La Fiscalía General del Estado ha reforzado la Fiscalía de Ceuta con tres nuevos fiscales ante el ‘colpaso’ de los juzgados ceutís tras la entrada masiva e irregular de personas el pasado mes de julio. En concreto, se han incorporado tres fiscales de refuerzo a la Fiscalía de Área de la ciudad autónoma procedentes de la Península, de modo que, este Ministerio Público pasa de 8 a 11 fiscales operativos.

Este pronunciamiento de la institución se produce después de que la Fiscalía de Ceuta tuviera conocimiento de alguna denuncia concreta presentada por la Policía Nacional en que menores inmigrantes no acompañados aseguran haber sido víctimas de abusos en los centros de acogida y tras remitir estas actuaciones al juzgado.

Hay que tener en cuenta, que el Ministerio Público ceutí ha experimentado un importante incremento en el volumen de trabajo, especialmente en el ámbito de la protección de menores, con un aumento de la tramitación de expedientes de determinación de edad y sus correspondientes audiencias a los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Pero también en el ámbito penal, los servicios de guardia han experimentado un incremento de actuaciones.

De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya alertó de la situación de colapso de los juzgados en la ciudad autónoma, provocado, además, por el incremento de presuntos abusos sexuales vinculados a la entrada masiva de inmigrantes en situación irregular. A fecha de hoy, se han abierto más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres inmigrantes en Ceuta y en el 40% de los casos las víctimas han sido menores de edad no acompañadas.

Los fiscales fueron designados por la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, en un decreto firmado el pasado 15 de septiembre y provienen de fiscalías de Andalucía, Cataluña y Canarias. La duración del destacamento es inicialmente hasta el próximo 31 de diciembre y contarán con un complemento de 844,70€ euros brutos mensuales y con una ayuda para su alojamiento en la Ciudad Autónoma. En esa fecha, asegura el Ministerio Público, se valorará si subsisten las circunstancias que justifiquen su prórroga.