Una crisis se sucede a otra. El Gobierno ve en la conmoción generada en toda España por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada del piso que había sido su hogar durante siete décadas, una baza para aprobar el macro real decreto ley en materia de vivienda que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, lleva ya muchas semanas negociando sin éxito con todas las fuerzas parlamentarias. Es su oportunidad para tratar de encauzar un problema que, como ya ha sucedido con la gestión del asalto de julio a la frontera de Ceuta, puede generarle un enorme desgaste a pocos meses de unas elecciones que, sean en el primer o en el segundo trimestre de 2027, ya se presentan cuesta arriba. Y su intención es hacer de la necesidad virtud.

En el Ejecutivo veían venir desde hace meses que este podía ser un otoño caliente en materia de desahucios. Es ahora cuando empiezan a ejecutarse lanzamientos derivados de la derogación, el pasado febrero, del escudo social que prohibía desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional y que PP, Junts y Vox rechazaron prorrogar. Por eso – además de por el problema general de la carestía de vivienda que es ya la principal preocupación de los españoles, según el barómetro del CIS – , el Gobierno asumió que no podía quedarse en el discurso de que no tiene mayoría parlamentaria. Y, pese a un segundo fracaso en la primavera, se marcó el objetivo de articular un nuevo texto con cesiones a izquierda y derecha. Los vetos cruzados de sus socios, singularmente de Junts y de Podemos, frustraron sin embargo sus aspiraciones de aprobarlo en julio.

La negociación se pospuso a septiembre, pero en este tiempo no ha habido ningún avance. La situación ha acabado por estallarle en la cara, con crudeza. Y ahora, todo se acelera. Rodríguez dijo una y mil veces, frente a las presiones de Sumar, que no se arriesgaría a volver a llevar a la Cámara baja un texto que no estuviera los apoyos amarrados de antemano para no generar falsas expectativas y no acrecentar la sensación de un Gobierno en colapso. Pero en Moncloa creen que el caso de Maricarmen, que ha desencadenado una ristra de protestas en toda España, servirá de aldabonazo para todos y ayudará a flexibilizar posturas.

El martes, salvo sorpresa de última hora, el Consejo de Ministros aprobará finalmente un texto en el que se recogen propuestas de todos los socios de investidura, haya o no garantías de su convalidación en el Congreso. «La situación ha cambiado también para nosotros – dicen fuentes gubernamentales – , llevarlo para que nos lo tumbaran nos parecía un error político. Ahora es un manera de poner negro sobre blanco, y además en año electoral, que nosotros sí estamos dispuestos a hacer determinadas políticas y que lo que necesitamos son votos».

Los socialistas son conscientes de que están en el punto de mira. Hay, de hecho, cierto malestar con los partidos a su izquierda, incluido Sumar, miembro del Gobierno, por culparlos – como este viernes hizo también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo – , de que, tras ocho años en el poder y muchas promesas electorales, la situación de la vivienda siga siendo crítica. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se desahogó el mismo miércoles en su cuenta de X: «Luego que por qué en Madrid lleva décadas sin gobernar la izquierda. Un asunto que es competencia esencialmente de la comunidad autónoma y el Ayuntamiento se convierte en un cuchillo para que la izquierda, una vez más, se haga el harakiri».

«Los socios han sido un poco torpes en una de sus líneas de actuación, que es transmitirle a la gente que esto debería arreglarlo el Gobierno. Esto es una competencia autonómica – insisten en Moncloa – . Cada vez que el Gobierno de España quiere intervenir tiene que hacerlo vía decreto ley y eso obliga a tener una mayoría parlamentaria, que en estos momentos no existe, para sacar adelante medidas radicales. Es una realidad con la que tenemos que convivir y frente a ella lo que corresponde es pedir a la ciudadanía que en las elecciones nos dé la mayoría suficiente para hacerlo». Es lo que hizo el propio Pedro Sánchez el miércoles desde Nueva York. Cargó toda la responsabilidad sobre el PP y Vox , por un lado, y sobre sus aliados parlamentarios, por otro.

El texto en negociación pretende ser una ley «integral» con medidas en distintos niveles y «reformas estructurales». La propuesta que se hizo llegar a los grupos en julio, por ejemplo, incluía una prórroga forzosa de los alquileres, bonificaciones en el IRPF para quien bajen las rentas, el aumento del IVA de los pisos turísticos o una reforma de la ley del suelo para acelerar la construcción de vivienda y evitar que los planos municipales queden bloqueados por la justicia ante fallos menores; una cesión de Sumar con la que, sin embargo, se negaba a transigir Podemos. Pero entonces, el PSOE se resistía a recuperar la moratoria antidesahucios para poder atraer a Junts. Ahora Junts acepta esa medida a condición de que solo afecte a ‘fondos buitre’ y no a particulares.

Al Consejo de Ministros de este martes, en todo caso, no solo irá el decreto de vivienda. El Gobierno también se ha propuesto intentar llevar una reforma legislativa para recortar los tiempos de tramitación de los expedientes de devolución o asilo de los migrantes en situación irregular que, dos meses después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, siguen en Ceuta.