Las principales organizaciones mundiales de ayuda a los inmigrantes expresaron ayer su pesar por el endurecimiento de las medidas sobre inmigración acordado el domingo en Suiza. En un referéndum celebrado ayer, un 68% de los suizos votó a favor de la aplicación de leyes más restrictivas en materia de inmigración y derecho de asilo.

Pese a la oposición de los partidos de izquierda, las organizaciones de defensa de derechos humanos y la Iglesia, la población de Suiza votó mayoritariamente en favor del proyecto gubernamental para regular las condiciones de acceso al país, tanto para los inmigrantes como para quienes solicitan derecho de asilo, restringiendo la legislación que se aplicaba hasta ahora. La nueva ley de Inmigración recibió un apoyo del 68%, y la que limita el derecho de asilo, un 67,8%. Ninguno de los 26 cantones del país se opuso a la nueva reglamentación.

Tal como permite la Constitución de Suiza, los opositores habían pedido que fueran sometidos a referéndum estos dos proyectos, que ya fueron aprobados el pasado año por el Parlamento y que tenían un amplio respaldo de la población, según indicaban todos los sondeos.

“La revisión parcial de la ley sobre el asilo tiene como objetivo conservar la tradición humanitaria de Suiza, pero evitando los abusos”, dijo el ministro de Justicia, Christoph Blocher, líder de la Unión Democrática del Centro (derecha populista), que en el 2003 se convirtió en el primer partido de Suiza, con un programa centrado en gran medida en la lucha contra los abusos en el derecho de asilo. El presidente del partido, Ueli Maurer, declaró por su parte que la victoria del sí “demuestra que los problemas relacionados con la inmigración son serios”.

La nueva ley sobre el derecho de asilo prevé el rechazo sin examen de las personas desprovistas de documentos de identidad. Asimismo, suprime las ayudas sociales en favor de los solicitantes de derecho de asilo y las reemplaza por una simple “ayuda de urgencia” de 960 francos suizos al mes (604 euros), cantidad considerada el mínimo vital por las asociaciones de derechos humanos.

Las autoridades también podrán detener durante 18 meses, frente a los nueve actuales, a quienes intenten conseguir el asilo político una vez ya se les ha denegado.

La ley sobre inmigración afectará a los extranjeros que no provengan ni de la Unión Europea ni de Liechtenstein, Islandia y Noruega, a los que se les prohíbe la entrada sin un contrato de trabajo. Quienes soliciten su entrada en Suiza deberán demostrar su calificación profesional y que no se ha encontrado a ningún trabajador suizo o europeo para ocupar ese puesto. El 21% de los 7,3 millones de habitantes de Suiza – es decir, un millón y medio de personas- son extranjeros.

William Spindler, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur), criticó la decisión suiza. “Nos sentimos decepcionados, más aún si se tiene presente que las demandas de asilo en Suiza están en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Suiza ha adoptado una de las legislaciones más restrictivas en Europa y otros países podrían seguirla”, dijo.

La Organización Internacional para las Migraciones calificó la nueva ley de “anticuada” y estimó que la distinción de los extranjeros entre europeos y no europeos “es artificial en el contexto de una economía globalizada”. La disposición puede limitar la contratación de personas altamente cualificadas de países como India, China, Japón o EE. UU.