España tiene un problema serio ante un nuevo asalto masivo a Ceuta o Melilla que se pueda producir en el futuro. Más allá de la limitada capacidad para acoger a decenas de miles de personas de golpe, los policías denuncian que no podrían «hacer nada». Se sienten «atados» de pies y manos porque no cuentan con seguridad jurídica para actuar ante una avalancha humana que entre desde el otro lado de la frontera con Marruecos.

La crisis migratoria de finales de julio, cuando entraron en dos días entre 75.000 y 85.000 personas de golpe, según los cálculos de la Policía Nacional, ha mostrado a todo el mundo las costuras de los sistemas de seguridad, información e inteligencia de España. Si la desclasificación de las comunicaciones por parte del Gobierno dejó vendido al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mostrando sus vías de comunicación, el despliegue de antidisturbios el 23 de septiembre ante una nueva entrada masiva pone de manifiesto que, sobre el papel, los agentes no pueden hacer nada más allá de «poner el cuerpo», como denuncian los sindicatos policiales.

«Si entran 50 o 50.000 el problema es el mismo, que no sabemos qué podemos hacer», explica un mando. La cuestión estriba de la Ley de Extranjería, que a pesar de tener 26 años está aún por desarrollar. Aprobada en el año 2000, ha sufrido distintas modificaciones a lo largo de todo este tiempo, sobre todo, enfocadas en el asilo, la acogida y las devoluciones a Marruecos. Pero nada sobre cómo pueden actuar los agentes de Policía y de Guardia Civil cuando los inmigrantes consiguen entrar de manera irregular en España.

Una de las principales quejas durante estos 60 días de crisis por parte de los agentes es la «falta de órdenes claras». «No hay órdenes porque no hay protocolo, no se ha desarrollado la ley», resume otra fuente. Esto significa que la legislación no especifica qué defensas pueden utilizar ni cuando. «Si entran 40.000, ¿podemos usar las armas de fuego? Probablemente, a nadie se le ocurriría, aunque la ley dice que tenemos que evitar estas entradas. ¿Y las pelotas de goma? ¿Y las defensas extensibles? ¿Podemos detenerlos? ¿Cómo lo hacemos? Ese es el problema para nosotros, que no sabemos qué hacer ni cuándo hacerlo. Y los jefes lo que nos responden es que depende de cada situación».

Ante este limbo jurídico, la mayoría de policías tienen claro que no actuarán más allá de guiar a la muchedumbre hacia lugares seguros, evitando los embotellamientos para que no se produzcan muertos. «Claro que van a entrar. Para devolverlos en el momento tiene que aceptarlos Marruecos, estamos a su merced. Yo puedo abrir la puerta del lado de nuestra frontera, pero si no lo abren ellos, no vuelven. En medio no se pueden quedar».

Los agentes, además, tienen claro que no están dispuestos a enfrentarse a un proceso penal que los lleve al banquillo de los acusados. Y hablan con conocimiento de causa en referencia a los 16 agentes de la Guardia Civil que en 2014 fueron acusados de provocar la muerte de 15 subsaharianos cuando intentaban entrar en Ceuta a través, precisamente, de la playa del Tarajal, donde se produjo la entrada masiva a nado. «Tengo familia, no me voy a jugar pasar por ese calvario como les paso a los guardias».

En febrero de 2014, cuando un grupo de inmigrantes trataron de entrar en Ceuta, los agentes de la Benemérita que se encontraban en el paso fronterizo utilizaron material antidisturbios –en concreto bolas de goma– para disuadirlos de sus intenciones. La tragedia del Tarajal se cobró la vida de 15 personas ahogadas en el mar, y los agentes se enfrentaron a un proceso largo y mediático por su actuación.

Distintas oenegés llegaron a pedir entre 28 y 56 años para los funcionarios, dependiendo de su jerarquía aquel día. La sentencia, que no se conoció hasta 2020, terminó con la absolución de todos. Según el auto de la Audiencia de Cádiz, no se aprecia «relación de causalidad» entre la actuación de los agentes y «los fallecimientos por ahogamiento y lesiones» que se les pretendía imputar, y más allá de algún «matiz de anormalidad», no existió «indicio alguno de desviación o extralimitación» en su comportamiento. Aun así, ningún policía quiere volver a verse en esa situación.