La investigación de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón sobre la entrada masiva e irregular de inmigrantes en Ceuta del pasado mes de julio se aproxima a una frontera que la magistrada ya ha tratado de atravesar sin éxito en otra de sus grandes causas relacionadas con Marruecos.

Hay un

precedente

concreto, que inquieta a la juez en la investigación que trata de determinar si la invasión de la ciudad autónoma constituyó un ataque grave contra la «integridad territorial de España» y pudo afectar a la paz o la independencia del Estado:

el primer narcotúnel descubierto en marzo de 2025 en la llamada «Operación Hades»

, que conectaba de manera subterránea el polígono del Tarajal y Rabat.

Más de un año después de que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que instruye también estas pesquisas, solicitara ayuda a Marruecos a través de una comisión rogatoria para averiguar qué había al otro lado de aquella galería –utilizada, además, tal y como adelantó este periódico, para la entrada irregular de migrantes–

las autoridades de Rabat siguen sin facilitar la información reclamada.

Una falta de respuesta desde febrero de 2025 que ahora cobra especial importancia ante las pesquisas abiertas por los sucesos del pasado julio en la ciudad autónoma y que han supuesto la «muerte» política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes consultadas por LA RAZÓN, aseguran que

Marruecos no está colaborando en estos momentos con las investigaciones policiales españolas como sería necesario

para avanzar en determinadas líneas relacionadas con lo ocurrido en Ceuta. Y entre quienes siguen de cerca las pesquisas, en las que se indaga en la «violación masiva de la soberanía territorial de España» con una «intencionalidad» de atentar contra el Estado, existe «preocupación» porque la experiencia del narcotúnel pueda repetirse ahora.

Las mismas fuentes distinguen, no obstante, entre la cooperación de los servicios de inteligencia de ambos países, donde los canales y la relación continúan funcionando, y la existente en el ámbito estrictamente policial. Es en este segundo terreno donde

se estaría produciendo un «enfriamiento»

durante las últimas semanas, coincidiendo con la controversia provocada tras el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional y remitido a Tardón.

El documento policial describió una actuación «organizada» en la entrada masiva de finales de julio, descartando que se tratase de un fenómeno meramente «espontáneo» al apreciar elementos de «planificación previa y táctica», y señaló la presunta autoría de Marruecos en el asalto masivo a la ciudad autónoma.

La juez de la Audiencia Nacional expuso en una resolución judicial, tras el oficio de los agentes, que

la actitud de la Policía de Rabat no solo evidenció «permisividad» al no tratar de reducir o dispersar a la masa de personas del perímetro fronterizo

, sino que supuso de «guiado activo» al ser los propios agentes marroquíes los que realizaron «indicaciones» a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera.

La interpretación del informe policial provocó una fuerte controversia dentro del propio Ministerio del Interior. La cúpula policial sostuvo, en contra del criterio de la unidad a cargo de la investigación, que sus conclusiones no permitían atribuir a Marruecos la autoría «intelectual» de la entrada masiva ni determinar la implicación del gobierno marroquí. Pero lo cierto es que los agentes identificaron hasta 22 «dinamizadores», entre los que se encontrarían sus homólogos de Rabat e, incluso, servicios secretos de inteligencia.

Es este escenario el que, según las fuentes consultadas, ha complicado

las relaciones policiales con Rabat, que resultan especialmente importantes para reconstruir quién promovió, coordinó y financió la movilización

de decenas de miles de personas hacia Ceuta.

Hay «inquietud» porque, del mismo modo que Rabat ha ignorado las comisiones rogatorias del narcotúnel, que habría sido utilizado durante años para introducir hachís en España evitando los controles fronterizos, desatenderá las peticiones judiciales que la juez Tardón ya adelantó que ordenaría.

Parte de las respuestas que busca la Audiencia Nacional en ambos procedimientos judiciales se encuentran fuera de territorio español y es imprescindible la intervención de Marruecos por las ramificaciones que conducen hasta Rabat.

Una vez que los agentes envíen la información solicitada a la juez sobre perfiles utilizados en redes sociales, datos de geolocalización, horarios de conexión y trazabilidad digital respecto de la invasión del pasado mes de julio,

la magistrada prevé acudir a mecanismos de cooperación internacional.

Pero si Rabat sigue «reticente» a dar ‘su brazo a torcer’, parte de las líneas de investigación podrían quedar sin recorrido, reproduciendo el escenario del narcotúnel.