EH Bildu está ofreciendo acuerdos. ¿Por qué, para qué y a quién?

Alguien tiene que mantener la posición de la política adulta, la política responsable. El país necesita acuerdos. No se puede plantear el futuro del país, la cuestión nacional, el desarrollo de una sociedad próspera, en estos tiempos de cambios y con la amenaza de la extrema derecha, si no es compartiendo un suelo común entre las diferentes tradiciones políticas del país. Sabemos cuál está siendo la respuesta, pero insistimos en que alguien tiene que mantener alta la bandera de la política responsable.

¿Pero qué tipo de acuerdos? ¿Electorales, poselectorales, en este Parlamento?

Yo me presenté a las elecciones planteando gobiernos colaborativos, y decíamos que íbamos a poner en el centro de la discusión de la gobernabilidad un programa. PNV y PSE ya tenían tomada la decisión de formar una coalición independientemente de los contenidos. El resultado de esa política es evidente, no están de acuerdo en prácticamente nada. Y es una alianza vertical. Para todas las instituciones. Hay dos formas de gobernar: una es ‘somos diferentes pero vamos a debatir sobre contenidos programáticos y buscar un suelo común para cuatro años’, y otra es la fórmula transaccional: tú me das unas cosas y yo otras, pero no hay un proyecto de gobierno sólido que pueda estar a la altura del momento histórico.

¿Qué propone EH Bildu para las próximas elecciones? ¿Por ejemplo, las generales?

En nuestro congreso aprobamos formalmente una resolución en la que, ante la amenaza real de la extrema derecha, proponíamos poner un millón de votos en Madrid que representen la voluntad democrática del pueblo vasco. ¿Cómo? Es lo que habría que debatir. No se trata de que cada uno se presente por su lado con su programa, sino un programa de mínimos consistente en que somos una nación, que entendemos que la democracia y las libertades pueden estar en riesgo por la amenaza de la extrema derecha, y que las crisis que vivimos exigen políticas progresistas.

¿Entre quienes?

PNV, la izquierda confederal en cualquiera de sus formas y EH Bildu, porque entendemos que PSE y PSN se presentarán bajo el paraguas del PSOE.

¿Y para las elecciones municipales y forales?

Cada uno con su programa. La necesidad de la política cooperativa no va en contra del debate político. Es importante mostrar que tenemos modelos diferentes, y las elecciones son el momento en que cada cual tiene que hablarle a la gente y presentarle cuáles son sus alternativas ante la crisis de la vivienda, de la educación, la transición ecológica, servicios públicos, etc. Pero después, con los resultados encima de la mesa, nosotros plantearemos gobiernos cooperativos que pueden tener más de una formulación, desde dentro o desde fuera. Pero con un programa compartido para cuatro años e institución por institución, no vertical para todas, que es lo que ya están anunciando PNV y PSE ocho meses antes de las elecciones. Eso no es un ejercicio de transparencia. Lo que deberían explicar es para qué van a gobernar si no están de acuerdo en prácticamente nada. Y, además, para formar esos gobiernos en muchos sitios necesitarán el apoyo de la extrema derecha.

«El acuerdo sobre el estatus no es un listado de competencias. Es un acuerdo político sobre cómo nos constituimos como comunidad política para hacer frente al futuro»

¿Cuál es su alternativa?

Con los resultados encima de la mesa, hagamos la discusión sobre un programa en cada ámbito institucional. No vamos a participar en ese juego en el que al día siguiente de las elecciones los partidos políticos se reúnen en un despacho y se reparten el pastel de todo el sistema de poder, desde un pequeño ayuntamiento hasta las diputaciones. Eso responde a los intereses de los partidos, no de la gente.

