La Audiencia Nacional se prepara para recibir un aluvión de recursos contra las denegaciones de asilo solicitadas por los inmigrantes que llegaron a Ceuta durante la invasión que se produjo los pasados 30 y 31 de julio. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, el tribunal trabaja ya en un plan para evitar el colapso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, encargada de revisar las decisiones adoptadas por el Ministerio de Interior en materia de asilo.

Tal y como informó este medio, la Policía Nacional calcula que las peticiones de asilo pueden ascender a 6.000 aproximadamente. De momento, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) ha tramitado casi 1.000 expedientes de petición de asilo, según indican fuentes gubernamentales.

Por su parte, el Ministerio de Justicia se ha ofrecido a reforzar cuanto antes la Audiencia Nacional para evitar que se produzca un tapón en la tramitación de los expedientes de expulsión, que tendría como consecuencia directa un retraso en la repatriación de los inmigrantes que entraron de manera ilegal en Ceuta.

Las distintas fuentes consultadas explican que la Audiencia prevé remitir de manera inminente al Consejo General del Poder Judicial un plan de especial de actuación para reforzar la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Posteriormente, será el órgano de gobierno de los jueces el que tendrá que elevar una propuesta al Ministerio que dirige Félix Bolaños. La idea es que la tramitación se agilice y los refuerzos lleguen cuanto antes, según indican fuentes gubernamentales.

Los contactos sobre esta cuestión se han intensificado entre Justicia y la Audiencia en las últimas semanas. El ministro Bolaños y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, han transmitido personalmente al presidente de la Audiencia, Juan Manuel Fernández, su intención de actuar con celeridad para evitar ese embotellamiento de recursos contra las denegaciones de asilo de los inmigrantes.

En una carta, remitida el pasado 16 de septiembre por Olmedo al presidente Fernández, se reiteraba «la plena disposición del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para colaborar con la Audiencia Nacional ante el previsible incremento de carga de trabajo que pueda derivarse en la gestión y tramitación de los casos judiciales vinculados a los sucesos acaecidos en Ceuta los días 30 y 31 de julio del presente».

En la misiva, conocida por este periódico, se recalcaba que «con el fin de garantizar que la respuesta jurisdiccional pueda prestarse con la máxima eficacia y sin dilaciones, es voluntad del Ministerio poner a disposición de la Audiencia Nacional de los refuerzos personales y materiales que resulten necesarios, así como acelerar las actuaciones de digitalización y modernización tecnológica que ya están en marcha».

El Ministerio de Justicia subrayó que su prioridad era «anticiparse a las necesidades que puedan surgir y asegurar que los órganos judiciales y los servicios comunes dispongan de los medios adecuados para afrontar este eventual incremento de actividad en las mejores condiciones posibles».

De momento, no hay cifras definitivas del número de recursos que llegarán a la Audiencia ya que en la actualidad el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska continúa tramitando las peticiones de asilo y denegando la mayoría de las presentadas. Esas decisiones administrativas son recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

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Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y coordinador del Mando Único, Ángel Víctor Torres, cifró el pasado jueves en 7.533 las personas inmigrantes que han regresado de Ceuta a Marruecos desde comienzos de agosto. Asimismo, indicó que hay 2.383 menores extranjeros no acompañados filiados en Ceuta. En estos casos, para el Ejecutivo la prioridad es la reagrupación familiar.

Ángel Víctor Torres afirmó que la mayoría de personas que están en la playa del Trampolín y en la playa de Benítez van a ser devueltas a sus respectivos países, aunque los procesos se pueden demorar hasta 12 semanas, según los cálculos realizados por el Ejecutivo.