Hay que echar al Gobierno igual que hay que echar a los invasores», dijo este sábado Miguel Tellado en Madrid. El secretario general del PP reclamó así la convocatoria de elecciones al tiempo que calificó de invasión la llegada de migrantes a Ceuta. Tellado puede criticar al ejecutivo con toda la dureza que quiera, pero poner en la misma frase a un Gobierno elegido conforme a las reglas y a personas que buscan un futuro y a las que se quiere expulsar dice bastante más que «queremos ganar las elecciones».

A un Gobierno se le puede deponer y la forma de hacerlo es a través de la moción de censura, como le ocurrió a Mariano Rajoy en 2018, cuando 180 diputados decidieron apoyar al censurante. Mientras eso no suceda, el Gobierno se mantiene hasta que acaba la legislatura y ni siquiera las siguientes elecciones lograrán echarlo, pues su función ya habrá terminado. Así es la democracia, donde existen determinados plazos para que las cosas sucedan, por más que Tellado sueñe con poder «echar» al Gobierno sin pasar por el mecanismo de la moción de censura.
Esta deriva del PP no es nueva. Cuando Podemos entró en el Ejecutivo, el PP recurrió a los tribunales para impedir que Pablo Iglesias participara, como vicepresidente, en la comisión gubernamental de asuntos de inteligencia. Al parecer no aceptaba que un partido tan legítimo como el PP pudiera sentarse también en aquella mesa. Así es, también, la democracia.

Igualmente, corresponde a la Audiencia Nacional investigar lo sucedido en Ceuta y, llegado el caso, determinar la responsabilidad que a cada cual corresponda. Pero una cosa es obvia: tampoco esta investigación decidirá quién tiene derecho a gobernar. En España se puede llegar a La Moncloa sin el permiso del PP y se permanecerá allí mientras el Gobierno goce de la confianza del Congreso o hasta que el propio presidente, vía disolución de las Cortes, decida poner fin a la legislatura. El mecanismo, cierto, es sumamente prosaico, muy alejado del subidón mitinero que produce un «hay que echarlos».