“Ya van siete”. Es el número de trabajadores muertos en los asentamientos chabolistas vinculados al lucrativo cultivo de la fresa en el entorno de Doñana desde el año 2019. Así resume la nueva muerte producida este sábado, la Asociación Multicultural de Mazagón: “En menos de dos semanas muere otro trabajador de los frutos rojos quemado en una miserable chabola. Las personas migrantes son máquinas de trabajar para los empresarios y para las administraciones públicas. Los primeros explotan los cuerpos para sacar el máximo beneficio. Los segundos protegen la precarización laboral y la ausencia de derechos. Se trata de un negocio redondo. El ruido por la muerte de un trabajador pasa y mañana no se hablará de ello. Ya van siete personas muertas en las mismas circunstancias pero no se trata de una fatalidad inevitable. A todas estas personas las mató la miseria en la que vivían y está tragedia tiene responsables”.

El trabajador, de 39 años, murió en el asentamiento de San Jorge, en Palos de la Frontera, en el que en 2019 también había fallecido Toufik Alasal, el primero de los siete temporeros a los que han fulminado las llamas. Son por tanto, dos muertos por las llamas en el mismo lugar. En este asentamiento se han producido en el último lustro, desde febrero de 2021, al menos otros seis fuegos, ocho en total desde 2019, según el recuento de la Asociacion Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA): “El incendio del pasado sábado es un episodio más de una sucesión de incendios que durante años han afectado al asentamiento de San Jorge”.

Estos son los fuegos contabilizados por la ONG. En febrero de 2021, un incendio de grandes dimensiones afectó al asentamiento de Palos. En aquel momento se estimaba que al menos unas 700 infraviviendas estaban contabilizadas en el asentamiento y que casi la mitad resultó afectada por el fuego. Numerosas personas tuvieron que ser desalojadas y, aunque no se registraron personas heridas, las pérdidas materiales fueron enormes. En mayo de 2023, un nuevo incendio en una zona de infraviviendas de Palos provocó el desalojo de 120 personas. Una persona resultó herida leve con quemaduras en los brazos y fue trasladada a un centro de salud.

Y apenas unos meses después, en septiembre de 2023, el fuego volvió a arrasar San Jorge. En aquella ocasión ardieron alrededor de 200 chabolas. Varias personas sufrieron cortes y quemaduras leves. La situación volvió a repetirse en 2025. El 21 de septiembre, un incendio destruyó alrededor de 70 chabolas en San Jorge, dejando a “decenas de personas sin vivienda, documentación, dinero y pertenencias”.

Menos de tres semanas después, el 9 de octubre de 2025, un nuevo incendio afectó a entre 50 y 60 chabolas del mismo asentamiento. Una mujer de 46 años tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad. Era el segundo incendio en menos de un mes. Y en julio de 2026, “volvimos a asistir a un nuevo incendio en San Jorge. El fuego comenzó la noche del 6 de julio, alrededor de las 22:30 horas, y fue extinguido aproximadamente a las 2:15 de la madrugada. En esta ocasión no hubo personas heridas y todavía no se había podido determinar el número de chabolas afectadas ni las causas del incendio”. Antes, en 2019, había perdido la vida en un incendio en San Jorge.

Este asentamiento se encuentra ubicado frente al Polígono Industrial San Jorge de Palos de la Frontera, de ahí su nombre o el de Baldifresa. Durante años, recoge la APDHA en su trabajo, del año 2025, titulado Las fronteras internas en Andalucía, se consideró “el mayor asentamiento de los municipios freseros alcanzando un conjunto de aproximadamente 700 infraviviendas”. Sin embargo, tras los incendios de febrero de 2021 y septiembre del 2023 “el número de infraviviendas se redujo significativamente, quedando alrededor de unas 50 chabolas”.