Les reprochan que piden acuerdos, pero que a la hora de la verdad dicen que no…

Si atendemos lo que ha sido la política de los últimos años, la evidencia es que eso es mentira. Hicimos el pacto vasco para la migración, el pacto educativo, la ley de transición energética y cambio climático. Apoyamos la mayor decisión financiera que se vaya a tomar en esta legislatura, que es el endeudamiento de 1.000 millones para invertirlo en la industria vasca. Hemos hecho un pacto con el sistema de perfiles lingüísticos para blindar ese sistema de perfiles lingüísticos. Que no hacemos pactos no es verdad. Otra cosa es que PNV y PSE nos piden una adhesión a sus leyes. Lo que pedimos es que nos digan si quieren o no negociar o cuál es el margen de negociación. Hicimos 100 enmiendas al Plan Director de Vivienda y a la ley de Medidas Urgentes y no nos aceptaron ninguna. Entonces, ahí el margen de negociación es cero. Por tanto, eso no es una negociación. Estás pidiendo una adhesión. Por favor, que no engañen a la población.

En la réplica al lehendakari en el pleno de política general se le vio decepcionado…

Es que ha construido un relato en torno a la figura del lehendakari Agirre, pero parece que no está dispuesto a asumir ese liderazgo. Y el momento lo requiere. Creo que no somos suficientemente conscientes de lo que PP y Vox representan. Pueden poner en riesgo el autogobierno, nuestras instituciones, nuestra identidad nacional. Eso exige poner en práctica el legado de Agirre.

El PNV asegura que eso supone rechazar toda violencia…

No voy a polemizar en torno a la figura del lehendakari Agirre. Hay suficiente material historiográfico para saber cuál fue su posición ética y política ante el alzamiento fascista. Mal vamos si no somos capaces de tener un relato compartido sobre lo que nos hicieron los fascistas en 1936.

«No es verdad que no cerremos pactos. Hicimos el pacto vasco para migración, el educativo, la ley de transición energética, el endeudamiento de mil millones para invertirlo en la industria vasca, y el del Euskara en el empleo público. Otra cosa es que PNV y PSE pidan adhesiones»

También rechazan una alianza antifascista porque aquí PP y Vox tienen poco apoyo…

Pero su capacidad para atacar nuestro autogobierno está en Madrid, no en las instituciones vascas. Según algunas encuestas PP y Vox pueden tener 200 escaños. Con aparatos del Estado y de poder alineados con esa visión, con Santiago Abascal de vicepresidente, pueden tener la tentación de querer cerrar un paréntesis, de disciplinar al soberanismo, a las fuerzas nacionalistas o periféricas, según su visión del Estado. Cada contexto histórico es el que es, no estamos planteando que aquí venga una guerra civil ni que haya un levantamiento del Ejército español. No, no. Pero lo que puede hacer un gobierno, un bloque reaccionario con muchos estamentos del Estado alineados en esa tesis, puede ser muy dañino para este país. Ese es un riesgo real y me llama la atención cuando se trata de relativizarlo.

¿De verdad es posible un acuerdo a tres sobre el nuevo estatus? Ustedes son optimistas pero Andueza parece que corre por la banda…

Estamos convencidos de que el acuerdo es posible. Sobre Andueza, hay que recordar que estas negociaciones parten de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez con el PSOE, que nosotros fijamos en la solución al tema de los presos a través de la aplicación de la legalidad penitenciaria ordinaria, en hacer políticas anti-neoliberales y en abrir el debate de la plurinacionalidad y dar una respuesta democrática a la cuestión territorial. Es posible que Eneko Andueza tenga un problema para situarse ahí, que no tienen el PSC, o el de València o de Illes Balears. Y les renta electoralmente. El PSE parece querer conformarse con quedarse en 8, 9 y 10 parlamentarios, sin buscar convencer a más gente. ¿Por qué? Porque el pacto transaccional con el PNV le otorga una centralidad que la ciudadanía no le da.

