El Gobierno de Sanae Takaichi ha decidido que los alimentos paguen menos impuestos justo cuando Japón necesita aumentar sus ingresos. A partir de abril de 2027, el IVA sobre los productos alimentarios bajará del 8% al 1% durante dos años, cumpliendo una promesa electoral envenenada. La rebaja supondrá unos 5 billones de yenes menos de recaudación cada año, alrededor de 30.000 millones de euros, y llega en un momento poco habitual para las finanzas japonesas: los tipos de interés han dejado atrás la era del dinero casi gratis y el coste de financiar una deuda pública que duplica el tamaño de la economía empieza a hacerse visible.

Takaichi defiende la medida como una forma de aliviar a los hogares ante el aumento del coste de la vida y sostiene que el agujero fiscal se cubrirá sin recurrir a nuevos bonos de déficit. El problema es que el Gobierno todavía no ha concretado cómo compensará toda la pérdida de ingresos. Mientras tanto, el rendimiento del bono japonés a diez años ha llegado al 3,025%, máximo en tres décadas, y el Banco de Japón ha elevado el tipo oficial al 1,25%, el nivel más alto en 31 años. El modelo que durante décadas permitió a Japón financiar una deuda enorme con tipos mínimos empieza a funcionar en un escenario bien distinto.

La cuestión no se limita a las cuentas del Estado: Japón también necesita trabajadores. La población activa se reduce mientras aumenta el número de personas que requieren pensiones, atención sanitaria y cuidados. Las empresas recurren cada vez más a trabajadores extranjeros para cubrir puestos que no encuentran dentro del país. En octubre del año pasado había 2,57 millones, un 11,7% más que un año antes, según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Nunca habían sido tantos.

Las previsiones apuntan a que esa dependencia aumentará. Un estudio del Instituto de Investigación Ogata de la JICA calcula que Japón necesitará alrededor de 6,88 millones de trabajadores extranjeros en 2040 para mantener un crecimiento medio del 1,24%, frente a una oferta potencial de unos 5,91 millones. La diferencia ronda el millón de trabajadores. Se trata de una estimación, no de una previsión de inmigración efectiva, y depende de factores como el crecimiento, la productividad y la evolución de los mercados laborales de los países de origen. Para una economía que pierde población activa, atraer y retener trabajadores extranjeros supone una cuestión económica antes que migratoria.

Pero el Ejecutivo de Takaichi está revisando precisamente las condiciones de entrada y permanencia de los extranjeros. En septiembre ha creado una estructura específica para coordinar la política hacia los residentes extranjeros y ya ha abierto grupos de trabajo sobre su aceptación y sobre los requisitos para vivir en Japón. El discurso oficial habla de una «convivencia ordenada» y pone el acento en el cumplimiento de las normas, pero el giro se produce cuando las empresas necesitan incorporar cada vez más trabajadores llegados de fuera.

Sombra de corrupción

La orientación política del nuevo gabinete tampoco es un detalle menor. Takaichi mantiene una agenda nacionalista y conservadora que incluye un mayor gasto en defensa y una política de seguridad más ambiciosa, mientras varios miembros del Ejecutivo arrastran antecedentes relacionados con la financiación política. La propia primera ministra tuvo que defender su decisión de mantener en el Gobierno japonés a ministros vinculados al escándalo de fondos no declarados del Partido Liberal Democrático.

Japón necesita más ingresos para sostener un Estado social cada vez más caro y más trabajadores para mantener en funcionamiento una economía que envejece. Takaichi promete reforzar el país y acelerar el crecimiento, pero sus primeras decisiones van en sentido contrario: reduce ingresos y endurece el debate sobre una mano de obra extranjera que las empresas necesitan. El precipicio al que se acerca Japón no es el de una crisis inmediata, sino el de un modelo que cada vez tiene menos margen para sostener sus propias contradicciones.