A las asociaciones y ONG que trabajan sobre el terreno se les agotan ya las palabras. “Cuando un mismo asentamiento sufre incendios una y otra vez durante años y las condiciones que hacen posible que estos siniestros tengan consecuencias tan graves permanecen, resulta imprescindible hablar de un problema estructural”, consideran en APDHA. Las ONG tienen muy claro que hay responsables: la inacción de los empresarios y de las administraciones. “Este es un tema sobre el que se han dicho ya todas las palabras. Hacen falta los hechos. Hay que llevar a cabo las políticas que se han prometido y que estamos esperando durante tanto tiempo”, asegura a este periódico Juan Romero, de Ecologistas en Acción. “Es decir, soluciones ya. Entre otras cosas, consideramos que construir o buscar albergues o viviendas en condiciones mínimas de habitabilidad es posible”.

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“Son los empresarios —sostiene Romero— los primeros que tienen que buscar una solución y después las administraciones públicas, que tienen ayudas que no acaban de llegar. No sabemos por qué hay tantos incendios y no hay una reacción para buscar una solución a este problema. Doñana está llena miseria y se vulneran los derechos humanos, los más básicos. Más de 2.000 personas viven en condiciones de semiesclavitud y lo único que funciona son las cuentas de resultados de un puñado de empresarios. Da vergüenza que tengamos esta situación en Andalucía en Huelva, en la UE y seamos incapaces de arreglar un problema que no es tan complejo. Lo único es tener voluntad y gastarse de esa cantidad de beneficios [una parte] para dar una solución de habitabilidad”.

IU ha llevado la situación en los campos freseros a la Fiscalía, mientras el Gobierno andaluz tiene paralizado el plan que decidió lanzar en 2023 para la erradicación de asentamientos informales e infraviviendas y la inclusión de personas residentes en zonas agrícolas. “por la falta de resolución del Gobierno de España”. Para IU esto no tiene sentido, porque la Junta, argumentan, tiene amplias competencias en Vivienda. El Gobierno ha destinado fondos dentro del marco de Doñana para la construcción de vivienda y para tratar de paliar el problema, pero sin éxito. Hay además problemas de ejecución: así, el Ayuntamiento de Lucena del Puerto, recibió en 2025 una subvención directa de 1,6 millones de euros para contribuir a mejorar las condiciones y habitabilidad de los temporeros. Sin embargo ha renunciado a recibir la subvención de 2026, con la misma cuantía, “debido al estado de ejecución de los proyectos programados para la anualidad de 2025 y dadas las dificultades iniciales ocasionadas para la implementación de la ejecución de los proyectos”.

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El escrito presentado por IU ante la Fiscalía reclama que se indague si algunas actuaciones u omisiones de las administraciones “pueden tener relevancia penal”. IU pretende que los fiscales abran tres líneas de pesquisas. Por un lado, que investiguen las trabas a los empadronamientos, por otro, que echen el ojo sobre la falta de ejecución de los planes prometidos para la erradicación de este chabolismo, ya crónico, y por último, que comprueben la existencia de vulneraciones de los derechos de los trabajadores. “Lo sucedido vuelve a demostrar que vivir en un asentamiento puede costar la vida. No estamos ante una situación desconocida ni sobrevenida, sino ante una realidad que las administraciones conocen desde hace más de dos décadas y frente a la que no han actuado con la urgencia y la eficacia necesarias”, considera Marcos Toti, coordinador de IU en la provincia de Huelva.

“La sucesión de incendios sufridos por San Jorge durante los últimos años debería haber sido suficiente para que las administraciones actuaran de manera decidida”, abunda a Público Carmen Vásquez, de APDHA Huelva. “No estamos —añade— ante una situación desconocida. Las administraciones conocen la existencia de estos asentamientos, conocen las condiciones en las que viven las personas que los habitan y conocen los riesgos derivados de unas infraviviendas construidas, en muchos casos, con plásticos, madera y otros materiales altamente inflamables”.

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“También conocen la ausencia o precariedad de servicios básicos como el agua, la electricidad y el saneamiento, así como las dificultades que estas condiciones generan para la prevención y actuación ante una emergencia. Lo que ocurrió el sábado no puede reducirse a un incendio más. Cuando un mismo asentamiento sufre incendios una y otra vez durante años y las condiciones que hacen posible que estos siniestros tengan consecuencias tan graves permanecen, resulta imprescindible hablar de un problema estructural”, añade Vasquez.