Aitor Esteban ha dicho que la carpeta del derecho a decidir está acordada y cerrada…

Sí, lo ha dicho, pero nosotros no vamos a romper la discreción que nos hemos autoimpuesto los tres. Creo que nosotros hemos sido muy responsables, porque somos conscientes de lo que estamos haciendo, del ejercicio político que estamos abordando y en qué momento lo estamos haciendo. Entonces, no vamos a desvelar el desempeño de las negociaciones en contenidos concretos. Esto no quiere decir que la negociación se esté haciendo a espaldas de la gente, porque tengamos en cuenta que hace ocho años aquí hubo una ponencia absolutamente pública y todos los partidos políticos pusimos nuestros contenidos en relación a las cuestiones medulares de un nuevo marco político. Ahora estamos negociando sobre eso y las posiciones de cada partido son bastante conocidas.

«No se puede rechazar una alianza antifascista porque PP y Vox tengan poca representación aquí. Su capacidad para atacar nuestro autogobierno está en Madrid, no en las instituciones vascas»

Pero aunque ahora hubiera un acuerdo parece que ya llegaría tarde…

El plazo que nos hemos dado a nosotros mismos es culminar el proceso negociador antes de la convocatoria electoral. ¿Y para qué? Pues en caso de que se reedite un gobierno progresista de coalición del PSOE con la izquierda confederal, que se pueda implementar ese acuerdo. Y en caso de que venga un gobierno de la derecha, del bloque reaccionario, pues ese acuerdo político pone un mojón. Hay que tener en cuenta que no es solo el acuerdo sobre el estatus, no es solo una caja de herramientas públicas, no es solo un listado de competencias, es mucho más que eso. Porque lo que estamos dibujando es un acuerdo político sobre cómo nos constituimos o reafirmamos como comunidad política para hacer frente al futuro. Y estás dando un horizonte comunitario y compartido al país.

¿Puede ser útil ante el escenario tenebroso que se vislumbra en el horizonte?

Tiene que servir para defender nuestra identidad, nuestros derechos nacionales y nuestros derechos sociales. Es decir, qué capacidades necesitamos aquí para garantizar bienestar e igualdad en estos tiempos que vienen. Bueno, si se da ese acuerdo histórico y esa es la voluntad democrática del país, pues eso es lo que vamos a tener que defender frente a la extrema derecha.

Pello Otxandiano. (Andoni CANELLADA/FOKU)
Pello Otxandiano. (Andoni CANELLADA/FOKU)
«El modelo del Fondo Social de Vivienda encarece los pisos a hacer»

A la imposibilidad de mucha gente de acceder a una vivienda se ha sumado estos días el regreso a la primera plana informativa del drama de los desahucios. Pello Otxandiano sostiene que «si el escudo social estuviera en vigor los últimos desahucios no se habrían producido».

Recuerda la actitud que ha mantenido el PNV en contra de las leyes de vivienda, tanto la del Estado como hace unos años en la CAV. Apunta que «seguramente no es lo suficientemente consciente de la profundidad de la crisis social que supone hoy el tema de la vivienda». Se extraña de ello, porque «el PNV se situaba en una tradición humanista, de democracia cristiana, desde donde, por ejemplo, ha desarrollado políticas sociales como la RGI. Hoy debería entender que el contrato social en este país, en todos los países occidentales, se está rompiendo por la vivienda».

Se explica: «A los jóvenes se les prometía que si tú cumples con lo que se te ha exigido, que es estudiar hacer un máster y tal, tendrás la posibilidad de desarrollar una vida autónoma y eso empieza por tener garantizado el acceso a la vivienda. Pero eso ahora no se produce y la gente reacciona». Afirma que «esto es una crisis muy profunda, que además de que tiene consecuencias sociales también tiene consecuencias económicas, y a la industria en particular».

En su opinión, los jeltzales «siguen anteponiendo los intereses de determinados sectores inmobiliarios, financieros y rentistas frente a la gran mayoría que hoy se ve perjudicada por la situación de la vivienda. De lo contrario, no se entiende la posición del PNV en muchos debates relacionados con la vivienda».

