El jurista Mikel Mancisidor (Bilbao, 1970) lleva apenas siete meses como Ararteko. En su primera entrevista a un medio escrito, el defensor del pueblo vasco considera que la «bofetada» que ha supuesto para Euskadi el último informe PISA puede ser un revulsivo para mejorar la educación y apela a la «corresponsabilidad» para dar una salida a los menores no acompañados de la crisis de Ceuta. Con una dilatada trayectoria en el mundo de las ONG y los organismos internacionales, Mancisidor también considera que, como principio general, es «inaceptable» poner trabas al reparto de comidas a los más vulnerables, como ha ocurrido en Donostia con la prohibición de las cenas a personas sin hogar.

– El batacazo que ha supuesto para Euskadi el informe PISA ha encendido las alarmas en la comunidad educativa. ¿Las sirenas también resuenan en la oficina del Ararteko?

– Los resultados de PISA han sido muy malos, pésimos, en Euskadi. Con todas sus limitaciones, PISA mide cosas importantes, por lo que tener resultados pésimos en esas materias es muy grave. Pero toda la responsabilidad no se puede poner en el sistema educativo. Mejorar los resultados PISA es algo que implica a toda la sociedad.

– ¿Qué se está haciendo mal?

– Bienvenida sea la bofetada que nos ha dado PISA si nos permite primero reconocer una realidad y luego hablar de estos temas en el espacio público conociendo los datos.

– Los expertos apuntan a la proliferación de las pantallas como una de las causas. El lehendakari ha avanzado que Euskadi revisará la estrategia digital en los colegios. ¿Se ha dado demasiado peso a lo digital?

– Se le ha dado un lugar equivocado, porque hemos confundido digitalización con un consumo de cachivaches electrónicos. Y no solo son cosas diferentes, sino que mal utilizadas pueden ser contraproducentes. Esto lo veo como observador, como miembro que fui del comité de Naciones Unidas que se dedicaba al estudio del derecho a la educación, pero también como padre, cuando veía a mis hijos usando un ‘chromebook’ para hacer los deberes escolares más básicos. Cosas que se aprenden mucho mejor haciéndolas con lápiz y con papel. La revisión y en su caso la limitación de este consumo de instrumentos electrónicos en la educación, y fuera de ella probablemente también, es uno de los elementos que tiene que entrar en esta reflexión y en la actuación que hagamos a partir de estos datos.

– Otro debate que coge fuerza es la posibilidad de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. ¿Una medida así podría vulnerar los derechos de los menores o está justificada por un bien superior?

– Los derechos no son absolutos, sino que deben ponderarse con otros derechos y otros bienes para llegar a respuestas equilibradas. La limitación del acceso a los smartphones y a las redes sociales es algo sobre lo que hay que tomar decisiones. De hecho, ya llegamos tarde. ¿Supondría limitaciones? Sí, claro, como cualquier otra limitación que tienen los menores de edad, como conducir, beber alcohol, fumar o incluso votar.

– Los resultados de PISA también han puesto la lupa sobre el impacto de los modelos lingüísticos, al evidenciar que los mejores resultados los obtienen aquellos alumnos que hacen el examen en su lengua materna. ¿Aquí entra en juego también el factor de la segregación social?

– Sí, sin duda. Ante un problema complejo como es la educación, las respuestas que toquen solo una clave son insuficientes. La realidad social que tenemos, que es muy distinta a la de hace unos decenios, afecta. Los temas de segregación, que no son lo mismo pero están relacionados, afectan. El hecho de tener un sistema bilingüe en un contexto sociolingüístico que es el que es, además con la única lengua no latina del Estado, es un elemento que hay incluir en la reflexión. A veces una bofetada como la de PISA nos permite hablar de ciertas cosas sobre las que existe cierta prevención. Nuestro mandato no es tener una opinión política sobre las cosas, es controlar el buen funcionamiento de la administración y la calidad de la democracia en el país. Poner encima de la mesa los datos, sean los de segregación, los de la realidad sociodemográfica o los lingüísticos, enriquece. Lo ideológico ya será la conclusión que cada uno saque de esa realidad y las propuestas de hágase más o hágase menos para mejorar.

– Una de las primeras decisiones que tomó como Ararteko fue recomendar al Departamento de Seguridad la no publicación del origen de los detenidos. Por el momento, el Gobierno Vasco mantiene su política. ¿No le ha hecho caso?

– En este tema el Ararteko ha cumplido con su mandato: ante una polémica social y política, hemos hecho un análisis ponderado, hemos escuchado a todas las partes y emitimos una recomendación que procura buscar una solución que respete todos los derechos de todas las personas. Dijimos que la información sobre el origen de un detenido en una nota de prensa solo se puede dar cuando sea esencial. Una cosa es que el Departamento de Seguridad pueda y deba ofrecer los datos estadísticos, pero en cada caso concreto no siempre es pertinente.

