Una amplia mayoría de suizos aceptaron ayer en referéndum las nuevas leyes de asilo e inmigración. El 68% de los votantes apoyó las normativas impulsadas por el Gobierno que dirige el partido ultraconservador UDC. El país helvético sólo permitirá la residencia a trabajadores de la UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Una amplia mayoría de suizos aprobó ayer en referéndum un endurecimiento de las leyes de asilo e inmigración, pese a la oposición de iglesias, partidos de izquierda y organizaciones de defensa de los derechos humanos. El 67,8% de los votantes aceptó las restrictivas condiciones de acceso al derecho de asilo y el 68% aprobó la ley sobre inmigración. Ninguno de los 26 cantones helvéticos se opuso a la nueva reglamentación.

Entre sus 7,3 millones de habitantes, el 21% son extranjeros. El país recibió el año pasado cerca de 19.000 demandas de asilo, la cifra más baja de los últimos 20 años. Alrededor de una tercera parte de las solicitudes fueron aprobadas en los últimos 10 años.

La nueva ley sobre el derecho de asilo prevé el rechazo de las solicitudes de personas sin documentos de identidad. También suprime la ayuda social para quienes hayan visto denegada su solicitud de asilo, reemplazada por una simple “ayuda de emergencia” de unos 600 euros. La ley sobre la inmigración prohíbe la entrada al país de los extranjeros no europeos que no sean contratados para un trabajo preciso. Los candidatos deben probar que disponen de calificaciones profesionales específicas y que ningún trabajador suizo o europeo puede ocupar ese puesto en su lugar.

La nueva normativa refuerza lo que, en la práctica ya se estaba haciendo: sólo se da trabajo a los ciudadanos de la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Tradición humanitaria

“La revisión parcial de la ley sobre el asilo busca preservar la tradición humanitaria de Suiza, pero al mismo tiempo impedir el abuso”, explicó el ministro de Justicia y Policía, Christoph Blocher, hombre fuerte del partido de derecha radical Unión Democrática del Centro (UDC).

La UDC se convirtió en 2003 en la primera formación suiza con un programa orientado en buena medida a combatir lo que ellos denominaban “los abusos del derecho de asilo”. Para su presidente, Ueli Maurer, el “sí” a la reforma “demuestra que los problemas relacionados con la inmigración han sido tomados en serio por los ciudadanos”.

El presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Christophe Darbellay, insistió en la necesidad de trabajar para la integración de los inmigrantes. “No quiero guetos a la francesa”, declaró Darbellay, cuyo partido estaba muy dividido por culpa de estas leyes.

Ursula Wyss, presidenta del grupo parlamentario socialista, reconoció la derrota de los opositores a la nueva ley y pidió al Gobierno que respete su compromiso de aplicar “humanamente” la nueva ley.

La Federación de Iglesias Protestantes de Suiza, la Conferencia de Obispos Suizos y la Federación de Comunidades Israelíes lamentaron también la aprobación de las leyes.

El relator de la ONU sobre el De re cho a la Alimentación, Jean Ziegler, tildó las medidas de “racistas y xenófobas”. En opinión del sociólogo, la nueva legislación “anula prácticamente el derecho al asilo”. Ziegler también criticó la disposición que establece que sólo podrán examinarse las solicitudes de asilo de quienes puedan presentar documentos de identidad. “Imaginemos a un ciudadano de Kurdistán al que se niega el estudio de su petición porque no ha podido obtener un documento de las mismas autoridades que han violado sus derechos”.