Y eso, para el líder de EH Bildu, tiene también una incidencia en las políticas del Gobierno de Lakua en esta materia. Lo reflejó en su frase de que el consejero de vivienda, Denis Itxaso, del PSE «quiere hacer más, pero no puede, porque el PNV no quiere».

Otxandiano recuerda que se enfadaron cuando lo dijo, pero pone nuevos ejemplos recientes en el Ayuntamiento de Donostia, donde PSE, EH Bildu y Elkarrekin han ido por un lado y el PNV, con el PP, por otro.

Rememora que Aitor Esteban defendió en el Congreso de los diputados que no había que intervenir los alquileres. Estuvieron en contra de la ley estatal y la parte jeltzale del Gobierno de Lakua la recurrió al TC, que no ha aceptado ese recurso. Entonces, «es evidente que PNV y PSE no tienen un modelo compartido».

El análisis de Pello Otxandiano es que «frente a la dicotomía de qué es la vivienda, un derecho a garantizar o un bien de mercado, el PNV hace prevalecer lo segundo frente a lo primero». Sostiene que si se opta por garantizar el derecho «lo primero es intervenir un mercado desbocado, y hay que hacer una apuesta muy potente por la promoción de vivienda pública. Yo creo que Denis Itxaso está más en esto, pero evidentemente no tiene partido para ello».

«Ya dije que el consejero de vivienda, Denis Itxaso, del PSE, quiere hacer más, pero no puede, porque el PNV no quiere»

Contraste de propuestas

El Gobierno de Lakua ha presentado estos días su proyecto de Fondo Social de Vivienda, mientras que EH Bildu tiene su iniciativa “Posible 30K” y pidió al lehendakari la creación de una comisión mixta que analizara ambas. Evidentemente, eso no va a ocurrir.

El parlamentario soberanista ve en el fondo propuesto por el Ejecutivo algunos puntos interesantes, pero también «dos grandes carencias». La primera, «que hay que garantizar una remuneración a sus gestores privados. Por lo tanto, eso repercute en el precio de la vivienda. Es decir, que es posible bajar más los precios». Y la segunda, «que, evidentemente, a medio plazo los gestores van a tratar de maximizar beneficios. Y en el momento en que esas viviendas requieran de inversiones en mantenimiento y demás, pues ahí seguramente surjan problemas».

Frente a eso, Otxandiano defiende que «ya tenemos una estructura pública que es Alokabide para gestionar alquileres, es decir, sabemos cómo se hace. Entonces, no tenemos por qué garantizar una remuneración a otra firma y, por lo tanto, podemos bajar más los precios, y podemos hacer una gestión de los alquileres que sea sostenible en el tiempo, manteniendo un parque público de vivienda, de calidad y buenas condiciones».

El portavoz de EH Bildu defiende la propuesta que ya presentaron hace unos meses y que está «basada o inspirada en el modelo de Viena, que todo el mundo reconoce que es el modelo a seguir de referencia a nivel europeo».

Pero entiende que implementar ese proyecto «exige no mantener políticas continuistas y dar solo pequeños pasos incrementales, sino que requiere un salto».

Por tanto, Pello Otxandiano incide en que «nosotros lo que decimos es que la gravedad de la situación de la crisis de la vivienda exige una respuesta a escala. Y no están dando los pasos que exige el momento y la gravedad del problema. Y además de esto, falta ambición».

Subraya que «además de que el instrumento no es lo suficientemente capaz, está el tema de la escala». A juicio de EH Bildu, «10.000 viviendas en dos legislaturas públicas no es suficiente ambición para hacer frente al gran problema que tenemos».

La propuesta de la coalición ‘Posible 30K’ pretende incorporar al parque público 30.000 nuevas viviendas y movilizar 30.000 viviendas del parque ya construido. «Para ello, es necesaria una gran alianza de país (público-comunitaria) que asuma el reto».