Suiza aprobó ayer en referendo y por una abrumadora mayoría el endurecimiento de sus leyes de asilo y extranjería. Un 67,8% de los votantes aceptaron las nuevas y restrictivas condiciones de acceso al derecho de asilo y un 68% aprobaron la nueva ley sobre inmigración. Ninguno de los 26 cantones helvéticos se opuso a la nueva reglamentación.


En todos los casos, la ciudadanía aprobó ambas leyes, aunque el respaldo fue más tímido en los cantones francófonos, frente a un aplastante apoyo a esas iniciativas en la región suiza germanófona.


Así, la Ley sobre el Asilo fue aprobada por un 52% de los votos en Ginebra, 52,9% en Neuchatel y 52,8% en Jura, frente al masivo 77% del cantón de Glaris, el 76% de Argovia y el 73% de Lucerna.


Con respecto a la Ley de Extranjería, la tendencia es similar con un 53% de votantes a favor en Ginebra, 52% de apoyo en el cantón de Neuchatel y 52,7% en Jura, hasta el 72% obtenido en el cantón de Uri o el 76% de Glaris y Argovia.


Dichas leyes, que han provocado una de las mayores polémicas de los últimos años en Suiza, restringen fuertemente las posibilidades de obtener el estatus de refugiado o de establecerse en este país con fines laborales, particularmente en el caso de los inmigrantes de países de fuera de la Unión Europea.


Una de las primeras reacciones fue la del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Christophe Darbellay, quien afirmó que ahora el Gobierno deberá aplicar una política coherente de integración de los inmigrantes para evitar «los guetos a la francesa».


Sobre el asilo, dijo que el resultado del referendo «no debe entenderse como un cheque en blanco para cerrar las puertas» a quienes son víctimas de persecución, pero consideró que será útil para luchar contra los abusos.


Ambas leyes contaban con el respaldo del Gobierno Federal, que las justificó por la necesidad de contar con medidas más rígidas para impedir excesos en materia de asilo, evitar de esa manera tensiones sociales y, al mismo tiempo, brindar protección a las personas realmente en peligro.


El principal promotor de esas normas, el ministro de Justicia y líder del partido de la derecha radical Unión Democrática de Centro (UDC), Christoph Blocher, argumentó durante el debate que «hay muchos extranjeros en el país» y que esas normas servirán para desalentar a potenciales nuevos inmigrantes.