– ¿En qué ha quedado esa recomendación?

– El departamento ha aceptado que tenía que hacer un análisis de hasta qué punto sus nuevas políticas contribuían en su objetivo de luchar contra los estereotipos o contra la asociación de la inmigración con la delincuencia. La resolución la aprobamos en julio y todavía estamos a la espera de que el departamento haga ese análisis. Vamos a darnos unos meses para ver cómo se aplica. Pero entre que el departamento no nos haya hecho caso y que no haya aplicado una recomendación al día siguiente hay un gran espacio de diálogo institucional, que es a lo que la ley nos obliga.

– ¿La crisis desatada en Ceuta está alimentando los mensajes xenófobos y extremistas?

– Pues supongo que sí, pero no me corresponde hacer un análisis de lo que ocurre en la sociedad. A mí lo que me corresponde es evaluar, juzgar y ayudar a las administraciones vascas, que es el ámbito de competencia del Ararteko. Pero no cabe duda de que la crisis de Ceuta marca un punto álgido del desafío gigantesco que supone la migración.

– Una derivada de la crisis de Ceuta que afecta a las diputaciones vascas es el reparto de los menores no acompañados. ¿Deberían hacer un esfuerzo por acoger más menores?

– En lo que atañe a nuestras instituciones, se debe dar un equilibrio entre la corresponsabilidad y la definición de los límites de esa corresponsabilidad en relación con otras comunidades autónomas.

– ¿Los recursos de las instituciones vascas están preparados para acoger a más menores o ya están saturados?

– Ante necesidades crecientes, los recursos de cualquier administración siempre van a ser insuficientes. En Euskadi, hay algunos recursos relacionados con menores que están saturados. Pero la evidencia de que necesitamos una mejora de esos recursos no significa que esté poniendo únicamente el foco en que se necesitan más recursos; se necesita también una reflexión sobre cuál es el marco de nuestra corresponsabilidad frente a esta situación. Ninguna respuesta que se fuera a alguno de los extremos sería válida.

– ¿Cómo se posiciona ante la polémica que ha surgido estos últimos meses en Donostia por la prohibición por parte del Ayuntamiento de las conocidas como cenas solidarias, en las que se repartían comidas a personas sin hogar?

– En general debo decir que repartir pan al hambriento, en nuestra cultura occidental, es un símbolo de una potencia gigantesca. Por lo tanto, poner cualquier límite al reparto es algo que choca. Casi diría que, como principio, es inaceptable. Otra cosa es que toda iniciativa de este tipo tenga que tener en cuenta otros factores que también son importantes, como la seguridad, el control del espacio público… En todo caso, ante un acto de tal potencia como dar alimento a quien lo necesita, los otros derechos que se pueden cruzar tienen que ser también de una potencia muy grande para justificar una limitación.

– ¿Va a tomar alguna iniciativa en este asunto?

– Lo dicho hasta ahora es una reflexión general. En el caso concreto de las cenas de Donostia, la semana pasada nos reunimos con algunas de las voluntarias que llevaban el servicio para conocer de primera mano todos los elementos del caso y su visión. Y en breve tendremos una reunión con el alcalde para conocer los elementos de su decisión. La clave está en si esos otros elementos que hay que ponderar son de suficiente dimensión como para limitar algo tan básico como dar de comer a personas necesitadas.

– ¿Usted defiende que no?

– Yo no voy a concluir ahora cuál es la respuesta porque todavía me queda tener la reunión con el alcalde y porque es probable que nos llegue una queja al respecto. En ese caso, si yo adelantara cuál es mi opinión personal sobre si esos elementos en ponderación son suficientes o no, de alguna forma limitaría la independencia de una resolución que requiere ese estudio pormenorizado. También se debe determinar si se están buscando las alternativas adecuadas.

– En el último año, el Ararteko ha registrado un aumento de las quejas sobre Salud por el incremento de las listas de espera. ¿La próxima huelga indefinida convocada por los médicos agravará más la situación?

– Parece muy probable que así será. A mí no me corresponde valorar la pertinencia o no de la huelga, pero ante la pregunta de si afectará a la prestación del servicio, pues lógicamente afectará.

– La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los vascos y esta semana está de actualidad por la reactivación de los desahucios tras la caída del escudo social. ¿Cuáles son las quejas más comunes que reciben?

– Nos llegan muchos casos de personas que estiman que su derecho subjetivo al acceso a la vivienda no ha sido reconocido adecuadamente.