Se suceden los informes y las quejas, pero ahí siguen los asentamientos y “ya van siete” las muertes. En ese informe de APDHA, se recogía: “Estos incendios son recurrentes debido a las condiciones de vida en las chabolas, construidas con materiales inflamables y la falta de medidas preventivas de seguridad, por lo que, ante la pregunta de las condiciones de vida en las chabolas hay un gran consenso al referirse al peligro de un incendio”. “Sinceramente me siento bien en la chabola, aquí en la chabola tranquila, solo el problema es fuego”, afirmó a los investigadores de la APDHA una mujer marroquí, en el asentamiento San Jorge, expone el informe.

En un comunicado, la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho aseguró que, “después de 26 años, todas las iniciativas para la erradicación del chabolismo han sido una farsa”. “No existe —sostienen— una voluntad real de inclusión ni de proporcionar alojamientos dignos. Hasta la fecha, todas las iniciativas han sido papel mojado. La realidad demuestra que la única ‘erradicación’ del chabolismo conocida son las demoliciones realizadas por los ayuntamientos sin alternativa habitacional, los fuegos y la negativa a construir más chabolas”.

“Los servicios de emergencia —añade Vasquez a Público— actúan cuando las llamas comienzan. Bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y organizaciones sociales realizan una labor imprescindible. Pero la respuesta institucional no puede comenzar cuando arden las chabolas y terminar cuando se apagan las llamas. La prevención, la vivienda y la garantía de derechos también son responsabilidades de las administraciones públicas.”

El trabajo Las fronteras interiores de Andalucía expone que en la sección censal del INE que corresponde al asentamiento de San Jorge, la población empadronada de origen africano correspondía en 2025 a un total de 153 personas, 94 hombres y 59 mujeres. Gran parte de la población es de Marruecos, un total de 50 hombres y 50 mujeres, seguido de Argelia y Senegal con 4 varones cada una. “Valga señalar —analiza APDHA— que todos estos datos poblacionales son tomados del padrón, situación que dista mucho de la realidad del asentamiento, donde también identificamos a ocho hombres provenientes de Ghana, Mali y Guinea Ecuatorial, quienes no están empadronados por las trabas administrativas del Ayuntamiento, cuando la ley es clara al respecto”.

Al respecto de la presencia de mujeres, afirma el estudio, “en los últimos años se evidencia un incremento”. “En gran parte —prosigue el informe— vienen contratadas y deciden quedarse una vez termina la campaña [de la fresa]. Si bien, la ley ha introducido algunas modificaciones el año pasado, como el hecho de que los contratos se hacen bajo la modalidad de fijo discontinuo durante un período de cuatro años renovables, con un máximo anual de estancia de nueve meses, generando mayor estabilidad laboral para ellas, muchas decidían quedarse para regularizar su situación aquí, pero han encontrado el proceso más difícil de lo que pensaban”.

“Son personas migrantes —argumenta Romero—, que vienen para trabajar, son imprescindibles para el sector de los frutos rojos, no existirían esos grandes negocios sin el trabajo de la población migrante. Y sobre todo cuando presumen en Huelva de ser súperricos y hombres de influencia, pero están demostrando con su comportamiento que son incapaces de solucionar un problema que ellos han creado. El problema lo ha creado el modelo agroindustrial de los frutos rojos. No existiría ese problema sin ese modelo que excluye a las personas trabajadoras y por supuesto al medio ambiente: están saqueando el agua de Doñana”.

En esta idea abunda el comunicado de Padrón por Derecho: "El sector de los frutos rojos y de la agricultura intensiva bajo plásticos, en general, es un negocio millonario, protegido por todas las administraciones, pero detrás del que se esconde un sistema profundamente depredador, extractivista y desigual. Es una industria insostenible que esquilma la tierra, agota los escasos recursos hídricos de la región y explota hasta la saciedad la vida de las personas que trabajan y sostienen con sus manos la producción, en su práctica totalidad, personas migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, condición que es aprovechada por el empresariado.