria en Ceuta, la consejera Nerea Melgosa podrá reunirse finalmente con la ministra Elma Saiz este jueves en Madrid. La consejera de Reto Demográfico quiere conseguir nuevas “capacidades” políticas para que Euskadi pueda gestionar asuntos relacionados con la extranjería y los modelos de acogida, una cuestión que es cierto que no está recogida como tal en el Estatuto de Gernika porque en 1979 ni siquiera se vislumbraba en el horizonte un panorama con tantos movimientos de población como los que existen en la actualidad. Pero el Estatuto sí recoge competencias relacionadas con los servicios sociales, la salud o la educación, que se llevan ejerciendo de facto durante años en Euskadi con los migrantes y refugiados; y la Ertzaintza tiene reconocido su carácter de Policía integral, lo que ha abierto la puerta a unos primeros acuerdos para que sus informes sean tenidos en cuenta en la expulsión de los delincuentes extranjeros multirreincidentes.

RelacionadasAgirregoitia ve “imposible” una resolución conjunta en la Eurocámara sobre la crisis migratoria de CeutaEl Estado español tiene una serie de competencias exclusivas a la hora de autorizar las entradas en su territorio y en materia de asilo, pero Euskadi quiere que se estudien las capacidades que “pueda desarrollar” en cuestiones relacionadas con la “gestión de extranjería, la relación entre migración y empleo, o la participación en las políticas estatales y europeas que tienen incidencia directa en Euskadi” como el PEMA (Pacto Europeo sobre Migración y Asilo), que recoge conceptos ambiguos como la solidaridad flexible y la posibilidad de que los estados rechacen la acogida a cambio de realizar aportaciones económicas o logísticas. Melgosa también quiere “avanzar en fórmulas estables de coordinación entre ambas administraciones”. “Euskadi desarrolla una parte muy importante de las políticas de acogida, empleo, servicios sociales y convivencia. Por eso, creemos que tiene sentido analizar con rigor qué otros instrumentos podemos asumir para gestionar esta realidad”, argumentó la consejera. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, salió a relucir el centro de refugiados de Gasteiz que quiere imponer el Estado, y la posibilidad de que Euskadi exija tener la competencia sobre esa infraestructura, un centro que el PNV rechaza de plano porque cree que va a estar masificado y no va a permitir una atención personalizada de calidad. Esta cuestión estará en las conversaciones, pero el planteamiento de Melgosa es “más ambicioso” y amplio. “Queremos competencias migratorias sobre ese centro y sobre todo”, dijo.El PNV pide organizar y gestionar la migración para frenar a los ultrasMíriam VázquezUn plan para afrontarlo de manera ordenada

Este encuentro lo concertaron antes de la entrada de miles de migrantes de Marruecos en Ceuta y, por tanto, su objetivo no es abordar el número de menores no acompañados que podría acoger o no la comunidad autónoma vasca (de hecho, en sentido estricto, la competencia es del ministerio de Infancia de Sira Rego, no del ministerio de Migraciones de la socialista Elma Saiz). Melgosa se limitó a constatar que las diputaciones forales ya se han manifestado sobre su capacidad o no de acogida porque la competencia es suya, y puso el foco de la reunión en reclamar las competencias migratorias, y en otras exigencias del lehendakari, como que el Gobierno español redacte un plan para afrontar de manera ordenada este desafío y no a salto de mata con repartos improvisados entre las comunidades cada vez que llega otra oleada (repartos que, además, se enfrentan a los motines de Vox, que cogobierna en varias autonomías). Pradales también ha solicitado en más de una ocasión que Euskadi sea reconocida como “frontera norte” por la presión que sufre como zona de tránsito hacia otros estados de Europa, como el francés, que para más inri suele cerrar la muga de manera unilateral y deja en un limbo a los migrantes, que duermen al raso o en estaciones de autobuses. El reconocimiento como frontera norte conllevaría un reconocimiento presupuestario y una capacidad de interlocución mayor con los estados.